Como mero espectador, asisto al bochornoso espectáculo que nos ofrecen los “agentes sociales” ya sean políticos, jueces o periodistas, y la velocidad con la que pueden llegar a cambiar de opinión o a manipular los datos en beneficio propio.
Sorprende que con la cantidad de fechorías que acumula el actual presidente y su equipo de gobierno aún haya más de un 30 por ciento de los votantes que siguen siendo fieles a unas siglas . Y la respuesta podría ser la más sencilla: si estos que tenemos son una colección de facinerosos, qué será lo que hay enfrente. Quizá por eso, si hemos de elegir entre lo malo presente o lo malo por venir, habrá quien opte por eso de, virgencita que nos quedemos como estamos.
En estos días, muchas son las voces que claman a los dioses del universo, atónitos y cariacontecidos ante las decisiones que el Tribunal Constitucional está tomando en relación con las sentencias firmes de los, mal llamados EREs.
Sin entrar en detalles escabrosos, me da la impresión de que la mayoría de los “medios” no han leído ni un solo párrafo de los miles de folios que constituyen esta macro causa. Pero vociferan reiterando hasta la saciedad frases hechas, tipo slogan como “el mayor fraude de la historia de la democracia”, “un desfalco de 671 millones de euros de dinero público”, “la trama corrupta del PSOE de Andalucía” etc.
Manejan cifras astronómicas y, si bien ya se van aflojando y ahora han pasado de los 680 millones de dinero público a sólo 90 millones los defraudados o incluso he oído la cifra de 70, aunque la cifra “redonda” de la partida 31 L , esto es 680 millones resulte mucho más atractiva, y es posible que mañana estas cantidades se reduzcan solo a un tercio, quien sabe, el caso era y es vociferar grandes titulares, a sabiendas de su falsedad o, como diría la más grande, desconociendo total y absolutamente cualquier atisbo de veracidad.
Pero, ¿qué hay de verdad y de mentira en todo esto? Muchos de los medios que se hacen eco de estas noticias no saben distinguir entre los distintos tipos de expedientes de regulación de empleo que se llevaron a cabo en estas fechas, ni sus diferencias con las ayudas sociolaborales. No saben sumar, y, por supuesto, no saben definir que es un intruso, o la diferencia entre una aseguradora y una compañía mediadora de seguros, o qué es una póliza de seguros que se basa en el “hombre clave”, esto es, seguros de supervivencia. En definitiva, un cúmulo de medias verdades, falsedades, informaciones torticeras, números trucados, investigaciones teledirigidas, ocultación de información y dotes adivinatorias de algún intrépido investigador.
No es el momento de profundizar en estos argumentos, baste como apunte aclaratorio que más del 98% de aquellas personas que figuraban como “intrusos” en otras tantas empresas, no eran tales, y eso quedó plenamente acreditado, explicado, detallado, tanto en las declaraciones en sede policial del difunto Javier Guerrero, como en las de J. Bordallo, F. Gonzáles, F. Limón, J. Lanzas, F. Albarracín, entre otros, como en los múltiples atestados confeccionados por esa unidad. Cierto es que toda la documentación que se aportó procedente de los registros llevados a cabo en las sedes de Vitalia en Barcelona, sigue durmiendo el sueño de los justos en alguna dependencia de los Juzgados de Sevilla. Y recuerdo ahora el ataque de risa que les dio a los funcionarios enviados desde la AGT para el examen de estos “papeles” cuando vieron el desorden y el volumen de todos estos expedientes. Y es ahí donde estaba la respuesta a esa pregunta que claman los adeptos a su excelsa majestad. Porque, si no interviene un actuario de seguros, no se puede determinar quién tenía derecho a pensión, cuánto le correspondía, y cual era el riesgo que asumía la aseguradora y, por tanto, en qué cantidad se estipulaba la correspondiente cuota a pagar por parte de la Junta. Y, que yo sepa, hasta ahora no hay ningún tipo de informe al respecto. Por lo tanto, todas las cantidades manejadas acerca de las sobrecomisiones están hechas a “boleo”, así porcima, como dicen en mi pueblo.
En esos días conocí a Javier Guerrero y la primera impresión fue la de un hombre cordial, amable y educado. Respondió con cierta sinceridad a todas las cuestiones que se le iban formulando, motu propio, sin presiones, sin coacciones, y lo hacía con espíritu didáctico pues, como puede resultar evidente, en aquellos momentos estas cuestiones eran para mi materia altamente delicada de imposible comprensión. Hablé con él varias veces, tipo zalamero y cautivador, entre pregunta y pregunta, ora me preguntaba por un familiar al que había conocido siendo alcalde de El Pedroso, ora se interesaba por mi salud o por mi estado de ansiedad, técnicas de ingeniería social, síntoma inequívoco de que mentía como un bellaco. Le pregunté, entre otras muchísimas cosas, por los intrusos y, sin ánimo de cansar al lector con detalles técnicos, paso a dar, de manera somera, la explicación que daba Guerrero : Intrusos había de varios tipos, pero el más común respondía a lo siguiente; aplicando la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones, en esos momentos plenamente vigente, que en su Art. 22.2 apartado C que decía textualmente: “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones…C: con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten acciones, razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública…”.
