La devastación de la última DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha dejado un panorama desolador en la Comunidad Valenciana. Al menos 51 personas han perdido la vida debido a las intensas lluvias e inundaciones que azotaron la región, y el Comité de Crisis convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dejado de recibir actualizaciones alarmantes sobre el desastre. A medida que se suceden las tragedias, el debate político sobre las causas y las responsabilidades no ha tardado en surgir, con voces como la del diputado Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien ha lanzado duras acusaciones contra el actual gobierno de la Generalitat Valenciana y su gestión de los servicios de emergencia.
En medio de la conmoción, Rufián compareció este miércoles en los pasillos del Congreso, donde la Sesión de Control fue suspendida como muestra de respeto a la situación en Valencia. Allí expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, pero también planteó una cuestión incómoda y directa: “hay una responsabilidad política en todo esto, y hay gobiernos que privatizan y desmantelan, cuando llegan, servicios públicos como las unidades de emergencia”, afirmó sin rodeos. Su crítica directa al gobierno valenciano de Carlos Mazón no es casual; este había eliminado la Unidad de Emergencias autonómica poco después de asumir el poder.
“Desmantelar servicios públicos tiene un precio humano”
Rufián, visiblemente afectado, insistió en que la responsabilidad no solo recae en la naturaleza impredecible de estos fenómenos, sino en decisiones políticas concretas que, según él, han dejado a la población expuesta. “Esto no es sacar rédito de nada, esto es decir la verdad y se puede decir desde ya”, enfatizó. A su juicio, la falta de unidades de emergencia bien dotadas en la región podría haber sido un factor clave en la elevada cifra de víctimas mortales. En sus palabras, aunque “lo ocurrido era inevitable”, hay personas que perdieron la vida porque no contaban con protección suficiente ante el temporal.
El diputado de ERC también apuntó a un problema menos visible pero igualmente grave: la presión que algunas grandes empresas ejercieron sobre sus empleados para que acudieran a trabajar en pleno riesgo meteorológico. Según Rufián, es inaceptable que “haya grandes empresas que obliguen a los trabajadores a ir a trabajar cuando hay alerta roja por lluvias”. Esta situación, señaló, representa un fallo de las empresas y de las autoridades que no tomaron medidas para evitar desplazamientos en medio de una emergencia.
El costo de la inacción: entre la solidaridad y la crítica
En una intervención ante los medios, Rufián aseguró que su intención no era politizar la tragedia, sino señalar la responsabilidad de aquellos que, según él, “se vanagloriaron de desmantelar servicios públicos críticos”. La Unidad de Emergencias autonómica, eliminada por la administración de Mazón, podría haber sido decisiva en un momento donde cada minuto era crucial. “Hay cosas que no se pueden evitar, pero tener una unidad de emergencia bien dotada y que la gente no esté obligada a trabajar bajo estas condiciones no son una de ellas”, subrayó el diputado.
El portavoz de ERC también trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de sus redes sociales, donde además instó a reflexionar sobre el impacto de recortar en servicios de emergencia. En un mensaje que rápidamente se viralizó, expresó: “Malditos sean los desmanteladores de servicios públicos y malditas las empresas criminales que obligan a sus trabajadores a ir con una alerta roja por lluvias”. Este tono, directo y contundente, refleja el enfado de quienes ven en esta tragedia una oportunidad para discutir el modelo de gestión y la importancia de los servicios públicos en situaciones de emergencia.
Un llamado a la responsabilidad política en tiempos de crisis
La DANA no solo ha dejado un reguero de destrucción en Valencia, sino que ha expuesto la fragilidad de los sistemas de protección en regiones vulnerables a estos fenómenos. Rufián insistió en que, aunque fenómenos como la DANA son inevitables, el sufrimiento que dejan puede ser mitigado con políticas responsables. En este sentido, acusó a Mazón de priorizar medidas de austeridad que han tenido un alto costo humano.
Este desastre ha reabierto un debate nacional sobre la importancia de los servicios de emergencia, el rol de las empresas y la responsabilidad de los gobiernos en proteger a sus ciudadanos. Desde el gobierno central, Pedro Sánchez se ha comprometido a apoyar la recuperación de las áreas afectadas y ha convocado al Comité de Crisis para seguir monitoreando los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana y en Albacete, donde el temporal también ha dejado una estela de destrucción.
El camino hacia la reconstrucción será largo, y esta tragedia podría marcar un antes y un después en la política de emergencias en España. Mientras tanto, figuras como Rufián seguirán insistiendo en la necesidad de debatir sobre las prioridades en la gestión pública y los derechos de los trabajadores en contextos de emergencia. La DANA ha sido devastadora, pero sus lecciones pueden ser la base para un cambio que evite que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.