El grupo parlamentario de Vox llevará la próxima semana al Congreso de los Diputados una moción que busca endurecer de manera drástica la política migratoria española. La iniciativa, consecuencia de la interpelación urgente que la diputada Rocío de Meer dirigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, plantea un paquete de medidas que incluye la expulsión inmediata de migrantes en situación irregular, la repatriación de menores no acompañados y la confiscación de los barcos de rescate de la ONG Open Arms.
En el texto de la moción Vox sostiene que España “está siendo víctima de una invasión inmigratoria” y acusa al Gobierno de fomentar el “efecto llamada” con políticas de “fronteras abiertas y connivencia con la inmigración ilegal”. Bajo esta premisa, exige la expulsión “con carácter urgente” de todas las personas que han llegado de manera irregular al país.
La formación que lidera Santiago Abascal también reclama la repatriación de los menores extranjeros no acompañados (menas) a sus países de origen y a sus familias, una medida que choca con la legislación española y europea vigente en materia de protección de la infancia y derechos humanos.
Otro de los puntos más controvertidos es la petición de incautar los barcos de Open Arms, a los que Vox acusa de “implicación en el tráfico ilegal de personas”. Además, la moción incluye la retirada de ayudas o subvenciones a entidades que colaboren, directa o indirectamente, con la inmigración irregular.
El partido de extrema derecha plantea, asimismo, reforzar los controles migratorios en todas las fronteras del país, dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y facilitar la implicación de las Fuerzas Armadas en tareas de control. También exige identificar y bloquear las rutas de tránsito de la inmigración irregular.
En paralelo, Vox apuesta por intensificar los acuerdos bilaterales con países de origen, en especial de África, para garantizar “el retorno inmediato” de todos los migrantes, incluidos los menores de edad.
La moción incluye además un paquete de reformas legislativas: desde la modificación de la Ley de Extranjería y su reglamento para “endurecer la legislación” y evitar nuevas regularizaciones, hasta cambios en la Ley de Asilo para frenar lo que considera un “fraude de ley” en las solicitudes de protección internacional.
De forma paralela, el Congreso votará la toma en consideración de otra propuesta de Vox: limitar las vías de regularización a través del arraigo, mecanismo que permite acceder a la residencia temporal tras acreditar un periodo de permanencia y vínculos en España. Según la formación, la normativa actual es “muy laxa” y funciona como un “incentivo perverso” que alimenta el “efecto llamada”.
Aunque Vox aprovechará la votación para fijar posición y reforzar su discurso en materia migratoria, la moción tiene escasas posibilidades de prosperar en la Cámara Baja, donde el partido de Abascal carece de apoyos suficientes. El debate, sin embargo, reavivará una de las cuestiones más sensibles del panorama político español: la gestión de la inmigración y el papel de las ONG en el Mediterráneo.