Saldremos mejores de la pandemia, nos dijeron en lo peor de la crisis del coronavirus. Sin embargo, hoy sabemos que no fue así, y que lo que realmente ocurrió fue que algunos salieron mucho más ricos. En las últimas semanas, han estallado diversos escándalos relacionados con la compraventa de material sanitario. Tramas y redes organizadas cuyos miembros, hombres y mujeres desalmados y sin escrúpulos, estuvieron llenándose los bolsillos, lucrándose a manos llenas, mientras sus parientes, amigos, vecinos y compatriotas enfermaban y morían en los hospitales. Empresarios, comisionistas, funcionarios y políticos en connivencia y complicidad con un solo y único objetivo: amasar grandes fortunas en tiempos de crisis, emporios fundados con dinero negro, empresas tapadera, contratos irregulares, facturas falsas y paraísos fiscales en el extranjero. ¿Son los casos detectados hasta el momento la punta del iceberg? ¿Cuántas tramas se han organizado entre el 14 de marzo de 2020 (aquella fatídica fecha en la que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma) y nuestros días? Estamos, sin duda, no solo ante uno de los asuntos de corrupción más escandalosos de nuestra joven democracia, sino también ante uno de los más nauseabundos, ya que los beneficiados por los diferentes pelotazos sanitarios se han enriquecido de la forma más rastrera: con la enfermedad y el dolor humano.
Dice el viejo dicho castellano que a río revuelto ganancia de pescadores, o lo que es lo mismo, aquella máxima del capitalismo que asegura que las grandes fortunas, a lo largo de la historia, siempre se han levantado en tiempos de crisis, guerras, hambrunas y cataclismos de todo tipo como las pandemias. Con el gigantesco “caso mascarillas” no estamos ante un asunto protagonizado por cuatro aprovechados, oportunistas o listillos salidos de la tradicional picaresca española (ese mal que se remonta al Siglo de Oro y probablemente mucho más allá en el tiempo), sino ante los nuevos bandoleros del siglo XXI, los enmascarados echados al monte de la globalización y el crimen organizado. Delincuentes profesionales con buenos contactos al más alto nivel político en los dos grandes gigantes del bipartidismo (PSOE y PP). Una mafia.
Con el asqueroso asunto de las mascarillas, en todas sus versiones y ramificaciones –las que ya han salido a la luz pública tras las recientes investigaciones policiales y periodísticas, las que saldrán en las próximas semanas y las que probablemente nunca llegaremos a conocer–, nuestro país ha tocado fondo en nivel de degradación institucional y moral. Creíamos que con la corrupción felipista de los noventa, y con la aznarista de la burbuja inmobiliaria en el nuevo milenio, ya lo habíamos visto todo. Pero nos quedaba esto, la gran ceremonia de la codicia con falta absoluta de pudor y de los más elementales sentimientos humanos. Gente forrándose sin escrúpulos con el sufrimiento y la muerte de sus paisanos. Gente vendiendo mascarillas contra el virus que, o bien no servían para prevenir los contagios porque no cumplían con unos mínimos estándares de calidad sanitaria, o bien se ponían en el mercado a un coste hasta diez veces superior al original, consumándose la estafa y la especulación más zafia, ruin y descarnada. Ahora empezamos a saber que detrás de la pandemia de covid 19 (el virus chino responsable de la muerte de más de cien mil personas en España, en su mayoría ancianos), se escondía otra plaga tan letal o más para una sociedad que se dice democrática: una epidemia de fiebre negra por el dinero que ha arrastrado a muchos presuntos autodenominados emprendedores (en realidad golfos con padrino) a hacer el agosto y el negocio fácil hasta estrellarse por la senda de la ambición.
Desde que comenzaron a aflorar las diferentes tramas y subtramas, PP y PSOE no han hecho otra cosa que arrojarse los platos a la cabeza, cruzándose acusaciones mutuas de graves corruptelas. Populares y socialistas han vuelto a caer en ese vicio secular tan característico de la política nacional, el “y tú más”, la táctica del ventilador apuntando al otro para que también le llegue el detritus. Un craso error, ya que lo que está exigiendo la ciudadanía española de hoy es luz y taquígrafos, abrir las ventanas y limpiar las alfombras del poder. En definitiva, que se aclare de una vez por todas cada capítulo relacionado con este turbio episodio de nuestra historia. En ese sentido, produce estupor que mientras el PSOE se muestra dispuesto a abrir una comisión de investigación parlamentaria para llegar hasta el fondo de la verdad y depurar responsabilidades caiga quien caiga, el partido de Alberto Núñez Feijóo se niega a aceptarla y a tomar parte en ella. De esta manera, y aunque ya tenemos datos suficientes para concluir que el repugnante fraude de las mascarillas ha carcomido a Ferraz tanto como a Génova 13, vuelve a demostrarse que en este país hay dos formas muy diferentes de enfrentarse al mal: unos que están dispuestos a atajar, corregir y castigar los comportamientos delictivos y moralmente reprobables y otros a los que, por lo visto, no les interesa sanear nada, quizá porque consideran que la corrupción es consustancial al sistema capitalista, es decir, al mercado salvaje desrregularizado y sin control como motor que mueve el mundo. Es evidente que esa comisión parlamentaria, tanto o más que los procesos judiciales abiertos contra las diferentes tramas, se antoja vital para extirpar el cáncer que enferma nuestra democracia. Pero, una vez más, comprobamos que unos la promueven mientras otros (esa derecha inmovilista formada por élites privilegiadas que aún no ha limpiado sus cloacas ni ha pedido perdón por casos sangrantes como Gürtel, Lezo o Púnica) la torpedean con descaro.
