Un 70% de la plantilla del Popular se irá a la calle en la reestructuración del Santander

Los niveles de crueldad de la operación del Popular parecen no tener un techo. El Plan de Reestructuración del Santander respecto a las oficinas y los empleados del Banco Popular se centra en el cierre de más de 700 oficinas en todo el territorio nacional, de los Servicios Centrales y el despido de 7.000 trabajadores. A la cabeza de este plan se encuentra el Director General Adjunto, Francisco Javier García-Carranza, lo que supondrá que un 70% de la actual plantilla sea despedida a través de uno o diferentes Expedientes de Regulación de Empleo. Según ha podido saber, el directivo fichado por el banco cántabro de Merril Lynch, presume en círculos íntimos que toda la operación del Popular salió de su despacho. Por otro lado, un plan de reestructuración tal y como está planteado es muy del estilo de Carranza. Javier García-Carranza no solo tiene su trayectoria en el Banco Santander dejando a Isolux en concurso y al resto de entidades acreedoras como Bankia y CaixaBank en una difícil situación y en la participación del Santander en las autopistas de peaje quebradas, sino que también tuvo un papel fundamental en la situación actual de Abengoa, tema éste que será tratado en profundidad próximamente por el equipo de investigación de Diario16. Hay un aspecto en el modo de operar de García-Carranza: no negocia, impone.El Plan comenzaría a aplicarse en los Servicios Centrales del banco intervenido para extenderse a toda la red de oficinas comenzando por la Comunidad de Madrid, donde se estima que serán 2.000 trabajadores. El resto se distribuirá por la red del resto del territorio nacional hasta alcanzar los 7.000. «Una verdadera masacre», confirmaba a Diario16 un@ [email protected] estrategia del Santander respecto a las oficinas del Popular es exactamente la misma que ya aplicaron con Banesto: una distancia máxima entre oficinas de 2 kilómetros con un máximo de oficinas competidoras entre ellas. Todo esto, junto con el ahorro de la sede corporativa del Popular, supondrá un beneficio para el Santander superior a 700 millones de euros, algo que se posiciona muy por encima de las propias previsiones iniciales de la entidad cántabra tras hacerse con el Popular por un euro y dejar en la ruina a más de 300.000 familias.Los despidos de esos 7.000 trabajadores, además, serán prácticamente a coste 0 para el Santander. En teoría, el Expediente de Regulación de Empleo ejecutado en 2016 complica al Santander poder realizar esa reestructuración en base a prejubilaciones o bajas incentivadas. Tendrán que ser despidos y eso tiene un coste. El Santander es una entidad que está en beneficios, por lo que la Administración exige que es la empresa la que tiene que hacerse cargo de los importes de las prestaciones por desempleo de cada uno de los trabajadores afectados por el ERE. Sin embargo, el Santander aplicará una argucia sostenida por un vacío legal: descontará los importes correspondientes al subsidio de la liquidación por despido que se acuerde, es decir, quien realmente paga un importe, que es un derecho adquirido, es el propio trabajador. Se lo descuentan de la indemnización, pero lo abona el SEPE. Posteriormente a la hora de la redacción del acuerdo de ERE, se redacta de forma que no sea explicito para evitar su judicialización. Esto ya lo utilizó el Santander en su anterior Expediente de Regulación de Empleo y les salió bien, por lo que es el Estado quien se hará cargo del coste real del ERE.Según nos confirman fuentes sindicales del Popular, el coste medio de esos despidos estaría en 25.000 euros, lo que eleva la cifra a 175 millones de euros.Todo esto hay que unirlo a los 4.900 millones de euros que el Estado tendrá que devolver al Santander por los créditos fiscales del Popular. Luis de Guindos volvió a mentir respecto a que el coste de la operación de rescate del Santander sería de cero euros cuando, en realidad, ya nos encontramos con una cifra por encima de los 5.000 millones, un 0,5% del PIB español. Exactamente lo mismo que hizo con el rescate a la banca y que el propio Mariano Rajoy alabó a pesar del reconocimiento de que el importe de ese rescate no va a ser recuperado por los españoles.Todo son prisas por parte del Santander para rentabilizar la operación cuanto antes y, sobre todo, para hacerla irreversible de cara a la justicia y que la Audiencia Nacional se encuentre en un escenario de hechos consumados y no pueda actuar contra la operación. De momento, este plan de reestructuración de la plantilla está parado, pero aprobado, debido a la situación judicial, pero, según fuentes consultadas por Diario16, ya se están moviendo los aparatos jurídicos de la entidad cántabra para acelerar la pérdida de la personalidad jurídica del Popular, incluso del propio nombre, como una estrategia más de ese escenario de tierra quemada que quieren presentar para demostrar la irreversibilidad de la operación. Por esta razón, la Audiencia Nacional tiene la obligación de paralizar cautelarmente la operación para evitar, precisamente, que el Santander alegue que no puede haber vuelta atrás con la misma, obligación con los accionistas afectados, con los trabajadores y, por supuesto, con la Justicia y el pueblo español.Mientras tanto, tanto los miles de empleados como los 300.000 afectados tendrán que seguir en la incertidumbre: los primeros esperando a que se ejecuten sus puestos de trabajo; los segundos, luchando por recuperar lo que en una noche del mes de junio se les incautó.