Llevo un par de años sufriendo un acoso continuo. Tengo un apartamento que utilizo para escribir y pasar el verano. NO TIENE ASCENSOR. Lo pude comprar porque la mujer del propietario anterior ya no podía subir las escaleras. De lo anterior se deduce que yo sabía perfectamente lo que compraba: un lugar que tendría que abandonar si algún día me encontraba en la misma situación que los anteriores propietarios.
Se trata de la típica segunda residencia en la sierra de Madrid que con el paso de los años ha pasado a ser primera residencia de cada vez más familias.
Todos sabíamosde la imposibilidad de instalar un ascensor porque la escalera sólo mide un metro y el hueco de la misma apenas cuarenta centímetros.
Si se cortase la escalera ya nadie podría volver a subir un frigorífico o un sofá a su casa, excepto contratando una grúa que tendría el acceso dificilísimo o casi imposible porque los edificios están separados de la calle por zonas ajardinadas. En suma, y repito: TODOS SABÍAMOS QUE SI ALGÚN DÍA NO PODÍAMOS SUBIR TENDRÍAMOS QUE VENDER Y BUSCAR OTRO SITIO.
Aún así de vez en cuando algún vecino hacía amago de intentar convencer al resto para cortar la escalera y hasta iban al ayuntamiento correspondiente a preguntar si la obra era factible. Siempre les decían que no, de ninguna manera.
Pero sucedió que hace un par de años entraron nuevos inquilinos (pagando el precio del apartamento un 20% por encima de mercado) y al menos uno de ellos decidió convertir la instalación del ascensor en la gran batalla de su vida. Es una historia larga que daría para una novela o una obra de teatro o serie; no sería la primera inspirada en una comunidad de vecinos.
Entiendo perfectamente la ambición de quien compra un tercero sin ascensor y quiere convertirlo en un tercero con ascensor. Entiendo también a las personas que no quieran trasladarse, para veranear o vivir, a otro sitio; aunque sabían lo que compraban. Y entiendo también que en la vida cada uno mira por lo suyo: si se perjudica a la mitad de los vecinos pero la otra mitad nos beneficiamos, ¡qué les den a los perjudicados! Así que fueron insistiendo e insistiendo, y encontraron la respuesta de siempre: NO ES POSIBLE. Hasta que en el ayuntamiento hubo un cambio de gobierno y también de arquitecto. Y este nuevo arquitecto, tras muchas negociaciones con la empresa que había buscado el grupo de vecinos que quería el ascensor a cualquier precio, decidió que sí se podría hacer: flexibilizando las medidas y aunque no cupiese en la caja una silla de ruedas estándar (sólo una infantil y muy justita). El siguiente episodio fue una junta convocada apresuradamente; a mí la carta me llegó por correo el día siguiente a la celebración de la misma. Se nos comunicaba que la instalación, al haberla pedido varios vecinos mayores de 70 años era OBLIGATORIA (con esas mismas mayúsculas venía escrita la convocatoria amenaza), que sólo quedaba hablar de cómo pagábamos la obra entre todos y hasta le pidieron al administrador que no comentase que la licencia aún no había llegado pues tenían intención de empezar la obra inmediatamente.
Cuando alguien quiere algo por encima de todo… no duda en bombardear a la población civil (lo vemos en el telediario todos los días).
Y eso es lo que está pasando en la pequeña comunidad donde está mi muy preciado apartamento. Estamos siendo bombardeados económica y moralmente, acosados y engañados. Los dueños de los terceros quieren su ascensor a cualquier precio. Sobre todo si la mitad de ese precio la desembolsan los vecinos que no lo quieren, que se van a encontrar con un gasto mensual por mantenimiento toda la vida, y a los que incluso les será más difícil vender sus casas porque los gastos de comunidad en una urbanización modesta de las afueras son importantísimos a la hora de decidir.