Todo este esperpento político desatado a cuenta de las diversas ramificaciones del “caso mascarillas”, todo este intento por rentabilizar electoralmente la corrupción, afeando los trapos sucios del adversario (y tapando los propios), está causando un daño irreversible a nuestras instituciones, y de paso a la imagen de la Marca España en el extranjero, que sale seriamente tocada, incluso con riesgo real de que la Unión Europea termine retirando a nuestro país el maná de las ayudas a la recuperación pospandemia –los famosos fondos Next Generation–, por su tolerancia y falta de contundencia contra la corrupción. Pero entremos a analizar, uno a uno, los asuntos que, de momento, ya han estallado en los tribunales y en los medios de comunicación. Anticipos de otros que aún no han trascendido a la opinión pública y que, con toda probabilidad y más pronto que tarde, aflorarán para vergüenza de este país de corredores, aprovechados, oportunistas y expertos en el pelotazo y el estraperlo.
Medina y Luceño, la crème de la crème del timo sanitario
Hasta hace bien poco, Luis Medina, hijo del duque de Feria y de la modelo Naty Abascal, era más conocido en los ambientes aristocráticos que entre el gran público. Pero un negocio suculento en plena pandemia iba a lanzarlo al estrellato. Modelo y grande de España, a Medina el trabajo en la pasarela debió parecerle un camino al éxito y la riqueza demasiado lento y trabajoso, así que decidió tomar un atajo mucho más corto y rápido para hacerse rico, concretamente el que ofrecía el suculento negocio de las mascarillas.
No le bastaba al heredero del ducado de Feria con aspirar a una de las herencias patrimoniales más importantes del país. Quería dinero cash, como dicen los cayetanos de los barrios pudientes, y lo quería ya. Tras asociarse con Alberto Luceño, su socio y compañero de correrías, la gallina de los huevos de oro empezó a dar pingües beneficios. Hasta que en abril de 2022 la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer una investigación contra ambos personajes por el cobro de jugosas comisiones (hasta 6 millones de euros) en la venta, al Ayuntamiento de Madrid, de cientos de miles de mascarillas FFP2, así como 250.000 test de anticuerpos para la detección del covid. Medina y Luceño habían dado el pelotazo de sus vidas, pero a costa de meterse en un buen lío con la Justicia. Falsedad documental, estafa, desfalcos varios... Dos años antes de entrar de oficio la Fiscalía, en plena primera ola de la pandemia y cuando los ancianos morían por cientos en los geriátricos del horror de Isabel Díaz Ayuso, el consistorio de Villa y Corte abonó 11 millones de euros por la compra del material sanitario a una empresa de Malasia (Leno) presuntamente contactada por Medina y Luceño. El asunto era demasiado gordo como para que pasara desapercibido a los inspectores de la Agencia Tributaria, a los fiscales, a la Policía, a los jueces y a la prensa. Y, tal como era de esperar, acabó estallando.
A finales de 2023, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Plaza Castilla, Adolfo Carretero, abrió juicio oral contra el dúo dinámico del chollo asiático y de paso les obligó a depositar una fianza de 7,8 millones en el plazo ineludible de 24 horas. Sin duda, el instructor había detectado, cuando menos, indicios de presunta estafa al Ayuntamiento madrileño. En su auto, el magistrado pidió penas de prisión de entre 9 y 11 años para los procesados y reclamó una indemnización conjunta y solidaria para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, entidad que formalizó la compra del material sanitario. Luis Medina se habría embolsado, presuntamente, un millón de euros por ejercer de comisionista con un alto cargo del consistorio, mientras que su socio y amigo Luceño habría obtenido la friolera de 5 millones tras inflar el precio de mascarillas, guantes y test de anticuerpos en hasta un 426 por ciento, siempre según el relato de la Fiscalía.
