Como los medios de comunicación, esos que se auto-califican de “serios”, están a sus banderías, intentando incriminar a este o aquel político según sus propias preferencias o dependencias económicas, nada mejor que presentar una guía o una cronología de lo sucedido con la DANA y que usted mismo pueda ejercer la crítica y fijar las responsabilidades de forma, más o menos —tampoco hay que ser optimistas en esto—, racional sobre la desgracia ocurrida en las comunidades valenciana y castellano-manchega.
Primero. La AEMET debe avisar y establecer alertas por colores (amarillo, naranja y roja) para que las autoridades responsables actúen según los protocolos establecidos. Las Confederaciones Hidrográficas deben avisar si los caudales aumentan de forma desproporcionada a las autoridades según los protocolos establecidos. En lo sucedido en la Comunitat y en Castilla-La Mancha, la organización meteorológica acertó para la zona valenciana con llegada de una gota fría, pero erró con la zona manchega. En la Comunitat estableció la alerta naranja —para que lo entiendan eso es algo como “va a llover que te cagas”— al comienzo de las lluvias para pasar a la alerta roja —algo así como “el diluvio universal son lágrimas comparado con lo que se viene”—. El Gobierno valenciano tuvo conocimiento de estas alertas y debió actuar según los protocolos. En Castilla-La Mancha el nivel de alerta nunca pasó del nivel naranja por lo que las autoridades no podían poner en marcha las alertas y el protocolo de emergencias.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisó del aumento del caudal, de una pequeña bajada y un nuevo aumento considerable. Envió 195 emails a los responsables con todos los caudales durante la jornada. Y se preguntarán ustedes ¿por qué no llamaron al gobierno valenciano? Porque una llamada no queda registrada con el contenido de la misma —no se hagan sangre ustedes mismos porque saben, si tienen experiencia laboral, que todo lo que no esté escrito no existe— y ¿a quién llamaban si al otro lado igual ni había funcionario ya? El protocolo establece que se envíen los correos electrónicos y que al otro lado un funcionario de la Comunitat sea el que actúe y comunique los datos. Entonces ¿actuaron según sus funciones y los protocolos? Parece que sí.
Segundo. Una vez que se tiene toda la información y las alertas establecidas son las autoridades las que deben actuar. Desde la Comunitat no se lanzaron las alertas hasta que el agua llegaba al metro y medio en algunas localidades, allá sobre las ocho de la tarde porque, eso han contado, pasaron cerca de una hora pensando qué poner en el mensaje y porque el presidente estaba en algo relacionado con una comida y no cogía el teléfono a nadie. Se podía haber lanzado la alerta de protección civil a las cuatro-cinco de la tarde según los datos disponibles tanto de la AEMET y la CHJ. No se hizo y se dejó el nivel de emergencias en el nivel 2, pese a que se solicitó la incorporación de la UME, como ha reconocido y admitido la delegada del Gobierno central, antes de la hora de la comida.
Con todos estos datos se comprueba que no ha habido un error o fallo del sistema, el cual puede ser mejorado sin duda, sino errores de personas concretas, con nombres y apellidos. En ese ínterin el agua se llevó por delante personas, industrias, vehículos y demás infraestructuras. Nadie pudo prepararse para lo que se venía. La cantidad de agua que llegaba no hubiese desaparecido, que algunos medios parecen dar a entender que sí, pero las personas podrían haber prevenido mejor las consecuencias, como bien se ha demostrado con las alertas y la gestión de otra gota fría en Andalucía. Hasta aquí queda claro que la responsabilidad de las desgracias generalizadas —lo infraestructural es evidente que solo cabe como anotación de la naturaleza— queda en la parte de la Generalidad Valenciana. No así en en Castilla-La Mancha donde la AEMET no supo prevenir y estimar el nivel de la DANA.
Tercero. Ahora es cuando se entra en un terreno donde la subjetividad hace su aparición, pero la lógica puede servir para buscar quién sí y quién no ha hecho su trabajo. Toda vez que el gobierno valenciano no ha pasado al nivel 3 de emergencia, desde el gobierno central se han lavado las manos no haciendo uso de la posibilidad que le confiere la legislación por encima de los protocolos de emergencias. O lo que es lo mismo, no ha querido declarar el estado de emergencia en la zona dañada y tomar el mando de las actividades. Carlos Mazón, al menos en su primera comparecencia, declaró que no quería que Pedro Sánchez metiese sus manos en la post-DANA, luego ha ido diciendo una cosa y la contraria según le conviniese. ¿Debería Sánchez haberse hecho con el mando? Vista la actuación y la desaparición de Mazón durante el momento crítico, hubiese sido lo conveniente, entre otras cosas porque la gestión posterior, pese a la lentitud y precaución que debe tener en los primeros días, no parece haber sido la mejor.
