El plan ha salido de buenas fuentes. Se ha diseñado conjuntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y gobierno de la OCDE, los grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil, además de propuestas del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y recomendaciones de la Comisión Europea. También se ha apuntado medidas SUMAR.
No pueden negarse sus muchas fortalezas. Tiene un enfoque integral y estructurado. Las medidas se agrupan en cinco ejes (prevención, protección al denunciante, refuerzo judicial, recuperación de activos y cultura de integridad), lo que demuestra una visión sistémica de la situación.
Crean una Agencia de Integridad Pública independiente. Esta medida puede centralizar y profesionalizar la lucha contra la corrupción, siempre que se garantice su autonomía real.
Se usará la inteligencia artificial en contratación pública. Introducir IA para detectar patrones anómalos es innovador y puede mejorar la eficiencia en la detección de fraudes.
Endurecimiento de penas y sanciones. Aumentar las penas, duplicar los plazos de prescripción y aplicar multas proporcionales a los ingresos anuales de las empresas corruptoras puede tener un efecto disuasorio real.
Protección efectiva a denunciantes. Garantizar confidencialidad y apoyo legal es clave para romper el silencio institucional y empresarial.
Listas negras de empresas corruptas para impedir que empresas condenadas vuelvan a contratar con la administración. Esta es una medida contundente y ejemplarizante.
También hay debilidades y riesgos.
Falta de concreción en la implementación. Aunque las medidas son ambiciosas, muchas dependen de desarrollos legislativos futuros y de la voluntad política para aplicarlas con rigor.
Riesgo de politización. La eficacia de la Agencia de Integridad dependerá de su independencia real. Si su dirección es nombrada por cuotas partidistas, su credibilidad se verá comprometida.
Posible uso simbólico. La oposición, han calificado el plan de “maquillaje” o “papel mojado”, sugiriendo que podría ser una reacción táctica ante escándalos recientes más que una apuesta sostenida por la regeneración democrática.
Falta de medidas sobre financiación electoral y puertas giratorias. Aunque se refuerzan los controles sobre partidos, no se abordan con profundidad temas como la financiación de campañas o la regulación del paso de cargos públicos al sector privado.
Por ello, el plan representa un avance significativo en la arquitectura institucional anticorrupción en España. Su éxito dependerá de tres factores clave: voluntad política sostenida, dotación de recursos y participación activa de la sociedad civil. Si se implementa con rigor, puede marcar un antes y un después. Si se queda en el papel, será una oportunidad perdida.
¿Qué impacto a largo plazo pueden tener estas medidas?
Las 15 medidas anticorrupción anunciadas por el Gobierno de España en julio de 2025 podrían tener un impacto estructural profundo si se implementan con rigor y continuidad. Posibles efectos a largo plazo.
1. Fortalecimiento institucional
Mayor independencia y profesionalización de los organismos de control, como la nueva Agencia de Integridad Pública.
Modernización de la administración pública, gracias al uso de inteligencia artificial y sistemas de compliance o cumplimiento.
Reducción de la impunidad mediante tribunales especializados y fiscalías reforzadas.
2. Ahorro económico y eficiencia
Menor pérdida de recursos públicos por fraudes y sobrecostes en contratación.
Recuperación de activos robados, gracias al decomiso preventivo y a la Oficina de Gestión de Activos.
Mayor eficiencia en la gestión pública, al reducirse los incentivos a prácticas corruptas.
3. Cambio cultural y social
Incremento de la confianza ciudadana en las instituciones, clave para la calidad democrática.
Mayor participación cívica, al reforzarse la transparencia y los canales de denuncia.
Normalización de la ética pública como valor transversal en la administración y la empresa.
4. Reputación internacional y atracción de inversión
Mejora del posicionamiento de España en índices internacionales de transparencia y gobernanza.
Mayor seguridad jurídica para inversores, al reducirse los riesgos asociados a la corrupción.
Cumplimiento de estándares europeos, lo que refuerza la credibilidad ante la UE y la OCDE.
Condiciones clave para que el impacto sea real
Voluntad política sostenida más allá de un solo gobierno.
Recursos suficientes para las nuevas agencias y fiscalías.
Evaluación independiente y periódica, como la que realizará la OCDE cada 12 y 24 meses.
En resumen, si se aplican con firmeza, estas medidas pueden transformar el ecosistema institucional español y consolidar una cultura de integridad. Pero si se diluyen o se usan como herramienta política, el efecto será efímero.
Las medidas son positivas. Claro que hay lagunas y ausencias, así como cierto escepticismo, cuando se contemplan, aunque habrá que esperar a ver su funcionamiento real y efectivo.