La situación de Carles Puigdemont, quien se está postulando actualmente para volver a ser investido president de la Generalitat, no se ha aclarado ni siquiera con la aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía. El escenario legal al que se enfrenta el político catalán, un prófugo de la justicia, continúa como estaba y su regreso triunfal por la Diagonal sigue igual de lejano que en las elecciones generales del 23J.
Los fiscales del Procés han sido muy contundentes a la hora de oponerse frontalmente a que Puigdemont pueda ser amnistiado por los delitos de malversación de los que está acusado. Los fiscales, los mismos que no aplicaron determinados delitos en sus acusaciones a los dirigentes independentistas catalanes, indican que hubo ánimo de lucro y que dicha malversación tuvo un impacto directo en los intereses financieros de la Unión Europea.
"Estamos ante actos de malversación de fondos públicos a los que no es de aplicación la ley de amnistía […] conforme al derecho comunitario la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea," indican en un informe remitido al fiscal general del Estado.
En el texto de la Ley Sánchez de Amnistía están excluidos los actos constitutivos de malversación cuando existió un propósito de enriquecimiento. Los fiscales señalan que con el dinero "sustraído de las arcas públicas se pagaron servicios y contratos públicos que daban cobertura, respaldo y solvencia a un proyecto político exclusivo de los autores beneficiados."
El propio Tribunal Supremo indicó, tras la revisión de la sentencia del Procés posterior a la reforma del delito de malversación en el Código Penal, que no se podía entender que la actuación de los condenados obviara el ánimo de lucro.