Desde el otoño de 2023, cuando España anunció que «ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes», la coalición de Gobierno había dado por zanjado cualquier vínculo militar con Israel. Sin embargo, el pasado 16 de abril el Ministerio del Interior formalizó un contrato para adquirir 15,3 millones de balas de calibre 9 mm a la sociedad israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A. por 6,6 millones de euros, una decisión que ha desatado una de las crisis más agudas en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El detonante fue la exigencia de Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, de cancelar el acuerdo en coherencia con el embargo de facto impuesto tras el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023. En cuestión de horas, Interior defendió que no podía anular la compra sin afrontar el pago íntegro del contrato, lo que habría supuesto indemnizar a la empresa por los 6,6 millones comprometidos. Finalmente, tras intensas negociaciones entre Moncloa, la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio del Interior, se acordó revertir la adjudicación.
La publicación del contrato en el Boletín Oficial del Estado reavivó la polémica y tensó la frágil alianza entre PSOE y Sumar. Diputados de Sumar llegaron a amenazar con la salida de la coalición si no se anulaba el acuerdo, mientras que en el PSOE y en el propio Ministerio del Interior se defendía que la correcta vía administrativa era completar el expediente, dadas las fuertes penalizaciones por cancelación anticipada. Finalmente, el ultimátum de Sumar y la intervención directa de Yolanda Díaz, en contacto permanente con Pedro Sánchez y con el ministro Fernando Grande-Marlaska, impusieron la rectificación.
Factura legal y política
La rescisión del contrato no cierra el capítulo: el Gobierno ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a los departamentos jurídicos de los ministerios implicados el estudio de posibles reclamaciones por parte de Guardian Defense. Las fuentes consultadas admiten que la empresa podría reclamar indemnizaciones millonarias por responsabilidad patrimonial, en virtud de la legislación de contratos del sector público. El desafío ahora es “salvar la situación administrativa” del expediente para mitigar el impacto económico.
Políticamente, el episodio refleja la tensión entre la coherencia ética en política exterior (la coalición exhibe un firme respaldo a la causa palestina) y las exigencias de rigor en la gestión de contratos públicos. El choque entre una promesa política de embargo y los condicionantes legales y económicos de un contrato ya en fase avanzada ha puesto en evidencia las dificultades de gobernar con mayorías mínimas.
Repercusiones en la agenda internacional
La reversión del contrato envía un mensaje claro a Bruselas y a la comunidad internacional: España mantiene su postura de facto de no colaborar en materia de armamento con Israel mientras persista el conflicto en Gaza. Esta decisión coincide además con el debate en la UE sobre exportaciones de defensa y los llamamientos de varios Estados miembros para endurecer los criterios de venta de armas a países en conflicto.
Guardian Defense dispone de un plazo para presentar daños y perjuicios. La cuantía final dependerá de la interpretación de las cláusulas de rescisión y de la posible negociación de un acuerdo de compensación. Por otro lado, Interior ha iniciado un cribado de todas las adjudicaciones anteriores a octubre de 2023 para detectar cualquier incompatibilidad con la nueva doctrina de embargo.
A pesar de las voces más duras de Sumar e Izquierda Unida —que incluso barajaron abandonar el Ejecutivo—, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han reiterado su voluntad de agotar la legislatura hasta 2027, salvando la crisis mediante un acuerdo de mínimos.
En última instancia, la anulación del millonario pedido de munición israelí zanja momentáneamente una disputa interna que amenazaba con fracturar la coalición. Pero deja abiertas preguntas sobre la capacidad del Ejecutivo para conciliar sus compromisos de política exterior con las obligaciones jurídicas y financieras derivadas de los contratos públicos.