La leypermite este acoso. Y de algún modo hasta lo propicia. A la ley no le preocupa nuestra guerra civil (¡que se maten entre ellos!) Basta con que haya un mayor de 70 empadronado, o un minusválido. Aunque toda ley tiene un espíritu, y también lo tiene el artículo 10.b de la LPH que manifiesta claramente al puntualizar que A QUIEN NO QUIERA EL ASCENSOR SÓLO SE LE PUEDE OBLIGAR A PAGAR COMO MÁXIMO EL EQUIVALENTE A DOCE MESES DE CUOTA ORDINARIA. Si son cien euros al mes, serían mil doscientos lo que se podría obligar a pagar a los vecinos. La diferencia tendrían que pagarla quienes hayan pedido la instalación del ascensor. Y también explica la ley que si la subvención que concede la comunidad autónoma de turno no llega al 75% no es obligatorio hacer la obra. Doce mensualidades. Pero los que están dispuestas a abusar de los otros piensan que eso no es suficiente, y se atreven a citar a un magistrado del Supremo, Magro Servet, e interpretar su doctrina caprichosa y falsamente, pues dice Servet que las doce cuotas que deben pagar los obligados pueden ser divididas en un mayor número de años. Es decir, que si en total los vecinos obligados deben pagar 1200 euros (imaginemos una cuota de 100 al mes), esos 1200 euros se pueden dividir en un número mayor de años y no hace falta que se paguen inmediatamente. Está clarísimo: Servet se explica perfectamente. Pero los que quieren forzar a sus vecinos, hacer su voluntad a cualquier coste, han decidido que no, que se les pueden cobrar durante todos los años que se quiera la cuota doble; y en esa cantidad también deberíamos pagar el 5% de interés del préstamo que pedirían ellos. ¿Es maldad, es cinismo, es locura? No sé. Lo que sí resulta es repugnante, porque evidencia que hay quien quiere ese ascensor a cualquier precio. Engañando, presionando y acosando. Bombardeando a quien haga falta. Por caminos torticeros y aprovechando la ingenuidad y buena fe de los comuneros, que HABÍAMOS APROBADO POR UNANIMIDAD LA INSTALACIÓN DE UNA SILLA SALVAESCALERAS. Inmediatamente después de esa prueba de buena fe buscaron una empresa para que pidiese la licencia de obra (no para ejecutarla de verdad, sólo para saber si era posible hacerlo; así nos lo dijeron).
Es un disparate brutal que un ley permita a unos vecinos meter la mano en el bolsillo de otros, que les obligue a un gasto de por vida, cuando todo el mundo sabía lo que estaban comprando. SI UNA OBRA ES OBLIGATORIA QUIEN OBLIGA DEBERÍA SUBVENCIONARLA AL CIENTO POR CIENTO. Y si una obra, como es el caso, inutiliza parcialmente el uso de la pieza más fundamental de un edificio: LA ESCALERA, habría que indemnizar también a los perjudicados.
Lo más grave para mí no es el dinero. Ni siquiera que el corte de la escalera destrozada implique que podamos morir si hay un incendio y los bomberos no puedan utilizarla con garantías para bajar una camilla y rescatarnos. Para mí lo grave, lo que le reprocho a la ley, es que al utilizarla se ha llegado a un deterioro brutal de la relación entre los vecinos.
Éramos una comunidad magnífica; he presumido de ella cientos de veces en conversaciones y artículos. Ahora somos Israel y Gaza. Armados hasta los dientes y mirándonos con cara de perro. Los que no quieren ascensor, y yo me he sumado a ellos porque creo que tienen la razón, han contratado a un abogado. Es la guerra. Una guerra civil. En una comunidad de vecinos. Porque alguien quiere conseguir que suba de precio de su casa, o para regodearse por haber comprado a un precio más barato que se hubiese elegido un edificio con ascensor (alrededor hay muchísimos). O quizá por otros motivos más clásicos: porque el precio de los dos ascensores, en realidad plataformas elevadoras pues son eléctricas y funcionan muy despacio, asciende a casi doscientos mil euros.
Poner un ascensor en Madrid cuesta 30.000 euros con una empresa nacional y 40.000 con una de prestigio internacional. La diferencia es enorme; incluso si hay que cortar escaleras. Piensa mal y acertarás.
En suma, que ganará el más fuerte. Como en todas las guerras. Algunos se harán más ricos, también como en todas las guerras. Y habrá víctimas: todos los vecinos de los primeros pisos, y muchos de los segundos, amén de los posibles muertos si ocurre una desgracia; pero a nadie le importará un pepino. Mucho menos al legislador que ha redactado una ley que permite meter la mano a unos en los bolsillos de otros, únicamente porque tienen la mala suerte de ser sus vecinos.
(Las comisiones por la instalación de un ascensor, me cuentan mis compañeros en la carrera de Derecho, son legales. Al menos habrá alguien al final de esta pequeña guerra-en la que estoy entre las víctimas y con las víctimas- que se sentirá contento y será más rico).
La ley, hipócritamente, finge cuidar al anciano y minusválido pero permite que una parte de la comunidad acose y perjudique a otra. Y escribo “finge” e “hipócritamente” porque en Madrid cada vez hay menos taxis para llevar a personas con silla de ruedas, pues no están subvencionados.
Yo formé parte -lo juro- durante casi veinte años de una maravillosa comunidad de vecinos.