Es hora de hacer balance de como nos ha tratado el 2022.
Tras el parón forzoso de la pandemia y pudiendo haberse mejorado muchos aspectos, desde el punto de vista de los emigrantes este curso ha sido un año para repetir.
Mientras que parece que los políticos siguen en sus guerras particulares y muchas veces pueriles, hay que decir que en 2022 al menos si que ha habido algunas decisiones que desbloquean muchos de los problemas que la tercera provincia de España, la Exterior, llevaba lustros demandando.
Antes de entrar en esas leyes, tendríamos que empezar por la institución que representa ante los ministerios y el gobierno a la emigración.
El Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (CGCEE) llevaba atado de pies y manos desde el Pleno de 2018, y en 2019, 2020 y 2021 no se nos dio la posibilidad de reunirnos y parecía que desconocían la existencia de esta institución.
La representación en el nuevo CGCEE elegido en 2022 ha cambiado y mucho:
La presidencia por primera vez está en manos de una mujer con la leonesa Violeta Alonso Peláez al mando.
Hay una menor presencia de voceros de partidos políticos y mucha más representación ciudadana apartidista a pesar de un esfuerzo titánico en algunos países por colarnos a representantes políticos.
La bajada en la edad media y mayor equidad entre sexos vienen a mostrar una visión más cercana de la emigración a la que se representa y el origen geográfico de los representantes igualmente equilibran la representación de diferentes continentes (con un solo continente sin representar: África).
El nivel de actividad de esta institución ha subido y las reuniones telemáticas que antes “no se podían hacer” ahora son parte del funcionamiento normal, acorde a los tiempos.
El CGCEE puede funcionar muy bien, pero si no se nos escucha ni se articulan leyes para la diáspora, no vale para nada…y en 2022 ha habido una serie de decisiones que, por primera vez en lustros, mostraba que nuestras peticiones estaban siendo tenidas en cuenta.
La más importante de todas ellas, por su significado, es la derogación del voto rogado.
Esta derogación fue llevada a Plenos del CGCEE, a subcomisiones de la Comisión de Derechos Civiles y participación, y en muchas propuestas de consejeras generales, pero en este caso el principal actor en esta petición fue una organización apartidista: Marea Granate.
Marea Granate, de quienes hay que aprender mucho en materia de comunicación y como llegar a influir, fue la organización a la que mas se escucho llegando a tener varias ponencias en el Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre este cambio.
Mostraron cómo con esfuerzo coordinado, constante y bien enfocado se puede llegar a tener cierta influencia en medios, partidos y Gobierno.
No son la única organización que ha logrado este nivel de influencia y la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) han tenido un éxito similar a pesar de ser una organización muy joven.
RAICEX está formada también por personas voluntarias y han sido escuchados en los diferentes Planes de Retorno, o en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.
En 2022 se aprobó el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros, otra petición constante de la Comisión de Educación del CGCEE y en la que la influencia de RAICEX se hizo notar.
Y también en el último trimestre de 2022 nos sorprendió el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al dar instrucciones para que todos los españoles residentes en el exterior puedan participar en el programa de turismo del IMSERSO independientemente del sistema de seguridad social del que sean beneficiarios.
El movimiento se demuestra andando y aunque se puede andar más rápido o con más estilo los pasos van bien encaminados para poder solucionar los problemas que los emigrantes tenemos.
¿Puede que sean movimientos electoralistas? Pues bien podría serlo, pero ojalá fueran así todos los periodos electorales y en el pasado nos hubieran solucionado tantos problemas de una tacada.
Finalmente, la última alegría fue una ventana a la posibilidad de recuperar u obtener la nacionalidad española a muchos decendientes de ciudadanos originariamente españoles a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática luchada durante lustros en el CGCEE y que sin duda alguna ha de abrir la posibilidad de una Ley de Nacionalidad que sea una solución permanente.
La articulación de la disposición adicional octava de la LMD en los primeros 2 meses deja alguna que otra duda con consulados generales que deciden hacer caso omiso de la instrucción de esta ley o que están retrasando demasiado tiempo el comienzo de los tramites, y queda empañado con tramites no admitidos o casos sospechosamente aprobados en cuestión de días mostrando otra vez la subjetividad y nepotismo que en nuestras instituciones pervive.
En algunos países parece que hay un interés en frenar una instrucción que está muy clara y amplia los supuestos de opción frente a los que se contemplaban en la Ley de Memoria Histórica.
El problema son los cónsules que buscan restringir la aplicación de una Ley y en algunos países llegando a dar cómo excusa la espera por una aclaración de parte de la Dirección General de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares sobre un texto técnico producido por el Ministerio de Justicia…
…pero aun con malas praxis, diplomáticos actuando como virreyes, y lentitud en las decisiones se puede decir que 2022 ha sido el mejor año para la diáspora desde hace demasiado tiempo, y si en 2023 hay más decisiones electoralistas, se abren más aulas ALCE, no nos discriminan con fiscalidad abusiva, permiten urnas en ciudades grandes de las demarcaciones, y se suman los Consulados a las nuevas leyes de protección de nuestras ciudadanas, entonces lograran incluso convencernos de que nos tienen en cuenta.