Con esto en la mano, cuando una persona que creía reunir los requisitos que la ley estipulaba para ser merecedora de una prestación acudía a él para que se lo “arreglase”. Y así lo hacía. Como quiera que era imposible la confección de una póliza de seguro individual que le garantizase una prestación por jubilación, la propia mediadora de seguros, esto es Vitalia, procedía a incluirla en el expediente que se estuviese tramitando en ese momento. Esto es tan claro y diáfano que la Sra. Alaya no fue capaz de entenderlo en ningún momento, hasta el punto de que una funcionaria del juzgado detectaba un intruso todas las tardes.
El método, aparentemente era legal, aunque ya en ese momento, desde mi punto de vista, resultaba cuestionable. Pero lo cierto es que, incluso a ojos de un profano resultaba, al menos bastante chapucero.
Este sistema, arriquitaun, dio lugar a que todo el que pudo colocó a un adjunto, o intruso para sacar algunas perras (en boca de Lanzas, que poseía unas olivas en su pueblo natal y había guardado algunas perras que, según su madre, daban “pa asá una vaca”).
Hemos de aclarar que el recurso que la Junta hacía a las pólizas de seguro era sencillamente porque la Junta en sus partidas presupuestarias como la 31 L y otras hacía constar ciertas cantidades, pero estas solo eran números sin fondo alguno que las garantizase y, por tanto, tenían que recurrir al crédito. Ninguna institución financiera solvente se fiaba de la Junta y por eso debían recurrir a las mediadoras de seguro tipo Vitalia, cuyos máximos directivos habían sido expulsados e inhabilitados para el ramo vida por la Dirección General de Seguros. Esto es, recurrían a burdos prestamistas, herederos del Eurobank de Ruiz Mateos, cuyas fechorías han salpicado a buena parte de los implicados en este asunto.
Pero esto no bastó a la aguerrida artillera defensora del interés publico y, tras un estratégico cambio de fuerza instructora, instó de modo torticero una nueva detención de Javier y decretó su encarcelamiento (riesgo de fuga, destrucción de pruebas, etc.). Pero aún no era suficiente castigo, no estaba suficientemente “maduro”, había que apretar un poco más. Y es aquí cuando llegamos a la historia del “chofer de la coca”.
La madre de este chofer aparecía como beneficiaria de una póliza de seguros en una empresa en la que nunca había trabajado, pero, reunía los requisitos antes expuestos. Por este motivo, ella fue citada y se le tomó declaración en sede policial. Durante ese acto, su hijo, Juan Francisco Trujillo, el famoso chofer, la esperaba en la puerta. Visiblemente afectado y carcomido por el remordimiento, acabó pidiendo ser oído y confesó que su madre nada tenía que ver en el asunto, que la había utilizado para acceder de modo fraudulento a unas rentas para su lucro personal, lo normal. En ese momento se procedió a exonerar a su madre y a la detención de este hombre. Confesó el procedimiento, la cuantía, las actividades que llevaba a cabo, y un sinfín de cosas más. Eso sí, no implicó a su jefe, Javier Guerrero. Y , como esto no era suficiente para la instructora y su cohorte de asesores del partido, los nuevos agentes investigadores urdieron un plan para volver a detenerlo, por los mismos hechos, y así poder exprimir un poco más a Javier Guerrero e implicarlo directamente en este fraude, y de paso que implicase a sus jefes, que este era el verdadero objetivo. Pero para que aquello no derivase en una fragrante detención ilegal, se planeó el escabroso y televisivo asunto de las drogas y las putas. Ni una cosa ni la otra tenían en absoluto relación con lo que se investigaba, pero así se hizo, y así se lo comieron los abogados defensores, y la fiscalía y todo el coro mediático que ensalzaba y alababa la ardua tarea regeneradora de la Sra. Alaya.
Había que presionar y extorsionar a los implicados de grado bajo o medio para poder alcanzar, si quiera con sospechas o indicios a los de más alto nivel. Y, para eso no se dudó en imputar, encarcelar, poner fianzas astronómicas, ordenar registros, detenciones espectaculares a los señalados, ya fuese en sus casas, sus puestos de trabajo o en la vía pública. Todo para llegar a la cúpula, y aunque es sabido que desde que se abolió la tortura, la declaración del imputado no tiene valor para la investigación, no es menos cierto es ese aforismo alayista que dice: Conocían (refiriéndose a los máximos dirigentes) o debían conocer. Si no es por acción es por omisión, pero todos a la talega, así a volapié, sin miramiento ni remordimiento.