Este 28 de abril, las aulas de las principales universidades públicas madrileñas quedarán vacías. No por falta de alumnos ni de interés académico, sino por la convocatoria de huelga promovida por redes de profesorado de la Complutense (UCM), la Autónoma (UAM), la Politécnica, la Carlos III, la de Alcalá y la Rey Juan Carlos. El motivo: el rechazo frontal a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Lejos de mejorar el sistema universitario, los docentes denuncian que la nueva ley supone una agresión sin precedentes contra la universidad pública. Aseguran que esta normativa nace bajo el signo de la opacidad, elaborada a espaldas de la comunidad universitaria y diseñada con una lógica puramente empresarial.
La educación como mercancía
Uno de los puntos más alarmantes del borrador filtrado es la redefinición de las universidades como “centros de enseñanza superior”, un cambio no solo simbólico, sino profundamente ideológico. Las plataformas advierten de que este lenguaje prepara el terreno para la mercantilización del conocimiento, donde grados, investigaciones y proyectos se evalúan según criterios de rentabilidad, y no de interés científico o social.
Ayuso desmantela la universidad pública: docentes en pie de guerra contra su nueva ley
Esto abre la puerta al cierre de carreras y líneas de investigación que no “rindan” económicamente. ¿Quién decidirá entonces qué se estudia y qué no? Según el borrador, cada vez más poder recaerá en Consejos Sociales con fuerte presencia empresarial y con intervención directa de la Comunidad de Madrid.
Recortes y chantaje financiero
Después de años de infrafinanciación, la LESUC convierte el ahogo económico en política estructural. La Comunidad limitará su aportación presupuestaria al 70%, obligando a las universidades a buscar el 30% restante por vías externas, como fondos de inversión o colaboraciones privadas. Se instaura así un modelo de competencia por recursos, en lugar de garantizar una financiación básica, equitativa y estable.
Para el profesorado, esto equivale a un chantaje: quien no se someta a la lógica del mercado, quien no rinda cuentas al capital privado, queda condenado a la inanición económica. El resultado: universidades públicas dependientes de empresas, y sometidas a sus intereses.
La universidad pública, colonizada
La LESUC favorece la colaboración público-privada hasta extremos que, según las plataformas, constituyen una auténtica colonización del espacio público. No solo se facilitan nuevas universidades privadas sin mínimos de calidad, sino que se permite que centros privados se adscriban a universidades públicas para aprovechar su prestigio, recursos e infraestructuras… hasta que puedan volar solos como entidades privadas.
Este parasitismo institucional degrada el valor de la universidad pública, la reduce a trampolín para intereses empresariales y deja a la investigación en manos de quien más pague.
El ataque a la autonomía universitaria
Otra de las grandes amenazas es la injerencia directa del Gobierno de Ayuso en el gobierno universitario. La LESUC otorga poderes decisivos a la Comunidad de Madrid en la composición de órganos clave como el Consejo de Enseñanzas Superiores o la Comisión de Coordinación Universitaria, restando protagonismo al personal docente e investigador.
Además, se introduce la figura del Interventor designado por el Ejecutivo autonómico con poder para supervisar la ejecución presupuestaria. Una medida que, según los rectores, pone en peligro la autonomía universitaria, pilar básico de cualquier sistema democrático de educación superior.
Policía contra estudiantes y claustros
La LESUC contempla incluso la posibilidad de intervención policial en los campus en caso de protestas. El profesorado lo denuncia como una muestra de autoritarismo impropio de un estado de derecho: la universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y libre debate, convertida en territorio vigilado por las fuerzas del orden si los estudiantes se atreven a protestar.
Esta criminalización de la protesta revela, según los convocantes, el verdadero rostro de la ley: no es una reforma educativa, sino una operación ideológica para reducir la universidad a un instrumento del poder económico.
Ayuso, enemiga de la educación pública
A juicio del profesorado, la LESUC no es un caso aislado, sino la culminación de un proyecto ideológico de Isabel Díaz Ayuso: debilitar lo público, favorecer lo privado, y construir una sociedad donde el conocimiento esté al servicio del capital, no del interés común. La universidad pública madrileña, históricamente referente a nivel nacional e internacional, corre ahora el riesgo de convertirse en un apéndice funcional de las élites económicas.
“No es solo una ley, es un ataque a la esencia de lo que debe ser la universidad”, denuncian desde la red UAM por la Pública. “Se pretende convertir un servicio público universal en un negocio más, donde los beneficios estén por encima del conocimiento, la justicia social o la libertad académica”.
Madrid se levanta por la universidad pública
Por todo ello, el próximo lunes 28 de abril no será un día cualquiera. Será una jornada de lucha, de piquetes informativos, de huelga y de manifestación. A las 18:00, desde Atocha hasta la Puerta del Sol, miles de docentes, estudiantes y trabajadores del sector marcharán bajo el lema “Salvemos la educación pública”. Porque, como señalan los convocantes, “frente a un ataque común, una respuesta colectiva”.
Y porque, aunque Ayuso quiera desmantelar la universidad desde los despachos, hay algo que no podrá controlar: la dignidad de quienes aún creen en una educación crítica, libre y al servicio de la sociedad.