Mientras se habla de Koldo García, de la amnistía y de ETA, que parece más viva que nunca, el Partido Popular vuelve a la carga con su política de privatización de la Sanidad pública española. Varias son las señales de alarma que han saltado en los últimos tiempos en comunidades autónomas donde gobiernan los populares con la extrema derecha de Vox. En Madrid, Ayuso ya ha anunciado que en 2024 invertirá más dinero a conciertos con la sanidad privada que a Atención Primaria, según informa Infolibre. Los presupuestos madrileños dedican a la Primaria, descontando el gasto en recetas, 1.185 millones (un 11,7% del presupuesto sanitario); los conciertos recibirán 1.209 millones (un 12%). “Hay una apuesta muy contundente por la privatización”, aseguró en su día Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública
A su vez, en Castilla y León, el Grupo Socialista en las Cortes regionales ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para que dé explicaciones de la “privatización” del servicio de traumatología y oftalmología en la Comunidad, así como de la decisión de “desdoblar” la unidad de trasplantes cardíacos de Valladolid, informa Eldiario.es.
En una rueda de prensa, el líder autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, ha criticado la “política de privatización progresiva” de la sanidad impulsada por la Junta, con un contrato de 32 millones de euros para el servicio de traumatología con el fin de reducir las listas de espera como último ejemplo, según un teletipo de Efe. Tal ha explicado Tudanca, la privatización de este servicio se fundamenta en que la Junta “no ha buscado” los medios suficientes para poner remedio a las listas de espera en la Comunidad, ya que, mientras que otras autonomías, como Castilla-La Mancha o Andalucía, han aumentado en más del 20 por ciento sus plantillas desde la pandemia, Castilla y León se encuentra “a la cola” en este sentido. “Es el truco más viejo del mundo: aminorar los recursos públicos de forma progresiva y deteriorar la sanidad pública para hacer que cada vez funcione peor para luego privatizar los servicios”, asegura el protavoz el socialista.
Castilla y León no es la única región que sufre las ansias privatizadoras de la derecha española. Así, el Sindicato de Enfermería SATSE en Andalucía ha mostrado sus reticencias sobre el plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública andaluza por el que se destinará 734 millones de euros para concertar pruebas y operaciones con la Sanidad privada. Para el Sindicato de Enfermería “la solución al problema existente con las listas de espera no debe pasar por incrementar los conciertos con la sanidad privada, sino en destinar todos los recursos en poner a pleno rendimiento la sanidad pública”. En este sentido, el Sindicato de Enfermería subraya que “la experiencia previa con los planes de choque en la Sanidad Pública andaluza no ha sido positiva, pues ya se pusieron en marcha iniciativas similares en Andalucía durante el gobierno del partido socialista y de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos sin que se obtuvieran los resultados esperados, pues las listas de espera han seguido incrementándose exponencialmente”. A juicio de Satse, “la solución al problema existente no debe pasar por incrementar los conciertos con la sanidad privada, sino en poner a pleno rendimiento la sanidad pública en su actividad quirúrgica, así como en las consultas externas y pruebas diagnósticas, propiciando una mayor eficiencia y capacidad resolutiva en los hospitales y centros de salud con los medios y recursos que resulten necesarios”.
Galicia es otra comunidad que sufre los rigores de la venta por parcelas de nuestra Sanidad. Según el diario Público, la plataforma SOS Sanidade Pública ha difundido gratuitamente el documental DEP, una crónica de la destrucción planificada de la sanidad pública en Galicia durante los quince años de mandatos del PP en la Xunta. El documental, de 70 minutos, y “cuya narrativa casi obliga a verlo de un tirón, se empezó a realizar meses antes de que Alfonso Rueda anunciara el adelanto electoral, y su estreno, hace dos semanas, estaba previsto para acompañar la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado 4 de febrero, que a su vez también había sido convocada antes de que el candidato popular señalara el 18F como el día para intentar revalidar su mayoría absoluta”, asegura el diario digital.
Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana Vox presiona al PP para retomar las privatizaciones sanitarias en aquella región. Tal como informa Eldiario.es, “el partido de extrema derecha ha registrado mociones en municipios de la Vega Baja (Alicante) como Torrevieja, Pilar de la Horadada y San Miguel de las Salinas en las que reclama a la Generalitat Valenciana iniciar el concurso público para la gestión del Hospital de Torrevieja, revertido hace dos años por el Ejecutivo autonómico del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem)”. La extrema derecha exige en estos ayuntamientos, cuyos municipios pertenecen al área de salud a los que da cobertura este departamento, que el procedimiento administrativo se haga por la vía de urgencia y que gestione la sanidad quien pueda hacerlo a un menor coste posible, pese a los informes de la Conselleria de Sanidad que cuestionan las privatizaciones por su coste.
Además, según informa El Confidencial, se ha dado un nuevo giro en la política sanitaria en la Comunidad Valenciana. “El nuevo Consell presidido por Carlos Mazón, si se cumplen las previsiones de un acuerdo de investidura con Vox, meterá en el congelador la reversión a la gestión pública de las áreas sanitarias y hospitalarias en manos de compañías privadas”. El Botànic presidido por el socialista Ximo Puig había iniciado el procedimiento administrativo para recuperar el control sobre el hospital de Manises (Sanitas), cuya concesión finaliza el 30 de abril de 2024, y tenía previsto hacer lo mismo en la nueva legislatura con las de Dénia y Elche-Vinalopó (Ribera Salud).