Los informes municipales van a aclarar qué fue lo que ocurrió en las discotecas siniestradas en Murcia, donde el pasado fin de semana murieron 13 personas y otras 24 sufrieron heridas de diversa consideración. Y ya hay indicios serios para determinar que la cadena de mando del Gobierno local falló en algún punto del expediente administrativo. Teatre y La Fonda Milagros no contaban con licencia de apertura y no solo eso: hace un año el Ayuntamiento dio la orden de cierre de ambos locales, una orden que no llegó a ejecutarse. ¿Por qué?
La Policía investiga exhaustivamente para reconstruir qué fue lo que no se hizo conforme a la legalidad y si algún político o funcionario tomó decisiones por su cuenta y riesgo. Estas pesquisas policiales van camino de desatar un terremoto en el consistorio murciano, ya que todos atribuyen la culpa a otros y nadie quiere asumir la responsabilidad. Hay miedo, cuando no pánico, entre algunos trabajadores públicos, según ha podido saber Diario16. No en vano, el suceso puede ser calificado por el juez como un delito de imprudencia con resultado de 13 homicidios y 24 lesiones, lo cual no es ninguna broma. Menos aún si se tiene en cuenta que cada una de esas muertes puede llevar aparejada una pena de cuatro años de prisión.
Las últimas novedades en la investigación aportan datos interesantes. Este miércoles se ha podido saber que el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia emitió una comunicación para la “ejecución forzosa” del cese de la actividad de la sala Teatre –donde se inició el fuego– mediante “precinto del establecimiento”, si bien esta orden no se llegó a cumplir. Así lo publica el diario La Verdad, que ha accedido al mencionado documento de la corporación municipal.
En concreto, se trata de un aviso emitido el 11 de octubre de 2022 por el entonces teniente alcalde delegado de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero (PSOE). Dirigido al departamento de Inspección de Obras y Actividades, se dicta lo siguiente: “Mediante decreto [...] de fecha 10 de enero de 2022, se ordenó el cese del ejercicio de actividad de discoteca con cocina [...] a la mercantil Teatre Murcia SL. [...] Deberán girar visita de inspección y, en caso de que no se haya ejecutado de manera voluntaria, proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”.
Ejecución forzosa
Una orden que, sin embargo, fue incumplida. Así se observa en la respuesta que dio al decreto del exconcejal Guerrero el inspector de actividades a quien se encargó el cierre del establecimiento: “En contestación a la comunicación interior [...] donde se comunica la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa, se informa que una vez contactado con la titularidad aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización”. En esta respuesta se trata la “ejecución forzosa” del cese de actividad decretado por el Ayuntamiento como una “advertencia”, y no como una orden.
Lo que no acaba de quedar claro es todo lo que sucede después de ese intercambio de documentos, informa La Sexta. Esto es, por qué no se acaba acometiendo el cierre de la Teatre tal como se reclamaba en la mencionada comunicación; más cuando, según fuentes consultadas por La Verdad, “dichos trámites de convalidación, para los que se refiere haber recibido documentación, no suspenden la ejecución de una resolución administrativa, la de clausura, que se había vuelto firme tras agotar los posibles recursos”. En otras palabras, la respuesta de la inspección no debería haber frenado la orden emitida originalmente, añade La Sexta.
La razón: uno de los procedimientos estaba directamente relacionado con la retirada de la licencia de actividad de la discoteca y el otro, en una vía distinta, con su posterior regulación para hacer efectiva la división del local en dos (reforma con la que se dio pie a La Fonda Milagros, otra de las discotecas afectadas). Por qué no se acabó cumpliendo “es lo que se está investigando”, ha subrayado en las últimas horas el responsable de Urbanismo durante el gobierno de José Antonio Serrano. En este punto vuelve a enredarse el asunto, pues las palabras y las acciones del gobierno municipal se contradicen.
Si bien en la corporación no había, supuestamente, constancia de que los locales estuvieran operativos, estos sí siguieron recibiendo inspecciones dirigidas desde el propio ayuntamiento; inspecciones en las que no se abordó en ningún caso ese cierre obligatorio esgrimido en el primer decreto. Prueba de ello es que la discoteca Teatre superó una inspección municipal sanitaria en marzo de 2023 pese a tener que estar cerrada desde 2022. Fue un mes después de que la inspección advirtiera de deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias de una de las discotecas de Murcia. Ese mismo servicio dio luz verde a la inspección, aunque Teatre tenía orden de cese de actividad desde 2022. Incluso, la Policía Local llegó a imponerles una multa por incumplir el horario de cierre cuando ya debían haber cesado su actividad.