Torra no asistirá al segundo juicio por desobediencia: “Para no legitimar una nueva farsa”

17 de Marzo de 2022
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El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio, que se celebrará sin él, por no retirar del Palau de la Generalitat en 2019 la pancarta que pedía la libertad de los presos independentistas en vísperas de las elecciones autonómicas. Torra ha anunciado que no se presentará al juicio al que ha calificado de “farsa”, y ha manifestado los motivos por los que no se presentará: "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales”.

Libertad de expresión

Torra se mantiene firme ante lo que el independentismo considera un atentado contra la libertad de expresión, ya que la pancarta que exhibía el lema: “Llibertat presos polítics i exiliats” no representaba a ningún partido en concreto, sino a lo que se consideraba una vulneración de los derechos políticos, que no podía pasar desapercibida por las instituciones catalanas. Pero la Junta Electoral Central (JEC) consideró que al exhibir la pancarta Torra perdía la neutralidad política que se le exige a las instituciones. Algo que no siempre ha resultado así, ya que pancartas como la de “Welcome Refugees” colgaron durante un tiempo del ayuntamiento de Madrid, sin tampoco gozar del beneplácito de todas las fuerzas políticas.

Inhabilitado

El juicio al que se enfrenta el presidente de la Generalitat por no retirar la pancarta no le viene de nuevo. Torra ya fue condenado a 18 meses de inhabilitación por desobediencia y se convirtió en el primer presidente que perdía el cargo durante su mandato. El expresidente siempre ha estado dispuesto a mantener un pulso con el Estado y para ello no ha dudado en aplicar la desobediencia institucional.

No asistirá

Aunque Torra ha manifestado que no se presentará a este nuevo juicio, la vista se celebrará este jueves por la mañana, en el juzgado de lo penal número 6 de Barcelona. La Fiscalía pide en esta ocasión otros 20 meses de inhabilitación y otra multa de 30.000 euros. Por su parte, la acusación popular que ejerce Impulso Ciudadano reclama 24 meses de inhabilitación y 108.000 euros de multa.

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