Los tres reales decretos que el Gobierno presentaba ayer para su convalidación por el procedimiento de urgencia en el Parlamento mejoraban, sin duda, la vida de mucha gente. Sin embargo, incomprensiblemente, Podemos votó en contra de uno de ellos (retratándose junto a las derechas) y Junts se abstuvo en todo, anteponiendo sus intereses partidistas al bien común. Nada impidió que Pedro Sánchez saliera del Senado con una sonrisa de satisfacción, ya que consiguió un dos de tres pese a que por la mañana la sesión apuntaba a estrepitoso fracaso para el Gobierno de coalición.
Podría decirse que el premier socialista salvó los muebles. El decreto sobre reforma de los subsidios, que trataba de mejorar las prestaciones por desempleo para mayores de 52 años (una subida de hasta noventa euros más por beneficiario hasta alcanzar los 570 mensuales), era tumbado a media tarde por la tozuda e irracional oposición podemita. Pero faltaba el plato fuerte: el decreto de medidas anticrisis –que contemplaba bonos para el transporte público, gratuidad en los trenes de cercanías, rebaja en el IVA de los alimentos, electricidad y gas y revalorización de las pensiones al 3,8 por ciento– más el llamado decreto ómnibus, que trata de avanzar en la modernización de la Justicia y que supone un maná de 10.000 millones de los fondos europeos para nuestro país.
Lo que queda tras una sesión trabucada en la que hubo de todo –errores en la votación (Gerardo Pisarello,de Sumar, se equivocó y hubo que repetir el escrutinio), fallos técnicos en el sistema de recuento y diputados negociando a la carrera en los pasillos del Senado–, es un PP que vota en contra del escudo social (ya hay que ser miserable); un Podemos que niega la reforma de los subsidios (un “golpe a los parados”, según Yolanda Díaz); y un Junts que aunque en principio estuvo a punto de tumbarlo todo, finalmente, y después de negociaciones de infarto, se abstuvo tras aplicarle el tercer grado a un Sánchez que resucitó una vez más cuando lo daban por muerto. El precio del cambalache entre socialistas e indepes: más transferencias, más dinero para Cataluña y la garantía por escrito de que el Gobierno no tocará ni una sola coma del pacto sobre la amnistía tal como fue acordado en las conversaciones de Ginebra. El enjuague de última hora, como no podía ser de otra manera, indignó a Feijóo, quien en una de sus habituales hipérboles llegó a decir que de saber cómo funcionan las cosas de la política en Madrid se habría quedado en su casa de Galicia entre mariscos rellenos de bolitas de plástico.
Pero vayamos primero con Podemos, una de las palancas de la improvisada pinza antisanchista que al final surtió menos efecto del que se esperaba. Ningún partido, y mucho menos uno de corte progresista, debería rechazar una subida de más de mil euros anuales en concepto de subsidio. Va contra la esencia misma de la izquierda. ¿Que se podía haber ido más lejos? Sin duda. Pero ya sabemos que esta socialdemocracia sanchista llega hasta donde llega y da para lo que da. Mucho peor era la reforma laboral cuasiesclavista de Rajoy, así que por ahí mejoramos. Por eso resulta tan chocante que Podemos se haya cerrado en banda a un decreto con la excusa de que hubiese supuesto un recorte a las pensiones de jubilación, una afirmación que la ministra Díaz ha negado tajantemente. Aunque los cinco diputados morados dieron su sí a los otros dos decretos, quedará para la historia el borrón de un partido nacido para mejorar la vida de la gente que al final ha terminado votando junto a las derechas y contra los desempleados, más de 700.000 españoles en paro a los que políticos supuestamente progres dan una patada en el trasero sin compasión. Si esto no es una traición a las clases más humildes que baje Dios y lo vea.
Todo el mundo a estas alturas de la película sabe que Podemos ya no se mueve exclusivamente por cuestiones políticas, ideológicas o sociales, sino para arrearle a Sánchez donde más le duele y para fastidiar a su todopoderosa vicepresidenta, a la que odian. Están rencorosos, resentidos, prueba de ello es que pulsaron el botón de las votaciones como si apretaran el gatillo de un revólver, con rabia, contra la ministra de Trabajo. Y lo que es mucho peor: creen que haciéndole sangre a Sumar recuperarán los votos perdidos. Que no se engañen: lo único que han hecho es hundir aún más a los parados. “Si estos decretos no salen adelante supondrá un golpe para la vida cotidiana de cientos de miles de españoles. Por encima de siglas debería prevalecer la responsabilidad”, decía Errejón, premonitoriamente, poco antes del crucial debate parlamentario. Se puede decir más alto, pero no más claro. Así que esto es lo que le espera al Gobierno de coalición a lo largo de una legislatura que se le presenta más que dura y descarnada. Guerra en todos los frentes, también en lo que queda de esa izquierda podemita venida a menos que ha decidido morir matando.