A todo el mundo le ha parecido que Sánchez y Mazón han estado jugando sus cartas por encima de la necesaria probidad gestora que requería la situación. En otras ocasiones el presidente de la comunidad ha mantenido el control pero el diálogo y la colaboración entre administraciones, incluso siendo de distintos partidos, no ha tomado el carácter partidista y polarizador que en esta ocasión. Es posible que que esa pelea haya retrasado o perjudicado la mejor actividad de personal cualificado y voluntariado. Dando igual quien hubiese tenido el control en el momento postdesgracia, se ha observado que el diálogo y la colaboración ha sido bastante precaria. Unos no pidiendo refuerzos porque no querían quedar como Cagancho en Almagro (aunque han quedado marcados), otros porque no han tenido as agallas para dar el paso de tomar el mando o han ido ralentizando las ayudas para perjudicar al presidente valenciano y favorecer a una protegida de Sánchez.
Cuarto. Queda analizar si las consecuencias hubiesen sido diferentes de haber estado más limpios, teniendo en cuenta que las alertas no se activaron. Es indudable que el ecologismo radical viene impidiendo la limpieza de cauces de ríos, barrancos y ramblas porque se perjudica a una fauna mínima o ha decidido que este o aquel matorral es bueno para el medioambiente. Vamos como aquella caca de lince que impidió durante décadas construir una carretera cerca del pantano de san Juan. Durante los últimos días se ha podido contactar con alcaldes y concejalas de distintos municipios de España, donde hay arroyos y ramblas peligrosas, y todos, de distintos partidos, han confirmado que se les impide sistemáticamente por las Confederaciones Hidrográficas actuar en la adecuación de los cauces (salvo para quitar neumáticos, condones y electrodomésticos).
Aquí es donde aparece Teresa Ribera y su ecologismo radical. ¿Es culpable de no permitir la limpieza? Sin duda. Toda esa política de persecución de munícipes que han emprendido en los últimos años por estas cuestiones han impedido que esos cauces estuviesen más limpios, lo que ha generado un mayor destrozo al llegar la riada. Tampoco han presentado proyecto de ingeniería alguno de adecuación, pese a la existencia de seres humanos en las zonas, además de siete animales, de todos esos cauces mediante algún tipo de cortapisa o limitación. Tampoco se hizo durante los años de gobierno de Mariano Rajoy y Ximo Puig.
Es curioso como se dice que José Luis Rodríguez Zapatero echó para atrás el plan nacional de infraestructuras hídricas, pero se saltan los años de gobierno de Rajoy, para echar la culpa a Sánchez y Ribera. Es patético escuchar a Carlos Herrera, por ejemplo, y los demás secuaces que pululan por allí señalando como culpable de las muertes al gobierno central por no haber hecho unas obras —hay que pensar que Sánchez ha pasado la mayor parte de sus años de gobierno sin presupuestos—, algo que tampoco habría estado listo para los sucesos, mientras que la “operación salvar a Mazón” se pone en práctica. Según lo expuesto anteriormente, la cronología deja claro que sin las alertas, por mucha limpieza que hubiese, muchas personas habrían quedado anegadas y atrapadas por el agua. Todo lo de Ribera apesta a juego político de la más baja estofa porque se ríen de los muertos aún húmedos.
Sánchez ni ha aparecido por Letur en Castilla-La Mancha. Sí acudió Alberto Núñez Feijoo para preocuparse y apoyar al presidente Emiliano García-Page. Parece como si le molestase acudir a un pueblo perdido en las montañas albaceteñas, o es quiere dejar de lado al presidente regional porque es el único que le dice las cosas a la cara dentro de su partido. Como es un lugar en el cual no va a sacar rédito político parece que ni existe, entre otras cosas porque el presidente manchego sí ha hecho las cosas como se debe hacer y sin peleas con la oposición —algo complejo cuando el PP tiene al más pazguato de los presidentes regionales—.
¿Responsabilidades? Todos tienen las suyas y todos deberán, en distinto nivel, responder por ellas. Como dimitir no es un verbo que esté en el diccionario de esta clase política, debe quedar claro en qué nivel podían y/o debían actuar y no lo hicieron o lo hicieron de forma partidista o errónea. Que un presidente no responda llamadas durante cuatro horas porque está en una comida de placer, porque negocio parece que no había (ahora aparecen los de El debate a hacer una crónica llorona de la familia del presidente), y no lance la alerta para ir por lo penal contra él. Que otro presidente no sepa qué hacer y que toda su acción se fundamente en lo partidista, es para pedir la dimisión o no votarle más en la vida —aprovechando la DANA van a meter otra estocada monetaria a los autónomos y a los más pobres como los parados—. Que la clase política no piensa a futuro sino a lo que digan las encuestas y por ello destinan el dinero público a chiringuitos de todos los partidos y no a inversiones productivas, se sabe desde hace tiempo. Ahora, cada cual que culpe a quien quiera o no, pero con datos medianamente objetivos, no porque toca o es del bando contrario.