La Justicia le ha dado el día a Isabel Díaz Ayuso. La causa contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, sigue sumando capítulos judiciales. La Abogacía del Estado ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para el comisionista, acusado de haber defraudado más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, coincidiendo con el periodo más crítico de la pandemia del Covid-19.
Según los escritos, González Amador facturó más de dos millones de euros por la venta de mascarillas sanitarias en plena emergencia sanitaria. Para evadir impuestos, habría presuntamente urdido un sistema de facturas falsas, emitidas por tres empresarios que también están imputados. A estos se les reclaman penas de entre uno y dos años de prisión.
El documento presentado por la Abogacía del Estado coincide con la acusación de la Fiscalía e insiste en que el empresario era "plenamente consciente" de que las facturas emitidas no correspondían a servicios reales. La investigación concluye que el acusado organizó un presunto entramado ficticio “con el ánimo de escapar la tributación correspondiente”, utilizando justificantes fraudulentos para reducir su carga fiscal de forma deliberada.
Además de la pena de cárcel, el abogado del Estado reclama que González Amador pague una multa de 448.000 euros por el fraude cometido.
Aunque se trata de la causa principal, la investigación incluye una pieza separada, centrada en la emisión de esas facturas simuladas y en la participación de los tres empresarios colaboradores.
En un primer momento, González Amador intentó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que evitara el juicio, reconociendo los hechos y aceptando las penas. Sin embargo, tras la publicación del caso por elDiario.es y la posterior revelación del escrito de confesión por Cadena SER, el acusado abandonó la vía del pacto.
No obstante, los nuevos escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado mantienen abierta la posibilidad de un acuerdo si González Amador decide retomar la negociación. La estrategia judicial parece ahora centrada en intentar minimizar las consecuencias penales, apelando a la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado habría abonado parte de las cantidades defraudadas.
Aunque el proceso judicial se centra exclusivamente en el ámbito penal y fiscal, el caso ha tenido un fuerte impacto político por la relación directa del acusado con Isabel Díaz Ayuso, la principal rival política de Pedro Sánchez.
Ayuso ha defendido públicamente a su pareja, denunciando una “campaña de acoso” por parte del Gobierno y algunos medios de comunicación. Sin embargo, la causa sigue avanzando y pone en una posición delicada tanto al entorno personal de la presidenta como a su discurso político.
Demanda contra la F1
Por otro lado, la polémica en torno al circuito urbano de Fórmula 1 previsto en Ifema Madrid ha dado hoy un nuevo giro judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña, a través de la asociación Liberum Natura, contra la licencia de construcción concedida por el Ayuntamiento para la primera fase del proyecto. Esta resolución judicial supone un nuevo obstáculo para una iniciativa ya cuestionada desde múltiples frentes sociales y medioambientales.
Según el auto, fechado tras la presentación del recurso el pasado 23 de junio, el Juzgado ha solicitado al Ayuntamiento que remita en un plazo de 20 días el expediente administrativo completo relativo a la licencia. Además, ha requerido que se informe si existen otros recursos contencioso-administrativos vinculados al mismo acto administrativo.
Esta acción judicial se suma a otro recurso ya admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en mayo, contra el Plan Especial que reordena urbanísticamente el recinto ferial de Ifema, imprescindible para hacer viable el circuito.
La Plataforma Ecologista Madrileña sostiene que la tramitación del circuito se ha llevado a cabo de forma “compleja, fragmentada y poco transparente”. Según denuncian, se han desarrollado en paralelo dos procedimientos urbanísticos distintos: uno para reordenar las parcelas del recinto ferial y otro para tramitar el proyecto del circuito en sí.
Estas modificaciones han supuesto cambios estructurales en las condiciones urbanísticas del entorno: autorización de uso deportivo, ampliación de edificabilidad, eliminación de arbolado y ampliación de pabellones, entre otros. En conjunto, el trazado atravesaría distintos ámbitos normativos (la parcela sur y norte de Ifema, así como la via pública) lo que, según los ecologistas, constituye un "escenario legal de difícil encaje".
El coste total estimado del circuito asciende a casi 190 millones de euros: 142 millones para las obras del trazado y 47 millones adicionales para el desarrollo del Plan Especial urbanístico.
Una de las principales críticas de las organizaciones ecologistas es el tipo de licencia concedida por el Ayuntamiento: una autorización temporal de actividad, similar a la que se otorga para estructuras efímeras como carpas de fiestas. Esta licencia cubre los primeros trabajos de construcción sobre parcelas públicas y privadas, así como las obras de urbanización necesarias.
El carácter temporal del circuito (con un periodo de uso limitado a diez años) no tranquiliza a los opositores del proyecto. Denuncian que no existe una evaluación integral del impacto ambiental ni garantías de que el desmantelamiento final se lleve a cabo de forma efectiva. “Este tipo de licencias fragmentadas permiten avanzar en el proyecto sin contar con un análisis completo de sus consecuencias urbanísticas y ecológicas”, advierten.
El recurso ha sido promovido por varias asociaciones integradas en la Plataforma Stop F1 Madrid, entre ellas ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura. Todas ellas coinciden en señalar que la ejecución del proyecto evidencia “una grave falta de rigor urbanístico y ambiental” y han anunciado que agotarán todas las vías legales para paralizar lo que consideran “una amenaza ecológica, urbanística y social”.
Mientras continúan los procesos judiciales, el calendario oficial prevé que el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid se celebre por primera vez el 26 de septiembre de 2026. Sin embargo, la licencia definitiva para la celebración del evento aún no ha sido concedida, y las crecientes objeciones legales podrían condicionar tanto los plazos como la viabilidad del proyecto.
Madrid se enfrenta así a una carrera contra el reloj en medio de una batalla legal creciente, con el telón de fondo de una ciudadanía cada vez más dividida entre la ilusión por el espectáculo automovilístico y la preocupación por el modelo de ciudad que este tipo de proyectos representa.