En los últimos años, el negocio de la videovigilancia ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la creciente demanda de seguridad privada en respuesta al miedo de la sociedad.
Empresas como Securitas han efectuado inversiones millonarias en financiar medios de comunicación y periodistas, en publicidad directa y en el lobby político para vendernos miedo. Miedo a los ladrones, miedo a los "okupas", miedo a los agresores, miedo al vecino.
Al gestionar centenares de miles de cámaras, novecientas mil instalaciones, según las estimaciones del sector, también han ampliado su oferta mediante el uso de tecnologías avanzadas, como cámaras inteligentes y hasta drones, que permiten monitorizar tanto espacios públicos como privados de forma absolutamente invasiva, aplicando técnicas biométricas. Y además, a costa de que buena parte de las incidencias sean falsas alarmas.
Estos avances han satisfecho la obsesión social por mayor seguridad, pero han multiplicado también el gasto público, ya que detrás, está la intervención de la policía, que es un servicio que pagamos entre todos.
El uso de recursos públicos, particularmente de las fuerzas de seguridad, ha sido clave para el boyante negocio de la videovigilancia privada. A pesar de que son empresas privadas las que instalan y gestionan estos sistemas, su éxito depende principalmente de la intervención de la policía local, encargada de atender las alertas y verificar incidentes que surgen de estas cámaras. Es aquí donde surge un conflicto, pues los cuerpos de seguridad pública, financiados por los todos los contribuyentes, están dedicando su tiempo y recursos a un negocio privado.
Este apoyo de las fuerzas de seguridad públicas a un sector privado plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de los costos. Aunque las empresas de videovigilancia cobran a sus clientes por la instalación y mantenimiento de estos sistemas, los municipios no reciben una compensación directa por el uso de los recursos públicos que se ven involucrados.
En este contexto, surge una cuestión: ¿es justo que los ayuntamientos sigan proporcionando estos servicios sin recibir ninguna retribución de las empresas de videovigilancia? La respuesta parece evidente. Así como las empresas privadas facturan a sus clientes, los ayuntamientos deberían imponer una tasa por cada instalación de videovigilancia. Este cobro no solo compensaría los recursos municipales empleados, sino que también permitiría mejorar las capacidades de la policía local, quienes responden ante cualquier incidente detectado.
Además, una tasa de este tipo incentivaría una mejor planificación de las instalaciones de cámaras y generaría un beneficio tangible para la comunidad. Los fondos recaudados podrían destinarse a reforzar los cuerpos de seguridad y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
La videovigilancia privada, con sus varios millones de cámaras, sensores y detectores, se apoya directamente en el servicio público de seguridad, que por cierto, en España, es un servicio muy caro, pero que funciona razonablemente bien, por lo que también es razonable que los ayuntamientos implementen un pago público que garantice una gestión equitativa y sostenible de los recursos públicos.