En un giro de guion previsible, pero inédito, para estirar un sumario que se ha ido vaciando de contenido y recorrido judicial, el taimado juez Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar para el día 30 al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo, en relación al caso que instruye contra su compañera Begoña Gómez. Declaración que pretende realizar en el Palacio de la Moncloa, aunque el jefe de Gobierno tiene derecho a declarar por escrito. El motivo judicial aclarar los negocios de su compañera, el político es evidente. Lo que ansiaban PP y Vox, que sin perder un minuto se han tirado a degüello. Sin embargo, Peinado no ha dado ninguna explicación sobre su presunta utilización de dos DNI diferentes, a su nombre y con distintos números, para obtener un abultado patrimonio, tal y como consta en el Registro Oficial de Propiedad, según la información, esta sí documentada, publicada por un medio digital. Ni él ni ningún órgano judicial del que depende, ha dicho ni mu.
La cacería comenzó cuando el 9 de junio abrió un sumario con la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias —condenado en 2021 por extorsión de sus directivos a bancos y empresas— con recortes de la información publicada en dos medios digitales, sobre un presunto delito de tráfico de influencias de Begoña Gómez. Noticia que publicaron sin el aval de ninguna fuente referencial o testigo. Denuncia a la que se sumaron, Vox y la asociación ultra católica y ultra conservadora Hazte Oír, con el beneplácito de Peinado que, de este modo, se saltó a la torera la jurisprudencia de la Sala de Penal del Supremo que en 2014 resolvió que una información mediática, si no va acompañada de otras pruebas, no es suficiente para abrir una causa penal contra nadie.
No obstante, el juez tiró para adelante y pidió un informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, que descartó que BG influyera en el rescate de Air Europa con un crédito concedido por el Ejecutivo, como hicieron otros Gobierno en Europa con otras líneas aéreas, por las pérdidas generadas por la pandemia del Covid. Influencia que descartó ante el juez el CEO de Glovalia, empresa subsidiaria de la línea aérea, quién negó haber pagado en contrapartida 40.000 euros a la ONG África Center, dependiente del Instituto de Empresa y dirigida por BG.
Previamente, el 10 de junio, la Fiscalía de la Unión Europea —responsable de vigilar posibles fraudes en la gestión de fondos públicos europeos—, comunicó al juez que asumía la investigación relativa a los 10 millones de euros de ayudas recibidas por una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, a quien BG firmó una carta de recomendación para los concursos públicos a los que la UTE se quisiera presentar, práctica habitual a la que recurren multitud de empresas para respaldar sus ofertas. La decisión de la Fiscalía de la UE, provocó que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez Peinado desechar el resto de hechos denunciados por Manos Limpias, Vox y Hazte Oír, por considerarlos simples conjeturas llenas de datos erróneos e inverosímiles.
Peinado, otra vez, no se dio por enterado y giró la investigación a las adjudicaciones recibidas por la UTE de Barrabés, solicitando un segundo informe a la UCO, que tras analizar seis expedientes de adjudicación concluyó que no hay indicios de delito ni irregularidades. Todo ello después de que Barrabés declarara como testigo ante el juez, que se reunió una vez en Moncloa con BG, en la que el Presidente entró un momento a saludar; y confirmó su asistencia a una reunión en Moncloa de un grupo de empresarios con Pedro Sánchez. No contento con la declaración, Peinado le vuelve a citar ahora como imputado.
Cuando parecía evidente que el caso no tiene —desde su origen— ningún recorrido judicial, apareció la Universidad Complutense pidiendo al juez que haga una investigación —como su fuera su investigador privado— y averigüe si se ha producido algún perjuicio económico a la Universidad; aunque en su petición afirma que en una investigación interna no se ha encontrado ninguno, como confirmaron ante Peinado el Rector y dos Vicerrectores; después de acusar a BG de negarse a presentar un informe sobre la creación de un software, con el nombre del máster que ha venido dirigiendo durante cuatro años en la Complutense. Mentira descubierta al publicarse en un medio digital el texto de un correo electrónico de la propia Universidad, que confirma que el Vicerrector se negó a recoger el informe que BG le presentó, un día antes de que éste declarara ante el juez. Testimonios que han llevado a Peinado a citar el Rector como imputado.
Pero da igual, Feijóo ya la había condenado en el Congreso cuando utilizó esa mentira en su réplica al Presidente, al afirmar: La Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Suma y sigue, en este proceso espurio, convertido en una ordalía inquisitorial sin final y prospectiva: abrir una investigación a la búsqueda sin límite en el tiempo de posibles delitos en la trayectoria profesional de una persona. Actuación judicial prohibida por el Tribunal Supremo a la que el juez Peinado hace oídos sordos para continuar la instrucción de un sumario al que cualquiera puede aportar su granito de infamia. ¿Por qué ningún órgano judicial quiere pararle los pies en sus desmanes judiciales? ¡Que pase el siguiente!