¡Ay, Alicante, Alicante! Qué espectáculo más sublime el de tus políticos, qué función tan digna de una tragicomedia medieval. Si José Saramago viviera, aquí encontraría material para otra obra inmortal. Porque, claro, ¿qué mejor solución para la pobreza que multarla?
Aplaudan, queridísimos paisanos, que en esta ciudad hemos decidido que el hambre y la miseria no se combaten con derechos ni con recursos, sino con sanciones. ¡Bravo! ¡Qué audaz manera de limpiar las calles de indigentes y mujeres en prostitución! No dándoles un techo, no dándoles oportunidades, sino regalándoles multas. Resulta irónico que Alicante siempre esté entre las ciudades más sucias de España.
La Ordenanza de Convivencia Cívica, aprobada en 2022 con el entusiasmo de PP, Ciudadanos y Vox, es la joya de la corona. Un reglamento que ni siquiera intenta disimular su clasismo. ¿Qué convivencia puede construirse a base de multas? ¿Qué cívico puede ser un sistema que castiga la pobreza en lugar de combatirla? Unidas Podemos alzó la voz, claro, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tuvo la decencia de anular los artículos más vergonzosos en 2023. Pero, ¡ay!, ahí estaba el señor Villar, portavoz municipal, proclamando con la seriedad del funcionario tintillero: "Todo se tramitó correctamente". Correctísimo, señor Villar, como las casas de tolerancia de otrora. Ahora la sentencia está recurrida al Supremo.
Y, mientras tanto, los de siempre pagando el pato. Porque aquí hay dinero para fuentes que no riegan, para rotondas ornamentales y para monumentos que nadie pidió, pero no hay un céntimo para dar techo a un sintecho. ¡Qué ironía más sangrante! ¿Por qué no multar también al sol por salir sin permiso, o a los pájaros por cantar sin licencia? Es más o menos la misma lógica. Pero no se engañen, esto no va solo de Alicante. Este es el retrato de un país que invierte más en esconder sus miserias que en resolverlas. ¿Quieren combatir la explotación sexual? Multen a los proxenetas y a los puteros. ¿Quieren justicia social? Empiecen por redistribuir la riqueza, no por castigar a los que menos tienen. Pero claro, eso no queda tan bonito en los folletos turísticos.
¿De los burdeles y los pisos turísticos hablamos otro día? ¿Los burdeles de la Avenida de Denia, por ejemplo, también les preocupan al consistorio? ¿O si no se ve no altera la convivencia? Permítanme que les recuerde que España es líder en consumo de prostitución y que uno de cada tres hombres ha pagado por sexo. El último gran golpe contra la esclavitud -ahora le dicen ‘la trata de mujeres’ para su explotación sexual- destapó una red que alquilaba pisos turísticos en varias provincias, entre ellas Alicante, y recorría España con las víctimas para ofrecer sus servicios. El melón del estatus de la prostitución habrá que abrirlo en algún momento. La alegalidad es la mejor aliada para los proxenetas. Así, cuatro siglos más tarde, sor Juana Inés de la Cruz sigue tan vigente: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga, o el que paga por pecar?”.
La convivencia no se legisla con multas. Se construye con políticas reales, con empatía, con humanidad. Pero, ¿y eso? Eso no se puede legislar. Ni se puede fotografiar. Ni se puede vender. Así que seguimos aquí, asistiendo a este espectáculo grotesco donde los más vulnerables son siempre los villanos y donde la verdadera miseria no está en las calles, sino en los despachos que las gobiernan.