Lo que estamos sabiendo de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García es desolador para la izquierda, no solo por la corrupción en sí, sino porque es poco creíble que nadie supiera nada. Estas tramas precisan de muchos colaboradores y sospecho que caerán otros altos cargos, lo cual será el fin de este Gobierno. Pero lo que a mí me ha causado un impacto más terrible de todo lo que ha sucedido desde 2018, y lo desligo por completo de la corrupción del PSOE, es la oposición que ha llevado a cabo el PP, que es antidemocrática y desleal. Hay muchas cuestiones por las que criticar al Gobierno de Sánchez, pero la oposición del PP no ha profundizado en eso. Empezaron la legislatura llamando “ilegítimo” a un gobierno que nació de los votos de los españoles, lo cual es impugnar la democracia en su conjunto, y ese ejercicio de deslegitimación, que incluye un discurso de odio contra el presidente del Gobierno no ha cesado hasta ahora. El Gobierno nace de un Parlamento que se forma a su vez con nuestros votos. No hay mayor desprecio a España y al propio sistema democrático que no reconocer un gobierno. Feijóo, tal como Casado hacía, está en esa oposición ridícula de considerar que nada de lo que hace el Gobierno es positivo. Se condena todo lo que el Ejecutivo y sus socios propongan o saquen adelante. Hace un par de meses, Cuca Gamarra dijo “nos fiamos de Sánchez casi tanto como de Putin”. ¿De verdad? ¿Sánchez es lo mismo que alguien que ha matado o encarcelado a la oposición democrática rusa? Es un despropósito continuo, una postura reduccionista e infantil, y solo por esa irresponsabilidad, más allá de la cuestión ideológica, debemos desconfiar de los populares. El PP se sube a lomos de lo que sea con tal de llegar a la Moncloa, y parece que lo va a hacer por la puerta de atrás porque llegará por deméritos de sus adversarios y no por sus propuestas de país. Esa deslealtad en la manera de hacer oposición nos priva, además, de un debate serio acerca de las políticas del Gobierno en materia de vivienda, sanidad, educación, precariedad laboral, cambio climático, cuestiones territoriales y un largo etcétera. Creo que todos percibimos que, dado su historial más reciente, no parece que al PP le preocupe la corrupción por razones éticas. De ser así, sería mucho más inflexible con los casos que le afectan. Lo que realmente nos tememos es que la corrupción no sea para los populares un gravísimo problema a erradicar, sino el factor que consideran les llevará a la Moncloa debido al desgaste que el PSOE terminará acusando.
¿Cuántos años llevamos sin ver un solo debate serio en el Congreso acerca de los problemas que afectan a España? No olviden que, de forma inexplicable, en los medios no se habla de la buena salud de la economía española en cuanto a exportaciones y cifras de empleo (pese a las lacras de la precariedad y la carestía de la vivienda), sino de problemas generados por el PP con el fin de crear ruido y confusión. Tampoco olviden que todo nace de la necesidad de los populares de tapar con estos casos el entorno de corrupción de Ayuso. Y tampoco olviden que la denuncia que el Partido Popular presentó en octubre del pasado año, acusando al partido de Pedro Sánchez de presunta financiación ilegal (sin la menor prueba), cohecho y tráfico de influencias, fue firmada por Alberto Durán Ruiz de Huidobro, acusado de presuntamente destruir los ordenadores del extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, durante la investigación sobre la llamada Caja B de los populares. El PP tiene prisa por llegar a la Moncloa, pero esa urgencia no tiene nada que ver con los intereses reales de los españoles. En realidad, hay un asunto fundamental que requiere una explicación: con Felipe González, ese expresidente que se pasea por las televisiones para darnos consejos como si hubiera liderado el país durante una época dorada, la inflación nunca bajó del 4,5% (con picos del 14%) y el paro del 16% (con picos del 24,55%). La segunda legislatura de Zapatero fue un completo desastre económico de principio a fin. Todo esto ayudó a crear en nuestro país el axioma de que el PSOE hunde la economía, mientras que el PP la levanta. Esto se rompe de forma contundente con el Gobierno de coalición de Sánchez: España es el país de Europa que más empleo crea; nunca había habido tantas mujeres trabajando y tantos inmigrantes afiliados a la seguridad social; las exportaciones crecen cada año de forma constante y el turismo aumenta también. Con todas estas cifras sobre la mesa, por las cuales el PP sacaría pecho, es normal que los populares no debatan en el Congreso sobre el estado real de nuestras finanzas y esa es la razón de que haya tanto ruido: porque un escenario dominado por la confusión les resulta más cómodo que reconocer una realidad que no encaja con su relato.
