La Policía Nacional ha reforzado desde principios de junio la investigación sobre una nueva filtración masiva de datos personales que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a altos cargos de la administración central y autonómica. El caso recae en la Comisaría General de Información, donde los agentes estudian un dossier de más de 500 páginas que incluye el DNI, la fecha de nacimiento y la dirección particular de Sánchez, así como datos similares de varios ministros y de presidentes autonómicos, entre ellos Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), María Guardiola (Extremadura) y Ada Colau (Cataluña) .
El material fue detectado por primera vez en la “dark web” y poco después apareció replicado en varios canales de Telegram, entre ellos uno vinculado al perfil “Alvise Pérez Chat”, aunque los administradores eliminaron rápidamente la publicación. Según fuentes policiales, el hallazgo de esta segunda oleada estaría relacionado con el mismo hacker que ya había sido identificado tras la primera filtración del 19 de junio, lo que sugiere la existencia de una acción coordinada para comprometer la privacidad de figuras institucionales .
El 20 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge acordó abrir diligencias bajo secreto de sumario para determinar la autoría y el alcance de la primera filtración; ahora, con la documentación adicional aparecida, el procedimiento judicial se amplía para esclarecer si ambos episodios forman parte de una única ofensiva cibernética. La investigación incluye la colaboración con agencias internacionales y con proveedores de plataformas digitales, dado que la difusión se produjo en espacios de la red de difícil trazabilidad .
Esta nueva filtración pone al descubierto las lagunas en los protocolos de protección de la información de altos cargos y plantea un desafío para la seguridad institucional. Los partidos de la oposición han exigido ya comparecencias en el Congreso para exigir responsabilidades políticas y técnicas, al tiempo que el Gobierno ha anunciado planes para reforzar sus sistemas de ciberdefensa y blindar los datos sensibles de sus dirigentes.