La Agencia Tributaria cerró el año 2024 con un dato sorprendente: el volumen de la deuda tributaria atribuible a grandes morosos alcanzó un nuevo máximo histórico, pese a que el número de contribuyentes con adeudos superiores a 600.000 euros descendió ligeramente. En total, la “lista negra” incluye a 5.997 deudores que acumulan 16.138 millones de euros pendientes, un 5,9 % más que en 2023. Depurando duplicidades —por ejemplo, responsables solidarios vinculados a un mismo deudor principal—, la cifra se sitúa en 13.697 millones, un incremento del 8,5 % respecto al ejercicio anterior.
El listado de grandes deudores, instaurado en 2015 con la finalidad de ejercer presión reputacional y fomentar el pago voluntario, solo recoge aquellas obligaciones firmes tras el vencimiento del plazo voluntario y que no están legítimamente aplazadas o suspendidas. Sin embargo, su aplicación ha sufrido restricciones judiciales. El Tribunal Supremo anuló en 2023 la inclusión de la Tesorería General de la Seguridad Social en el fichero del Ayuntamiento de Madrid, al entender que esas cantidades no estaban realmente exigibles. Asimismo, sentó doctrina al impedir que quienes solo hayan sido acusados de delitos tributarios sin sentencia condenatoria firme figuren en la lista, en salvaguarda de su presunción de inocencia.
Aun así, los daños a la reputación han motivado movimientos de pago. Entre 2023 y 2024, 805 morosos saldaron 1 361 millones y abandonaron la relación, mientras que 718 nuevas entradas sumaron otros 2.272 millones. Ya en los primeros seis meses de 2025, los deudores incluidos han abonado 191,5 millones, y casi 98 millones se han cancelado apresuradamente para evitar la vergüenza pública de figurar en el próximo listado.
El perfil de la mora se ha ido diversificando. Las empresas siguen concentrando la mayoría de la deuda (14 558 millones repartidos entre 4 920 personas jurídicas), pero ha crecido el peso de los particulares: 1.077 individuos deben 1.579 millones, un alza del 5,3 %. Además, 2.185 deudores principales arrastran a terceros bajo responsabilidad subsidiaria o solidaria, lo que alarga los plazos y complica la recuperación de los fondos.
Pese a que la deuda media por moroso roza los 2,7 millones de euros, la recaudación efectiva se ve ralentizada por la complejidad de los procesos concursales y el entramado de responsabilidades cruzadas. La Agencia Tributaria admite la necesidad de encontrar un equilibrio entre mantener la presión pública y respetar los límites marcados por el poder judicial, mientras España trata de cerrar las heridas de la última crisis económica, especialmente en sectores tan golpeados como la construcción.
En definitiva, la “lista negra” sigue siendo un instrumento simbólico de alto impacto mediático, pero su capacidad para engrosar las arcas públicas estará condicionada por la eficacia de la actuación judicial y la rapidez con que los grandes deudores puedan verse obligados a cumplir con sus obligaciones.