El Caso Begoña Gómez le está amargando a Pedro Sánchez la preparación de sus vacaciones. A la imputación de su esposa por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, se ha unido el hecho de que tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo martes.
Carlos del Valle, juez sustituto de Peinado, ha rechazado la petición que hizo Pedro Sánchez de declarar por escrito. "Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el art. 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito […] No tengo duda de que V.I. compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del Presidente del Gobierno", afirmó Sánchez en el escrito presentado en el Juzgado.
Al igual que sucedió con Mariano Rajoy en 2017, Pedro Sánchez tendrá que declarar presencialmente. Según indica en su providencia, el juez Del Valle, "ha de mantenerse la toma de declaración en los mismos términos y condiciones en que fue acordada por la providencia de fecha 19 de julio".
En consecuencia, el juez titular, Juan Carlos Peinado, acudirá al Palacio de la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez porque, según el juez, los temas a tratar en la toma de declaración nada tienen que ver con el cargo de presidente del Gobierno.
Sin embargo, la providencia del juez Del Valle indica a Sánchez que "si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de Justicia, tal y como manifiesta en su escrito, participando al instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración a fin de que se realice una nueva concerniente a esos hechos y esta vez por escrito".
Las defensas de Sánchez y Begoña Gómez, esto es, el abogado Antonio Camacho y la Fiscalía General del Estado, se han venido oponiendo a cualquier diligencia que se haya practicado e, incluso, el Ministerio Público ha pedido estar presente en el interrogatorio de Sánchez.
El verdadero problema que tiene Sánchez es que, al ser interrogado en calidad de testigo, está obligado a decir la verdad y a responder a las preguntas que le haga el instructor, porque, de no hacerlo, estaría perpetrando delitos de falso testimonio que están penados con cárcel.