El comisario Villarejo y Corinna Larsen han vuelto a comparecer ante la Justicia española, esta vez para declarar por las supuestas calumnias e injurias contra el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, un asunto por el que la Fiscalía pide dos años de cárcel para el polémico policía encarcelado por destapar información secreta y confidencial. Como telón de fondo, el escándalo que persigue en los últimos meses al rey emérito, Juan Carlos I, y las oscuras actividades de las cloacas del Estado. Villarejo ha negado cualquier ánimo de injuriar al general y ha argumentado que su único propósito al ponerle en el punto de mira por la Operación Corinna era proteger los intereses institucionales de España. Tal como era de prever, Villarejo dice sentirse víctima de una maniobra política para “aniquilarle”, un plan supuestamente orquestado por el exjefe de los servicios de inteligencia españoles.
El comisario jubilado le ha dicho al juez que si decidió denunciar las supuestas actividades de Sanz Roldán en el caso Corinna fue solo por defender los intereses del país, ya que él es un fiel “servidor del Estado” y su obligación era protegerlo. “Con la madre, con la patria, sin razón o sin ella. Yo jamás voy en contra, como español (…) Este es un país absurdo donde a uno le insultan llamándole patriota”, ha sentenciado el Villarejo más fiel a la rojigualda.
Por su parte, la examante del rey emérito ha confirmado en calidad de testigo que en la primavera de 2012 se sintió amenazada “como ciudadana, como persona normal y mujer” cuando su oficina profesional y su apartamento en Mónaco fueron ocupados por una supuesta empresa de seguridad contratada por los agentes secretos españoles. Fue entonces cuando decidió pedir explicaciones al monarca, quien trató de tranquilizarla diciéndole que todo el dispositivo del CNI obedecía a una operación para protegerla de los paparazzi.
Hoy hemos visto en acción, por primera vez en un juzgado, a las dos piezas de ajedrez que han dado jaque al rey: el alfil implacable que maneja información privilegiada y la dama de Botsuana. Por un lado hemos visto al Villarejo más patriota y devoto de su país, sin duda una táctica judicial con la que, tras años en la cárcel, el comisario trata de lavar la imagen que la prensa ha construido de él como hombre de negocios codicioso y aficionado al lujo. Por su parte Larsen, elegante y rigurosamente vestida de negro para su videoconferencia desde una sede judicial en Londres, ha tratado de aparecer como la mujer tranquila y segura de sí misma que ha sufrido el chantaje de los servicios secretos españoles por su relación clandestina con el emérito. Por supuesto la testigo, que encajaría perfectamente en el papel de una de aquellas rubias de Hitchcock, ha confirmado las tesis de la defensa de Villarejo, ya que en este asunto policía y empresaria parecen ir de la mano.
Interesante ese momento de la declaración −ralentizada por la intervención de los intérpretes−, en la que el abogado de Villarejo, José García Cabrera, le ha preguntado a la princesa alemana si en algún momento ha tenido la sensación de ser “una ciudadana amenazada por un jefe de Estado y de los servicios secretos y si eso le hizo sentir miedo”. Ella ha contestado afirmativamente. “Sí, estaba decididamente muy asustada. No entendía el motivo y no se me proporcionó una explicación adecuada como ciudadana, a una persona normal, una mujer que se encuentra enfrentada con unas personas tan poderosas en territorio extranjero”, ha contestado, al tiempo que ha calificado de “ilegal” la ocupación de sus oficinas y su casa. Para Larsen, la explicación de los paparazzi que le dio el rey no tenía ningún sentido, ya que al día siguiente tenía previsto abandonar Mónaco, por lo que no habría conflicto alguno con los supuestos fotógrafos de la prensa rosa.
El problema para la monarquía española es que Larsen ha confirmado su encuentro personal con el ex responsable del CNI en mayo de aquel año y que el general se trasladó expresamente a la city británica para entrevistarse con ella, según le informó el propio Juan Carlos I. Ella, por tanto, no podía negarse. “Siempre querían hacer constar que el señor Sanz Roldán recibía los órdenes del rey Juan Carlos I, que las recibía desde arriba”, ha asegurado Larsen arrojando una palada más de combustible a la encendida hoguera en que se ha convertido el escándalo que persigue al monarca emérito, hoy exiliado en Abu Dabi.
De las declaraciones de hoy de los principales protagonistas de esta truculenta historia se puede extraer una primera conclusión: si todo esto es un gran montaje para desprestigiar al patriarca de la Transición está muy bien tramado y orquestado y si es cierto, tal como apuntan todas las pruebas testificales y documentales, alguien en Casa Real debería dar explicaciones a los españoles sobre esos 65 millones de dólares que presuntamente fueron a parar a la cuenta de la amante del monarca. Lamentablemente, Felipe VI ha optado por la callada por respuesta, mientras que el PSOE −ignominiosamente aliado con el PP y Vox en el desesperado intento por encubrir a Don Juan Carlos−, torpedea cualquier comisión de investigación parlamentaria. No se entiende cómo el partido socialista puede mantener esa connivencia que impide cualquier investigación contra un ex jefe de Estado sobre el que pesan graves sospechas de enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, hace unas horas se ha sabido que Patrimonio Nacional paga los sueldos y viajes del personal desplazado a Emiratos Árabes Unidos para asistir al rey emérito, tal como publica eldiario.es. Al parecer, Juan Carlos I dispone de tres ayudantes de cámara en el país árabe, cuyos salarios y desplazamientos también corren a cargo del Estado. Cada episodio que se conoce sobre este esperpéntico sainete de reyes, amantes y espías es un poco más chusco que el anterior.