La batalla de Junts
El otro escollo con el que se encontraba Sánchez, tal como era de esperar, tenía que ver con el siempre complejo mundo indepe catalán, pero no el progresista (Esquerra ha entendido perfectamente que lo que para un rico de las Ramblas es simple calderilla, para la familia de un parado supone llenar la nevera una semana más), sino el conservador, es decir, el siempre irredento y echado al monte Junts. Sánchez dependía de los siete diputados de este partido para sacar adelante sus medidas anticrisis y todos ellos tenían orden de Waterloo de votar no. El exhonorable president Carles Puigdemont ha entrado en un momento conspiranoico, Quanon, y no se fía del premier socialista. En los días previos a la sesión había acusado al gabinete de coalición de querer engañarle introduciendo cambios en los pactos sobre la amnistía por la puerta de atrás del tercero de los decretos, el llamado ómnibus. O dicho en otras palabras más coloquiales: estaba seguro de que Sánchez pretendía metérsela doblada.
Sin embargo, detrás de la paranoia lógica de un hombre que vive constantemente amenazado porque la Policía y el CNI pueden echarle el guante en cualquier momento, había otro motivo mucho más importante que explicaba el voto negativo de Junts: la alergia de la derecha catalanista de toda la vida, de la alta burguesía de Canaletas, a las políticas sociales. Puigdemont practica una especie de ultraliberalismo trumpista antisistema. Todo el paripé que este hombre ha hecho en los últimos años, todo ese politiqueo estéril, todo ese papelón que ha representado erigiéndose en el gran salvador de los catalanes, quedó ayer en evidencia. Ni siquiera la retórica hueca y vacía de su delegada Miriam Nogueras pudo esconder que a Junts le produce arcadas el Estado de bienestar. Son privatizadores, elitistas, la crème de la crème a la catalana.
Si Puigdemont decidió dar el gran salto adelante hacia la República independiente fue única y exclusivamente porque a la casta financiera de Els Països le interesaba. Punto, no hay más. Nunca fue un líder para las clases modestas, a las que engañó burdamente con el bulo del Brexit catalán, sino el hombre de la banca, de la Bolsa, de la cámara de comercio y del Foment del Treball (“la casa grande de los empresarios catalanes”, como reza el eslogan de este organismo). Puigdemont es lo que es: un actor muy bien entrenado por otros que desde arriba mueven los hilos de la marioneta en busca del ansiado paraíso fiscal (ahí es donde realmente quiere llegar el mundo soberanista conservador). Así no extraña que le repela como a un vampiro el ajo cualquier medida que huela a intervencionismo estatal y a socialdemocracia. CP se reviste con la estelada, con el discurso simplón del patriota y del libertador que lucha por los derechos de los catalanes oprimidos como gazatíes, pero cuando llega el momento de la verdad dice no o se abstiene ante el mendrugo de pan para el parado. En realidad, lo que le mueve a él no es la pela pequeña, sino el gran capital. Está en política para defender los intereses de clase de unos pocos y ahora se está comprobando en vivo y en directo.
Por si algún proleta del cinturón obrero de Barcelona engatusado por los cantos de sirena del pujolismo posconvergente no se había dado cuenta aún, Puigdemont no trabaja para el asalariado que no llega a final de mes, ni para el desempleado desahuciado y de larga duración, ni para el inmigrante que no tiene dónde caerse muerto, sino para unos señores de traje y corbata muy finos que se desayunan con el mejor cava mientras se asoman a los balcones que dan a la Sagrada Familia y se preparan para la ópera de la noche en el Liceu. El prófugo de la Justicia que puso patas arriba el Estado español es una gran mentira, un fraude político, alguien que está aquí para mantener el estatus económico y social del supremacismo catalán, ese mismo que explota al lumpen cada día a golpe de contrato precario. El último sarcasmo es que trate de extorsionar a Sánchez para que multe a las grandes empresas multinacionales fugadas tras el procés. Él, que es un reaccionario contrario a cualquier tipo de injerencia estatal en el libre mercado. Impostura sobre impostura.
Ningún partido político debería oponerse, por pura ética, a unas medidas que llevan algo de alivio al maltrecho bolsillo de millones de trabajadores marginados o precarizados. Lo de Podemos es de vergüenza. Lo de Puigdemont estaba cantado. Los morados prometieron una legislatura convulsa y la están dando. El honorable dijo que haría “mear sangre” a Sánchez. Unos y otros ya han empezado a aplicarle el diurético. Asco de pinza.