La BBC ha emitido un documental sobre el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio en el que la cadena de televisión británica cuestiona la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado español. Más allá de si hubo brutalidad policial, más allá de si se dispararon pelotas de goma y se conculcaron de forma flagrante los derechos humanos, lo más grave de todo es que los reporteros ingleses dejan en el aire una inquietante pregunta: ¿qué pasó con las 70 personas que, según oenegés marroquíes, desaparecieron aquel día? Marruecos ha reconocido una cifra oficial de 23 fallecidos, pero la BBC sugiere que se trasladaron cuerpos sin vida de un lado a otro de la verja. A día de hoy se desconoce cómo murieron las víctimas y si fueron enterradas.
Los hechos que denuncia el reportaje son extremadamente graves y deberían ser motivo de una urgente investigación policial. Algunos medios dan por seguro que una comisión de diputados se trasladará a Melilla para elaborar un informe sobre lo sucedido que será fundamental si se quiere garantizar la necesaria higiene democrática de nuestro país. Así, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha exigido que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, aporte todos los datos para aclarar lo sucedido. “La masacre de Melilla fue una vergüenza e Interior incumplió la ley. Lo dijo hasta la ONU o el Defensor del Pueblo. Hoy, también la BBC. Marlaska debe rectificar y el PSOE dejar de bloquear, con VOX y Partido Popular, la investigación del Congreso. Exigimos verdad, justicia y reparación”, asegura en un tuit. O llegamos al fondo de este triste suceso, o el Estado de derecho se hundirá un poco más.
Pero mientras se depuran responsabilidades, la derecha está tratando de sacar rédito no solo del oscuro episodio acaecido en la frontera sur, sino en general de la política de Seguridad del Gobierno. La derecha española tiene tres fetiches que, cuando se queda sin programa y sin argumentos (cosa que ocurre constantemente), agita sin pudor para alimentar la inestabilidad social y la crispación: la indisoluble unidad de la nación, ETA y la delincuencia que padecen los sufridos ciudadanos hostigados por los malvados extranjeros. Hoy tocaba jugar con el bulo de que España es un lugar inseguro, distópico, territorio sin ley. Esta misma mañana, la diputada popular Ana Belén Vázquez, manipulando supuestos datos del Ministerio del Interior, ha tratado de dibujar un panorama apocalíptico y desolador (similar a Mad Max) que no se corresponde con la realidad. Su señoría, para argumentar que la delincuencia se ha disparado con el Gobierno de coalición, ha comparado las cifras actuales de 2022 con las que se registraron en los años 20 y 21, en plena pandemia y cuando millones de españoles eran confinados para protegerse del virus. Un truco muy burdo. Ya dijo el filósofo aquel que todos los males del mundo se deben a que la gente no sabe quedarse quieta en su casa, y por pura lógica, en aquellos años de covid, la delincuencia tenía que disminuir de forma drástica ya que todos, víctimas y delincuentes, estaban encerrados en sus hogares y malamente se podían cometer fechorías. Sin embargo, la señora Vázquez retrata un país sumido en la anarquía donde los bandoleros campan a sus anchas, como en los peores tiempos de Curro Jiménez, donde los pistoleros van por ahí como en elFar West, donde el asesinato, el atraco, el hurto, los okupas, las violaciones, las reyertas y todo tipo de violencias se han apoderado de nuestras vidas y nuestras ciudades.
La respuesta del ministro Marlaska no ha podido ser más contundente y eficaz: España es, hoy por hoy, un país seguro, desde luego mucho más seguro que en el año 2012, cuando gobernaba el PP y se registraba una tasa de 48 delitos por cada 1.000 habitantes (hoy ese índice se sitúa en 41). Pero además, la señora Vázquez miente cuando, coqueteando descaradamente con las tesis de la extrema derecha, da a entender que la inmigración podría estar detrás de ese aumento delincuencial que solo anida en su cabeza. En realidad, la tasa de delitos cometidos por extranjeros se sitúa en poco más de un 10 por ciento, y no solo eso, sino que todos los informes de organismos internacionales sitúan a España como uno de los destinos más seguros de Europa. Mal que le pese a la señora Vázquez, un español tiene más probabilidades estadísticas de que le toque el Gordo de Navidad que de ser víctima de un homicidio, por ejemplo.
Queda claro que el actual escenario político diabólico está condicionando, y mucho, el discurso del PP. Tras una semana nefasta en la que se ha levantado de la mesa de diálogo para la renovación del Poder Judicial –con la vulgar excusa de que el Gobierno planeaba abolir el delito de sedición para favorecer a sus socios independentistas–, el Partido Popular se ha situado como una formación antisistema que se niega a cumplir la Constitución. Así las cosas, un acorralado Feijóo ha dado órdenes a sus muchachos del Congreso de los Diputados para que hagan ruido, lancen cortinas de humo y propaguen rumores y bulos en todos los frentes sin más objetivo que tapar sus vergüenzas. Y en esa estrategia catastrofista nada como pintar una España que es poco menos que una tenebrosa comarca de Mordor asolada por las bestias y hordas de la delincuencia común. El líder del PP, ese que dicen que está secuestrado por Ayuso y los poderes mediáticos de la ultraderecha, va sacándose cartas de la manga como el mejor de los tahúres o trileros. No es que Vox le esté apretando por detrás, que también, sino que tal como le ocurrió a su predecesor, Pablo Casado, se está dejando arrastrar por la corriente que lo deriva cada día más a la derecha. O como muy bien dice Josep Ramoneda, todo esto obedece al “proceso de radicalización” en el que ha caído ese partido tras dejarse seducir por el trumpismo rampante.