En Europa, el fantasma del servicio militar obligatorio vuelve a recorrer pasillos ministeriales. Alemania acaba de aprobar un proyecto de ley para instaurar un servicio militar voluntario, convertible en obligatorio con autorización parlamentaria, como fórmula para reforzar sus reservas de soldados. Países bálticos y escandinavos han dado pasos similares desde la invasión rusa de Ucrania. Pero en España, el Gobierno insiste: la mili no volverá.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha repetido en varias ocasiones que ni el Ejecutivo ni los principales partidos contemplan restaurar el servicio militar obligatorio, abolido en 2001 por José María Aznar. A diferencia de Alemania, que lleva más de una década con unas fuerzas armadas en retroceso y busca ahora fórmulas de emergencia para revitalizarlas, España presume de estabilidad: casi 150.000 efectivos en activo y unos 3.000 reservistas voluntarios que podrían ser llamados en caso de necesidad.
Modelo profesional
España fue de los últimos países de Europa occidental en poner fin al servicio militar. Su abolición respondió más a razones políticas y sociales que a criterios estratégicos: la mili era percibida como un lastre desigual, cargado de excepciones y privilegios, que muchos jóvenes sorteaban gracias a prórrogas o destinos administrativos. En el cambio de siglo, con la ilusión de una Europa pacífica y con un marco de seguridad garantizado por la OTAN, la apuesta por un ejército plenamente profesional parecía incuestionable.
Ese modelo es el que sigue vigente. El Ministerio de Defensa prevé reforzarlo con un plan de aumento de plantilla: 14.000 efectivos más en diez años, en paralelo al compromiso de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB en 2029. En Madrid se da por hecho que con un cuerpo profesional, apoyado por un núcleo reducido de reservistas, se puede garantizar la defensa nacional y cumplir con los compromisos internacionales.
Excepción española
La invasión rusa de Ucrania ha alterado las percepciones de seguridad en casi toda Europa. Letonia, Lituania, Suecia y ahora Alemania han girado hacia la reintroducción —parcial o total— de la mili, conscientes de que los conflictos prolongados pueden desbordar ejércitos profesionales reducidos. En ese mapa, España aparece como una excepción: una potencia media que no siente la amenaza rusa como inmediata, y que mantiene su seguridad anclada en la profesionalización militar y en la disuasión colectiva de la OTAN.
El cálculo político también pesa. En la sociedad española, el recuerdo de la mili está asociado a desigualdad, castigo y pérdida de tiempo. Cualquier intento de reintroducirla chocaría con una resistencia social considerable. El desgaste que ello supondría para cualquier gobierno supera con creces el beneficio militar hipotético.
El debate, sin embargo, no es ajeno a los despachos españoles. Los analistas de seguridad advierten que la profesionalización tiene límites: es más cara, depende de la capacidad de reclutamiento en un mercado laboral cada vez más competitivo, y ofrece menos flexibilidad en caso de conflicto prolongado. Un ejército profesional de 150.000 efectivos resulta solvente en operaciones de despliegue internacional y en defensa nacional rutinaria, pero sería insuficiente en un escenario bélico a gran escala.
Ahí es donde España confía en la disuasión colectiva: la idea de que un ataque contra un Estado miembro de la OTAN movilizaría automáticamente al resto. El problema, como recuerdan los estrategas en Bruselas, es que esa garantía descansa en la voluntad política de Estados Unidos. Y en un mundo donde Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, esa voluntad es menos segura de lo que solía ser.
Mili para otros
España seguirá apostando por un ejército profesional y descarta la reinstauracio´n de la mili. Mientras tanto, Berlín, Vilna y Riga asumen que el viejo principio del “deber ciudadano” puede volver a ser necesario en un continente que ya no confía en la paz perpetua. España mira desde la barrera, convencida de que su modelo sigue siendo suficiente. Pero en Europa, donde las certezas militares duran lo que dura la siguiente crisis, esa convicción podría ponerse a prueba más pronto de lo que el Gobierno de Madrid admite en público.