El decidido impulso de Vox para potenciar la visibilidad de la denominada violencia intrafamiliar en detrimento de la violencia machista o contra la mujer está teniendo un amplio seguimiento en cadena en aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos donde Partido Popular y la ultraderecha está llegando a acuerdos o pactos de gobierno. Andalucía fue la primera comunidad donde Vox llegó a ostentar cuotas de poder tras las elecciones autonómicas de 2018 y así se vio reflejado en 2020 con la puesta en funcionamiento del Teléfono de Violencia Intrafamiliar.
La entonces consejera de Igualdad del primer ejecutivo de Moreno Bonilla, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, argumentó su utilidad así: “Una iniciativa destinada a servir a padres, madres, hijos e hijas como vía para encontrar apoyo, comprensión y acompañamiento en momentos difíciles. Este teléfono busca superar esa estigmatización que, en no pocas ocasiones, hace que las familias que viven esta violencia en su seno permanezcan en silencio”. Las fuerzas progresistas y el movimiento feminista en general entendieron que se trataba sin duda de un ejercicio claro de blanqueamiento y negacionismo sobre la violencia machista, una realidad estructural de la sociedad actual que apabulla por sus datos estadísticos anuales, a una distancia sideral de la realidad que muestra la denominada violencia intrafamiliar con la que la ultraderecha intenta camuflar la predominante violencia sobre las mujeres.
Pese a todo, el Gobierno monocolor de Moreno Bonilla, con una mayoría aplastante obtenida hace ahora un año este 19 de junio, mantiene este servicio de teleasistencia impuesto anteriormente por Vox y destinado a la “violencia intrafamiliar” pese a los irrisorios datos que registra, cuyas llamadas son derivadas en su amplia mayoría a otros servicios ya en funcionamiento con anterioridad. Así, El 81,50% de las llamadas que recibió desde su inicio, en noviembre de 2020, hasta diciembre de 2021 se derivó a otros servicios telefónicos ya existentes, entre ellos el de atención a la mujer.
“Hay que combatir todas las violencias” es el mantra habitual de la actual consejera de Inclusión Social
La Junta de Andalucía define la violencia intrafamiliar o doméstica como aquella “ejercida en el ámbito doméstico por parte de una de las personas integrantes contra otra, contra algunas de las demás o contra todas ellas. Así, el concepto incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato y abuso infantil, violencia filio-parental y maltrato a mayores”. De este modo, la Administración andaluza mete en un mismo saco y al mismo nivel todo tipo de violencias en el seno doméstico, en igualdad de condiciones, sin atender la realidad recogida en el Convenio de Estambul sobre violencia machista, que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada, realidades incuestionables todas ellas que las estadísticas evidencia que se dan de forma sideralmente desigual de la mujer hacia el hombre.
Servicio intrascendente
El número telefónico 900 300 003, destinado por el Gobierno de Moreno Bonilla a atender la violencia intrafamiliar, registra desde octubre de 2020 un balance testimonial en llamadas diarias si se compara con la actividad del teléfono de atención a la mujer (900 200 999), donde las reclamaciones de auxilio se multiplican de forma exponencial. Así, por cada dos llamadas diarias que recibe de media el teléfono impuesto por Vox y mantenido ahora por el ejecutivo monocolor de Moreno Bonilla con un presupuesto anual de 67.000 euros, el teléfono 016 contra la violencia machista registra una media de casi 250 llamadas pertinentes cada día.
La intrascendencia de facto de este teléfono que en su día impuso Vox en Andalucía al gobierno de coalición de PP y Ciudadanos se mantiene pese a todo en el ejecutivo monocolor actual de Moreno Bonilla, en un claro mensaje que busca equiparar todas las violencias en un mismo escalafón y tratamiento, como ha apuntado reiteradamente la actual consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles Lopez. “Hay que combatir todas las violencias”, es su mantra habitual.