No es nuevo ni sorprendente. Una vez más, el aforamiento —esa figura jurídica que en teoría protege la función institucional y no a la persona— vuelve a ocupar titulares. El último ejemplo lo protagoniza el presidente de la Diputación de Badajoz, cuyo supuesto intento de lograr un aforamiento ha sido interpretado por muchos como un blindaje preventivo ante posibles consecuencias judiciales. No se trata de una novedad, pero sí de un síntoma persistente: el uso estratégico del fuero como escudo frente a una posible rendición de cuentas.
Bajo el conocido eslogan comercial del “Todo a Cien”, vivimos tiempos en los que el aforamiento ha dejado de ser una garantía excepcional para parecer haber encontrado un eco particular en determinados entornos políticos.
Ahí está el caso de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, quien el pasado 29 de mayo tomó posesión de su escaño en la Asamblea regional, rodeado de una notable expectación mediática. Su situación judicial aún está por definirse, y su llegada al Parlamento regional ha sido leída, por más de uno, como una posible vía para acceder a esa protección procesal que ofrece el aforamiento.
Pero si hay un episodio reciente que ha encendido todas las alarmas, ese es el “affaire Ábalos”. El exministro se ha visto envuelto en un escándalo de presunta corrupción. Su partido le ha pedido que entregue su acta de diputado, pero él se aferra al escaño, consciente de que este le otorga un fuero especial ante la justicia. Argumenta que busca preservar su honorabilidad y su derecho a la defensa, pero la impresión dominante es que intenta ganar tiempo y distancia del juez natural. Corren rumores sobre una mutua conveniencia: ni él ni su partido parecen interesados en abrir completamente esa caja de Pandora política.
Surge una pregunta: En una democracia madura y transparente, donde existen garantías procesales robustas, pero una opinión pública “cuasi vigilante”, ¿es realmente necesario que un excesivo número personas —entre parlamentarios, altos cargos y otras figuras— estén sometidas a una jurisdicción especial?
Numerosos constitucionalistas han levantado la voz: Pedro Cruz Villalón ha afirmado con claridad que “el aforamiento solo tiene sentido en contextos donde se pretende proteger la independencia funcional de los altos cargos, no blindar la irresponsabilidad política”.
Por su parte, María Emilia Casas ha defendido que su existencia debería ceñirse a aquellos cargos que ejercen funciones con alta exposición institucional, y solo por el tiempo estrictamente necesario. Más allá de eso, se convierte en privilegio. Y el privilegio, en democracia, es veneno.
Además, existen ejemplos de cómo esta figura se ha pretendido utilizar con fines muy distintos de los originalmente previstos. El aforamiento automático de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recordando que los fueros no deben extenderse En 1990, el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucional de manera acrítica ni convertirse en norma general.
EL Parlamento Europeo tampoco escapa a estas distorsiones. En diciembre de 2022, el “Qatar Gate” sacudió sus cimientos institucionales. El escándalo tenía todos los ingredientes de una novela negra: maletines llenos de efectivo, tramas de sobornos, injerencias extranjeras y detenciones en pleno corazón de Bruselas. La entonces vicepresidenta del Parlamento y otros diputados fueron detenidos y pasaron varios meses en prisión preventiva. Un año y medio después, el asunto ha desaparecido prácticamente del debate público, envuelto en el olvido institucional y la selectiva amnesia de los partidos.
Por tanto, más allá de la letra constitucional o del argumento histórico, la sociedad exige una revisión seria. La inmunidad parlamentaria y el mecanismo del suplicatorio ya ofrecen suficiente protección frente a procesos espurios o arbitrarios. Añadir un aforamiento solo contribuye a reforzar la imagen de impunidad y alimentar el descrédito de la clase política.
Resulta urgente, y aquí lanzamos un “aviso a navegantes”, para acometer una reforma profunda, técnica y desideologizada del sistema de aforamientos. No se trata de debilitar las instituciones, sino de fortalecer su legitimidad. Y esto no se logra multiplicando privilegios, sino garantizando igualdad ante la ley. La transparencia no debería asustar a quien actúa con honestidad.
Los ciudadanos están cansados también de los blindajes en el mundo de la Política, y es precisamente ahí donde el Estado de Derecho empieza a tambalearse: cuando el fuero se transforma en coartada y la excepción se convierte en norma.
Cabe afirmar que mientras el aforamiento se mantenga como refugio del privilegio, y no como garantía, este tipo de situaciones alimenta una pregunta legítima: ¿sigue teniendo sentido el aforamiento tal como está concebido hoy en día? y, será legítimo y necesario seguir cuestionándolo.