La situación del transporte en la Comunidad de Madrid se encuentra en el ojo del huracán debido a la denuncia realizada por un grupo de taxistas, quienes han solicitado la ayuda del Defensor del Pueblo español para que se investigue la incorrecta categorización de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Según los taxistas, los VTC se están tratando como alquiler sin conductor, lo que va en contra de la autorización estatal que tienen estos vehículos. Es decir, están siendo categorizados y asegurados de manera contraria e incompatible con su autorización estatal la cual indica son vehículos de alquiler con conductor.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo se puso en contacto con la Comunidad de Madrid para pedir explicaciones, pero la respuesta recibida fue insatisfactoria. La Comunidad de Madrid utilizó el artículo 181.2 de la ley de ordenación de los Transportes terrestres para justificar su postura, sin embargo este artículo fue derogado por una sentencia del Tribunal Supremo en junio de 2018.
Es evidente que la categorización y aseguramiento de los vehículos VTC como alquiler sin conductor es contraria e incompatible con su autorización estatal para ser vehículos de alquiler con conductor. Por tanto, resulta desconcertante que la Comunidad de Madrid intente justificar su postura utilizando una ley derogada.
Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del sistema de transporte en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se está permitiendo que los VTC sean categorizados y asegurados como alquiler SIN conductor cuando tienen una autorización estatal para ser vehículos de alquiler CON conductor? ¿Por qué la Comunidad de Madrid está tratando de justificar su postura utilizando una ley derogada?
Es necesario que se tomen medidas para garantizar que todos los vehículos de alquiler con conductor sean categorizados y asegurados correctamente, y que se respeten las autorizaciones estatales correspondientes. Además, es importante que se investigue por qué la Comunidad de Madrid está tratando de justificar su postura utilizando una ley derogada, y que se tomen medidas para evitar futuras irregularidades en el sistema de transporte.
Los taxistas están en su derecho de denunciar cualquier situación que consideren injusta o ilegal. Sin embargo, es importante que se realice una investigación exhaustiva para determinar si las acusaciones son ciertas y tomar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad en el sistema de transporte. La transparencia y la legalidad son fundamentales para garantizar un sistema de transporte justo y equitativo para todos.