Operación Chamartín: el regalo de Carmena al poder financiero de Madrid

El pasado mes de septiembre, el Gobierno municipal de Manuela Carmena aprobaba Madrid Nuevo Norte, un ambicioso plan urbanístico también conocido como Operación Chamartín que prevé el desarrollo del entorno de la estación de Renfe, la construcción de 10.500 viviendas y una zona financiera para oficinas donde se levantará previsiblemente la torre más alta de España. El gigantesco solar que venderá ADIF a Distrito Castellana Norte (DCN) –la plataforma empresarial participada al 75% por el BBVA y al 25% por la constructora San José–, dispone de 1,27 millones de metros cuadrados, según el contrato. DCN pagará por ese suelo casi mil millones de euros en lo que para muchos será una inmensa operación económica para beneficio del interés especulativo y del gran capital ciertamente alejada de las políticas sociales y de proximidad a los barrios que Carmena soñó con impulsar cuando llegó al Ayuntamiento de la ciudad.El plan, un proyecto faraónico que pretende convertirse en el referente urbanístico de España a nivel internacional para los próximos años, transformará la zona norte de Madrid en una especie de gran City financiera, a la manera londinense, y se convertirá en un polo de atracción del capital extranjero. Se calcula que la inversión rondará los 6.000 millones de euros y generará unos 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, por lo que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Fomento.Sin embargo, el futurista diseño de la zona norte de la capital ha provocado la reacción inmediata de 300 simpatizantes y altos cargos de Ahora Madrid, que han firmado un manifiesto en contra bajo el argumento de que el megaproyecto supone volver a lo peor de la etapa de los grandes pelotazos urbanísticos y el boom inmobiliario impulsado por el PP de José María Aznar.En su documento, rubricado bajo el título “Aún estamos a tiempo”, los críticos con la decisión de Manuela Carmena aseguran que la Operación Chamartín dejará “de lado las necesidades sociales” de la ciudad, por lo que mostraron su “disconformidad” y su “decepción” ante el “zarpazo” que la firma del acuerdo suponía a la manera de hacer políticade Ahora Madrid.Hoy puede decirse que Carmena tiene dentro de su casa un auténtico movimiento en su contra a cuenta de la Operación Chamartín, un proyecto que cuando se analiza detenidamente plantea serias dudas no solo en lo técnico, sino también en lo que se refiere a su filosofía y base ideológica. En principio, y pese a que el plan se llevará a cabo sobre unos terrenos que son de titularidad pública al 80%, únicamente el 20% de la vivienda que se construirá tendrá algún tipo de protección oficial. Es decir, la zona está concebida para los negocios, no para los ciudadanos. Además, se priorizará una inversión millonaria en el norte de Madrid  mientras barrios del sur y la periferia, empobrecidos, seguirán condenados al abandono, como en los años más negros y neoliberales de los gobiernos populares.De alguna manera, nos encontramos ante una vuelta al modelo urbanístico del PP que el nuevo equipo de Gobierno de Ahora Madrid pretendía desterrar para siempre de la vida municipal. Pero la polémica va aún más allá. Según los firmantes del manifiesto, el plan forma parte de un “proyecto enfangado en una absoluta opacidad” que no permite conocer los detalles de los acuerdos firmados entre las partes, entre ellas DCN y ADIF. Para los detractores de Madrid Nuevo Norte, el plan supone un “abandono” de las políticas de colaboración con las asociaciones vecinales y con las organizaciones ecologistas, es decir, de aquella manera de entender una gran ciudad desde lo pequeño y desde la cercanía al ciudadano, tal como se había propuesto el partido de Carmena cuando ganó las pasadas elecciones.Pero más allá de que la Operación Chamartín signifique un cambio de rumbo desde las políticas sociales y de proximidad a los barrios hacia proyectos megalómanos vinculados con grandes operaciones inmobiliarias para beneficio especulativo del capital financiero, de las grandes corporaciones y de la banca, el plan debería haberse acometido desde el Ayuntamiento de Madrid con todas las garantías legales y de transparencia. Así, los firmantes del manifiesto exigen la publicación de “toda la documentación vinculada al desarrollo” urbanístico en la zona norte de la ciudad, incluyendo el convenio entre ADIF y DCN. “Sólo con transparencia la ciudadanía podrá tener conocimiento de lo que supone para la ciudad y para las partes implicadas el acuerdo que se pone encima de la mesa”, aseguran los disconformes.Además, exigen que se recupere el proyecto alternativo Madrid Puerta Norte, aparcado hoy con la Operación Chamartín, y que se busquen “mecanismos de negociación y participación con el tejido asociativo de la ciudad, en los distritos, con el tiempo suficiente para el estudio y elaboración de propuestas. Una operación urbanística de este calado afectará al modelo de ciudad de aquí a muchos años y es necesario contar con las personas que habitan el territorio para llevarla a cabo (…) Porque gestionar pierde sentido si no es para desarrollar las políticas que vinimos a hacer, siempre con la mayoría de la población, la que el resto de gobiernos municipales ha ignorado históricamente. Aún estamos a tiempo”.