El gobierno de Díaz Ayuso había aprobado un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas, algo que nunca ocurrió. Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida; no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por decisiones políticas y de gestión discriminatorias. Esta situación requiere que la justicia actúe para clarificar la verdad y exigir responsabilidades penales y civiles.
Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la Comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, señalando que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes, a quienes se les denegó el deber de socorro tras la publicación de los llamados Protocolos de la vergüenza, respondieron a criterios de oportunismo político y mercantilización de una tragedia
Los Protocolos de la vergüenza establecían medidas por las que para derivar a los residentes a hospitales, se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad, lo que impidió que se les atendiera en los hospitales. Esto tuvo como consecuencia que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones indignas. No hubo alternativas a los ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital creado en Ifema Madrid, para afrontar la crisis sanitaria producida por el Covid-19, no se atendió a las personas mayores y las residencias tampoco se medicalizaron. 7.291 murieron al quedar abandonados a su suerte.
El Protocolo comienza explicando que el documento recoge un Plan de actuación único para dar soporte sanitario a las residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid desde los Servicios de Geriatría de los hospitales de la Red Sanitaria Pública del Servicio Madrileño de Salud. Además, se indica que el protocolo se irá adaptando a la evolución de la pandemia. El plan pretendía: contribuir a la sostenibilidad del Sistema de Salud evitando las graves consecuencias que el colapso del mismo tendría tanto para la población afectada por el Covid-19; así como identificar a los pacientes que se beneficiaran de una derivación a centros hospitalarios por mejorar el pronóstico de supervivencia y calidad de vida.
El informe de la Comisión ciudadana por la verdad, se detiene en las cuatro guías de actuación aprobadas por el Gobierno regional entre el 18 y 25 de marzo de 2020 que establecían las razones por las cuales una persona no era llevada a los centros sanitarios, ya colapsados por la expansión del coronavirus. A los enfermos con dependencia física, deterioro cognitivo o comorbilidades (dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona.) se les negó el traslado al hospital, lo que significa para la Comisión una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida. La Comisión exhorta al Ministerio Fiscal para que cumpla con sus obligaciones dirigidas a garantizar el derecho a la verdad. Para ello, es preciso que lleve a cabo una verdadera investigación y que los fiscales actúen.
Parece que no se están cumpliendo algunos de los compromisos. Los familiares de residentes fallecidos denuncian que un año después de reunirse con el Fiscal General del Estado no se han cumplido las promesas que salieron del encuentro. Ni investigación, ni datos, ni reuniones. Por su parte la Fiscalía dice que están recopilando los datos.
La dejadez es evidente para Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare en que hasta ahora la Fiscalía no ha tenido una actitud proactiva, salvo en contadas ocasiones que, lamentablemente, tampoco tuvieron un resultado positivo para las familias. Por su propia iniciativa, al menos hasta ahora, no han investigado nada, se han limitado a escuchar a algún geriatra y a leer algún informe forense; con eso les ha bastado. La situación está exactamente igual que en febrero de 2023.
Si el Gobierno de Díaz Ayuso, hubiera adoptado otro tipo de decisiones políticas y de gestión habrían contribuido a reducir la sobremortalidad en las residencias madrileñas. 9.468 personas mayores que vivían en geriátricos fallecieron entre marzo y abril de 2020. En proporción, el 21,5% de los que entonces ocupaban una plaza. De ellos, el 77%, 7.291, lo hizo sin poder ser trasladado a un hospital. Se vulneraron sus derechos fundamentales, por unas decisiones conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo.
Hay que tener en cuenta la falta de medicamentos adecuados en las residencias. La propia Díaz Ayuso llegó a decir que ya se había ejecutado la medicalización en su práctica totalidad, aseguró la presidenta en una de las mayores mentiras que difundió sobre la tragedia de las residencias. El Gobierno de Díaz Ayuso no sólo no medicalizó las residencias, sino que incluso llamó a personal sanitario que estaba en centros residenciales para que los abandonase y fuese a trabajar a otros lugares.
El Protocolo de la Vergüenza, aprobado el 18 de marzo de 2020, y las otras tres versiones de los días 20, 24 y 25, fueron firmados por Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, que intentó rebajar la importancia del Protocolo a un conjunto de recomendaciones, no eran de obligado cumplimiento, para dar criterios homogéneos a los profesionales médicos y que éstos pudieran analizar caso por caso si se derivaba o no a un residente al hospital. El documento, de obligado cumplimiento a ojos de los juristas, prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo.
Hay que denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias que permitió la masacre inhumana durante la pandemia, debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos responsables que no actuaron por el respeto de un derecho fundamental, la dignidad (Marea de Residencias).
En las recomendaciones finales del informe de la Comisión ciudadana, urge a los poderes públicos a adoptar medidas sobre las cuestiones que han quedado pendientes, como impulsar una investigación eficaz y diligente para conocer la verdad, la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia que la Asamblea de Madrid cerró en falso, el inicio de un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados, y la mejora urgente de la dotación del sistema sanitario público. Ni Ayuso, ni nadie, puede decidir cuándo o cómo muere alguien. Decirlo es obsceno. Elevar las partidas presupuestarias y colocar a la persona en el centro de la acción política y cultural, es indispensable para Fernando Flores (del Instituto de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, e integrante de la Comisión ciudadana por la verdad)
Toda la ciudadanía en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total, aunque acudir a una residencia debe ser una elección y no una imposición del sistema. Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la atención centrada en la persona. La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad y dignidad.
Hubo tres circunstancias que hacen que la situación haya sido especialmente grave: el protocolo tan bárbaro que se aprobó para no derivar a los hospitales a la mayoría de residentes, la no medicalización de las residencias y la no utilización de medios alternativos que estaban al alcance y no se utilizaron. Los protocolos de las residencias durante la covid son la mayor violación de derechos en democracia (Manuel Rico).
La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir un caso contra el Gobierno de Ayuso por su Protocolo de la Vergüenza, de una usuaria de una residencia de Guadarrama en plena pandemia al considerar que se archivó sin una investigación eficaz sobre la falta de un adecuado asistencia sanitaria por no derivar a la paciente a un hospital. La denuncia apunta a una posible responsabilidad penal de dirigentes madrileños, entre ellos la presidenta regional y el entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero. El sistema debe impulsar las investigaciones, buscar la verdad y establecer reparaciones.
No todos hubieran muerto. El 65% de los mayores derivados a hospitales sobrevivieron. Si se proyecta esta cifra sobre los enfermos que permanecieron en residencias, podrían haberse salvado 4.000 personas. Es mentira que fuesen a morir igual. El 35% restante falleció con dignidad. Hay que exigir que se depuren responsabilidades judiciales y políticas al más alto nivel, por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva, por la muerte de 7.291 personas mayores y dependientes por la aplicación del Protocolo de la Vergüenza.
La Marea de Residencias se pregunta: ¿Algún fiscal, juez, magistrado o médico forense es capaz de asegurar la legalidad de la exclusión de derivación hospitalaria por criterios de dependencia, por estar en una residencia o por edad? ¿Entonces por qué no actúan?
Se discriminó en el derecho a la atención sanitaria y se vulneró el derecho a la vida. La denegación del deber de socorro, es un delito tipificado en el Código Penal, por lo que la justicia debe actuar para clarificar la verdad y exigir responsabilidades.