Dicen que el fuego empezó en una finca conocida como Cenáculo, en Ibi, y que en cuestión de horas arrasó 185 hectáreas de masa forestal, 147 de ellas dentro del Parque Natural de la Font Roja. Para quien necesite visualizarlo mejor: eso son unos 260 campos de fútbol reducidos a cenizas. Pero más allá de la comparación fácil, lo que quema —literal y figuradamente— es la falta de responsabilidad de los de arriba que arrastra este caso.
Ahora sabemos algo más. La Guardia Civil, con el apoyo de los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, ha imputado a un interno de la comunidad religiosa del Cenáculo, como presunto autor del incendio. ¿La causa? Arrojar de forma negligente las cenizas candentes de un horno de leña del centro. Así, con esa descuidada imprudencia, quemó 185 hectáreas y puso en jaque un ecosistema protegido dentro de la Red Natura 2000, ese invento que sirve para engordar expedientes y llenar folios, pero poco más.
Este individuo, al que la Guardia Civil acusa de un delito de incendio forestal imprudente, vivía en la finca rural donde se gestó la catástrofe. Allí, en San Pascual de Ibi, los agentes hallaron residuos vegetales, restos de quemas mal apagadas y vertidos de cenizas sin ningún tipo de control ni barrera de protección contra incendios. Lo que en cualquier país con dos dedos de frente sería un escándalo con responsables en la cárcel, aquí se presenta como un “accidente”, una “imprudencia”.
La Guardia Civil ha interrogado a 28 personas. Veintiocho. No se trata de una red mafiosa ni de un complot internacional, sino de vecinos, trabajadores, gente que probablemente vio o escuchó algo. Y como siempre, el rompecabezas se arma tarde y mal, cuando ya nada se puede salvar. ¿Es ese el responsable? ¿No hay nadie más arriba que sea el responsable de recortarnos de recursos ante un hecho tal?
¿Cómo es posible que un espacio natural tan valioso y protegido sea tan vulnerable? ¿Cómo puede ser que, en pleno mes de julio, con ola de calor y alerta máxima por incendios, no hubiera más vigilancia, más prevención, más recursos humanos y materiales desplegados? Si estuviéramos en otro país, tal vez hablaríamos de negligencia institucional. Pero aquí lo disfrazamos de fatalidad.
Y mientras tanto, el silencio institucional es ensordecedor. ¿Alguien ha visto o escuchado a algún cargo público asumir errores? ¿Alguien ha anunciado cambios urgentes? Más bien lo contrario: mientras arden los pinos y huye la fauna, lo que nos llega son notas de prensa, declaraciones con cautela y, eso sí, muchas fotos de reuniones.
Y mientras tanto, la Font Roja no llora: grita entre cenizas. No por las hectáreas calcinadas —que también—, sino por la impunidad que campa a sus anchas, por el abandono institucional sistemático, por esa certeza amarga de que el próximo verano volverá a arder lo que hoy aún humea. Porque el paisaje es bello, sí, pero no da votos. Y porque la memoria del monte, como la de quienes deberían protegerlo, arde demasiado rápido y se apaga demasiado pronto.
Ya basta de fingir que la naturaleza es un telón de fondo pintoresco para las fotos de campaña. Ya basta de condolencias vacías y promesas recicladas. Esto no ha sido un accidente: ha sido una negligencia anunciada. Y lo que toca ahora no es investigar por inercia, sino señalar a los responsables, exigir dimisiones si hace falta, dotar a bomberos y a Seprona de recursos, y blindar de una vez lo que queda vivo. Porque aquí no solo se han perdido árboles: se ha quemado una parte de lo que somos y lo que podríamos haber sido.