Que Santos Cerdán y Ábalos sean corruptos no significa que el Gobierno no esté siendo objeto de una campaña antidemocrática por parte del PP y VOX, algunos pseudomedios y varios medios tradicionales. Hay campañas de bulos organizadas de forma sistemática desde radios ultraderechistas, perfectamente coordinadas con periódicos digitales subvencionados por la Comunidad de Madrid. Se amparan en la libertad de expresión, pero es el pretexto para mentir. Medios que falsifican sus datos de audiencia y número de lectores de manera habitual lanzan noticias sin fuentes, rumores no confirmados (que ellos mismos crean y amplifican), titulares en condicional y otras cosas que se enseñan en primero de periodismo como prácticas indeseables contrarias a la deontología periodística. A esta campaña se ha sumado el PP, que debería condenar toda información falsa, pero con tal de llegar a la Moncloa da crédito a todo. Un ejemplo es lo que sabemos de esos dos votos que Cerdán ordenó a Koldo García meter en una urna. Es solo eso, no demuestra nada en absoluto respecto al resultado de las primarias del PSOE de 2014 (que también deberían ser investigadas), pero desde el PP ya se está diciendo sin rubor que esas primarias fueron amañadas. Esta forma de proceder no es casual: Feijóo, con toda su verborrea pretendidamente responsable y democrática creó en Galicia un sistema de medios de comunicación que reciben subvenciones en la medida en que se alineaban con el discurso de la Xunta. Todo eso se hizo sin concursos públicos ni transparencia, y esa réplica es lo que nos espera si los populares vencen en las elecciones generales.
El día del espectáculo de Leire Díaz y Aldama (el de esta militante es otro episodio que el PSOE no ha explicado), a los pocos minutos de la irrupción del segundo en la sala, el programa de Ana Rosa Quintana contactó con él para que interviniera en directo, permitiéndole lanzar acusaciones sin que nadie lo cuestionara. Este tipo de cobertura de la información no es periodismo, sino espectáculo y, en este caso concreto, una plataforma para que un empresario investigado por múltiples casos de corrupción en los que se manejan cifras astronómicas difunda su versión sin contrastes ni pruebas. Lo que se dice en televisión pasa de ser anécdota a categoría, y estas cosas van calando en la población. La presencia de Aldama en un programa de gran audiencia no fue casualidad: quienes lo invitaron sabían que sus declaraciones contribuirían a erosionar la imagen del Gobierno. Aldama siente una angustia enorme porque sabe que puede pasar años en prisión, y todo lo que dice está dirigido a mejorar su situación procesal. Sospecho que cuando mentó a Feijóo lo hizo porque en este tiempo tan oscuro cree que será indultado como lo fueron los asaltantes del Capitolio en Estados Unidos. Es una ingenuidad esperar eso del líder del PP. Feijóo es un ejemplo del “servidor” público de nuestros días, un triste y pusilánime burócrata incapaz de impedir injusticias sociales y mucho menos de tratar de evitar los años de prisión que esperan a Aldama.
Lo que ha sucedido con el fiscal general del Estado es un ejemplo de la ofensiva desde los tribunales. En el auto se dice que el fiscal ha actuado por orden del Gobierno, cosa que es opinión del juez porque se afirma sin indicios. No hay una sola prueba de que el Fiscal haya filtrado información sobre el novio de Ayuso. Todo se hace para que cuando se celebre el juicio pueda decirse que el fiscal actuó obligado por el Gobierno. El relato debe prevalecer sobre la realidad, como manda el manual de la ultraderecha del siglo XXI. Este juez fue el que emitió un voto particular en la Audiencia Nacional después de la sentencia sobre el caso Gürtel, en el que discrepó de la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, al considerar que el PP no debía ser condenado porque, según su criterio, la trama de corrupción operaba "a espaldas del partido" y no se podía demostrar su implicación directa. “A espaldas del partido” incluso cuando altos cargos del PP cobraron sobresueldos, la sede de Génova se pagó en dinero negro y fue probada la existencia de la caja b. Posteriormente, este juez ascendió al Tribunal Supremo con el apoyo del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el PP conspira dentro del mundo judicial, lo hace con intención clara.