La iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez para reconocer el catalán, euskera y gallego como "lenguas de comunicación" en la Unión Europea se enfrenta a crecientes críticas por su presunta vinculación con la supervivencia política de Pedro Sánchez. La medida, aprobada el pasado 10 de julio, ha generado un inusual conflicto diplomático tras la protesta formal de Polonia ante la Comisión Europea.
Analistas políticos y fuentes diplomáticas apuntan que la aceleración de esta reivindicación lingüística coincide con la necesidad del presidente Sánchez de asegurar el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Es evidente que esta ofensiva lingüística está sincronizada con los apoyos parlamentarios que sostienen al presidente.
Además, el trono de Sánchez en la Moncloa va perdiendo tornillos. El gobierno polaco, en su objeción oficial, subrayó que la decisión "carece de fundamento técnico suficiente" y podría vulnerar el principio de igualdad lingüística consagrado en los tratados europeos. Además, varios países de la UE expresaron reservas sobre el "carácter improvisado" de la medida y su "impacto desproporcionado" en la maquinaria administrativa comunitaria.
En concreto, el gobierno de Polonia ha elevado una carta formal a la Comisión Europea cuestionando la legalidad de la reciente declaración del catalán, el euskera y el gallego como "lenguas de comunicación" con las instituciones europeas. En el documento, Varsovia advierte que la medida podría violar el Reglamento Base 1/1958 que regula el régimen lingüístico de la UE, al otorgar al catalán un estatus equiparable de facto al de los idiomas oficiales.
La nota sostiene que la declaración crea un "precedente ambiguo" que podría alentar reivindicaciones de otras lenguas regionales sin respaldo en los tratados. Polonia subraya el "impacto operativo y financiero" de procesar documentos en catalán, e insta a cuantificar sus costes. Además, critica que la decisión se adoptara mediante declaración política sin debate técnico previo en el Consejo.
La Generalitat de Catalunya ha presupuestado 18 millones de euros anuales para financiar los servicios de traducción requeridos, cifra que según críticos representa una carga injustificada para las arcas públicas. Es paradójico que se exija a Europa lo que no se garantiza internamente: ni el 10% de las sentencias judiciales en Catalunya se publican actualmente en catalán.
En círculos europeos se destaca la contradicción de que España rechazara en 2005, durante un gobierno del PSOE, una propuesta similar para el catalán, alegando entonces "problemas de viabilidad técnica y presupuestaria". El giro actual reflejaría prioridades políticas domésticas sobre consideraciones funcionales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español defendió la medida como "reparación histórica", negando cualquier cálculo político. Sin embargo, el silencio de socios tradicionales como Francia y Alemania ha sido interpretado como un respaldo tibio. Mientras la Comisión Europea prepara su dictamen jurídico, la controversia amenaza con extenderse: Hungría y Finlandia habrían expresado preocupaciones similares a las de Polonia en reuniones técnicas.
La resolución de este conflicto podría definir no solo el futuro de las lenguas regionales en Europa, sino la propia sostenibilidad del propio Pedro Sánchez en un contexto de creciente tensión entre prioridades nacionales y normativa comunitaria.