La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja un escrito complementario, al que Diario16+ ha tenido acceso. En él, Sergio Álvarez Hombría, secretario de Formación de la organizacion sindical, aporta un exhaustivo estudio técnico para reforzar la investigación sobre la gestión de la DANA que el pasado otoño afectó con dureza a varios municipios valencianos.
Este informe documenta con detalle las deficiencias en la aplicación del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones y del Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Señala especialmente la ausencia de las rondas informativas obligatorias y la no constitución de los CECOPAL (Centros de Coordinación Operativa Municipal), mecanismos clave para afrontar episodios de riesgo hidrológico.
Junto a este análisis, FETAP-CGT ha entregado al Juzgado el “Informe n.º 7 sobre el episodio DANA en la Comunitat Valenciana” (31/10/2024), las presentaciones del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez Torres, y un oficio de la Agencia de Seguridad y Emergencias fechado el 28 de febrero de 2025.
El estudio técnico subraya que la situación de alerta en la Ribera Alta era clara desde las 7:45 h del 29 de octubre, y que la inacción en la puesta en marcha de los planes (PAM, PTE y PMA) no solo quebrantó los protocolos, sino que puso en peligro a la población y al personal de emergencias.
Por ello, FETAP-CGT ha solicitado al Juzgado que requiera al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat sus protocolos internos de activación, el registro completo de las rondas informativas realizadas y sus destinatarios, además de cualquier petición que se hiciera a AEMET para ajustar sus predicciones en tiempo real en las zonas afectadas.
Según ha declarado el letrado de la acusación popular, Joan Comorera Estarellas, “la gestión de una emergencia no se improvisa. Queremos conocer qué medidas se tomaron, cuándo y por qué no se activaron todos los mecanismos previstos. Hay responsabilidades institucionales que deben aclararse más allá de las explicaciones políticas”.