Tal como relata la querella de Anticorrupción, la mayoría de los test recibidos no eran aceptables y los guantes eran de una calidad inferior a la establecida por normativa (entre otras cosas, solo llegaban hasta la muñeca). El relato de hechos del Ministerio Público revela que Medina y Luceño, “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”. Lógicamente, el escándalo salpicó al consistorio municipal, responsable último de la operación, y a su alcalde, el popular José Luis Martínez-Almeida, que durante todo este tiempo ha tratado de presentarse como una víctima de la estafa más que como un gestor responsable de la incompetencia y de que se haya dilapidado el dinero público en contratos con la red corrupta. En las últimas semanas, el primer edil se ha dedicado a lanzar acusaciones, exabruptos e improperios de toda clase contra aquellas instituciones gobernadas por el PSOE que han quedado manchadas por casos similares, pero hasta la fecha no ha asumido responsabilidad alguna y siempre ha negado cualquier trato de favor a los intermediarios especuladores. Es más, a día de hoy, el primer edil sigue oponiéndose a una comisión de investigación para aclarar cómo se otorgaron las concesiones oficiales. Una posición que contrasta con las acusaciones de la Fiscalía, para quien Luis Medina aprovechó su condición de “personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid” –en concreto Carlos Martínez-Almeida, abogado y primo del edil– para obtener “un exagerado e injustificado” beneficio económico. “Han fallado los controles y eso nos tiene que llevar a una reflexión. Pedimos y exigimos una auditoría externa sobre los contratos de emergencia para que sea un tercero el que los audite. Hemos pagado más”, reconoció en su día la vicealcaldesa, Begoña Villacís, líder de Ciudadanos Madrid, socio de Almeida en el gobierno municipal y nada sospechosa de peligrosa roja comunista.
Finalmente, la Fiscalía ha dejado fuera de la causa al primo del alcalde al considerar que su participación en los hechos fue irrelevante. A día de hoy, el conseguidor Medina sigue creyendo que no hicieron nada malo ni cometieron delito alguno. “Entiendo que a mucha gente quizá no le parezca bien, pero es el ocho por ciento del contrato. Es una comisión normal de intermediación, que se cobra muchas veces. Por supuesto, no es ilegal”, ha asegurado. Martínez-Almeida, por su parte, sigue negando la mayor, o sea el tráfico influencias. Sin embargo, medios de comunicación como El Confidencial han informado de que “constan dos correos electrónicos de Luis Medina a fecha de 18 y 19 de marzo de 2020 [en lo peor de la pandemia] dirigidos al Ayuntamiento de la capital”. En total, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios-Cementerios de Madrid, organismo comprador, y la compañía de Malasia que actuó como vendedora. El primero consistía en la adquisición de un millón de mascarillas FFP2 y KN95 por importe de 6,2 millones de euros; el segundo se elevaba a 4,6 millones de guantes de nitrilo por valor de 5 millones; y, por último, el tercero ascendía a 250.000 test rápidos de autodiagnóstico covid 19, con un coste de 3,9 millones. Un auténtico chollo para los comisionistas si tenemos en cuenta que el material no ofrecía las debidas garantías ni un nivel mínimo de calidad.
El misterioso asiático
Presuntamente, los implicados lavaron el dinero de las comisiones en B en la compra de ingentes artículos de lujo como pisos, coches deportivos, relojes y estancias en hoteles de lujo por más de 6.000 euros la noche. Medina incluso llegó a adquirir un yate valorado en 325.515 euros. Pero más allá del alto tren de vida de los dos intermediarios, aún quedan muchas incógnitas por resolver en este escabroso asunto, como la participaron del misterioso empresario malasio San Chin Choon, el supuesto comercial asiático de nombre algo guasón que distribuyó la mercancía y de cuya existencia se negó a dudar durante largo tiempo ante la sospecha de que pudiera tratarse de una invención de los integrantes de la trama. Hasta donde se sabe, el enigmático personaje cuenta con dos nombres distintos y con un título honorífico que utiliza para hacer negocios en España y Estados Unidos. “Si Malasia opta por abrir el caso, San Chin Choon podría ser condenado a la flagelación”, ironizaba la prensa madrileña sobre el futuro del ciudadano malasio. En cualquier caso, un correctivo mucho más duro, el de los latigazos, que el aplicado por la Justicia española a quienes se lucran con el dolor y el sufrimiento ajeno.
Todo apunta a que el caso de Medina y Luceño será enjuiciado en los tribunales, donde quedará probado si los acusados dieron el golpe de sus vidas en el momento más dramático para el país. Pero mientras se depuran responsabilidades penales, algún que otro político local madrileño (y también algún que otro funcionario) debería presentar su dimisión por la nefasta gestión que no solo ha puesto en peligro la salud pública, sino que ha despilfarrado millones de euros de las arcas públicas en comisiones astronómicas para enriquecimiento de algunos. Por desgracia, eso no ha ocurrido ni, previsiblemente, ocurrirá nunca. España es ese país donde los políticos jamás dimiten por las trapacerías y negligencias cometidas durante su mandato. Lejos de arrojar la toalla, Almeida ha sacado pecho de una gestión que él considera brillante pero que ha resultado nefasta para los madrileños mientras se permite el lujo de dar lecciones de moralidad a otros. Una vez más, en el PP ha funcionado el doble rasero, la doble moral y el cinismo más absoluto. Finalmente, y casi con toda seguridad, el controvertido alcalde saldrá ileso de este trance que despide un hedor fétido a la peor de las corrupciones. Pero mientras él se escabullía de las comisiones de investigación y de los sumarios judiciales, en el PSOE se cocinaba un escándalo de proporciones gigantescas que iba a darle munición al Partido Popular en su permanente intento de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez.