Los magistrados dan carpetazo a la causa, critican con contundencia el “fraude de ley” del instructor para seguir investigando a Puigdemont y le advierten de que si no cumple con sus órdenes puede terminar encausado.
La Audiencia de Barcelona ha estimado los recursos de las defensas del caso y ha revocado la decisión del juez Joaquín Aguirre de seguir investigando las supuestas conexiones del Kremlin con el procés. En una resolución, los magistrados afean el subterfugio procesal del juez instructor para mantener abierta la causa, en contra de las instrucciones claras que le habían dado para archivarlo.
A lo largo de doce páginas, los magistrados de la audiencia no se ahorran reproches a la decisión de Aguirre de mantener abiertas las pesquisas. El encadenado de críticas de los magistrados de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona al instructor es inusual en una resolución judicial. Más excepcional aún es el propio aviso del tribunal a un compañero de que si persiste en seguir investigando la trama rusa puede exponerse a responsabilidades, que no se concretan si serían disciplinarias o penales. El juez Aguirre ha solicitado jubilarse voluntariamente el próximo 15 de enero, a los 66 años de edad.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado archivar definitivamente la investigación abierta por el juez Joaquín Aguirre contra el presidente Puigdemont y doce personas más por un delito de alta traición. El juez los acusaba de participar en la llamada trama rusa del procés, aquello de los 10.000 soldados rusos que tenían que venir para asegurar la independencia de Cataluña. Tan interesante como el archivo de la causa es la dura amonestación que hace la Audiencia contra el juez, viniendo a decir que se lo había inventado todo.
En su auto, los togados de la Audiencia no esconden su enfado por la maniobra que realizó el juez Aguirre para imputar a Puigdemont por la trama rusa, que según la propia Audiencia supone un incumplimiento de facto de la orden del pasado mes de junio para que cerrara el caso.
Los magistrados recuerdan que el juez Aguirre dejó por escrito su maniobra, reconociendo que la orden de la instancia superior abocaba a un sobreseimiento del caso y admitió que su decisión de seguir investigando la trama rusa suponía una solución alternativa a las objeciones que le había puesto la Audiencia, que le había ordenado terminar con la investigación y acordar el archivo del caso.
La solución alternativa que halló el magistrado fue abrir una pieza separada, a partir de otra distinta de la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar. La Audiencia de Barcelona censura la maniobra del instructor, que sí contaba con el aval de la Fiscalía Anticorrupción.
Después el instructor envió a Puigdemont al Supremo, aunque el Alto Tribunal, casi medio año después todavía no ha decidido si asume la trama rusa. En cualquier, caso, la decisión de este martes de la Audiencia de Barcelona allana el camino para que el Supremo también dé carpetazo al asunto.
Además de tildar su movimiento de irregular maniobra procesal, los magistrados dedican varios párrafos a recordar que la Constitución y las normas procesales - que bien conoce el instructor, insisten- le obligan a cumplir con su orden para archivar la causa. Sin excusas, y sin que se puedan plantear soluciones alternativas no contempladas propiamente por la ley y que, en definitiva, burlan la decisión previa del tribunal, lo que constituye un fraude de ley.
El auto de Aguirre para seguir investigando la trama rusa supone un claro flagrante incumplimiento de la orden de la Audiencia de Barcelona para archivar el caso y supone adentrarse en una investigación prospectiva prohibida por la ley, advierten los togados. Las vulneraciones de derechos que provocó el juez Aguirre para imputar a Puigdemont ocupan varias líneas del auto de la Audiencia de Barcelona. Según los magistrados, el instructor incumplió una resolución firme de un tribunal, vulneró el derecho a la tutela judicial, el de defensa, los principios constitucionales de legalidad, así como normas esenciales del procedimiento. En suma, constituye un fraude de ley.
Con todo, la contundencia de la Audiencia de Barcelona supone dejar señalada tanto a la Fiscalía Anticorrupción, que apoyó al juez para mantener abierto el caso, y a la Fiscalía Superior catalana, que respaldó al instructor y pidió archivar la querella de Puigdemont. Cabe recordar que la Fiscalía Superior consideró “razonable” la maniobra que la Audiencia de Barcelona constata que fue un “fraude de ley”. La última palabra la tendrá el TSJC.