Estimada Sra. Ministra, hace unos días recibió la visita de una delegaciónvalenciana que le expresó la necesidad de cambiar el modelo de financiación de la Generalitat Valenciana ya que es un modelo de financiación insuficiente e injusto para nuestra sociedad. En esa reunión usted manifestó que el gobierno de España y su ministerio de hacienda, veía imposible cumplir el acuerdo que el clima político desaconsejaba abrir esta negociación. Una vara de medir que no se utiliza para otros temas.
En esta carta le comentaremos las razones por las cuales sus premisas están basadas en dos inexactitudes sobre el contenido de la negociación y sobre quien ha de participar en dicha negociación. También le ofreceremos dos alternativas para solucionar el problema, basadas en la necesaria y urgente condonación de la deuda valenciana y en el cambio del modelo de financiación autonómica.
La primera inexactitud consiste en pensar que la exigencia valenciana está basada en reivindicar un reparto diferente de las cantidades que ahora reciben el conjunto de las autonomías. La realidad es que se trata de cambiar la relación económica entre el Estado y las autonomías, reduciendo la parte que se queda el Estado. Podemos sugerirle que reduzca el gasto estatal en aquellas partidas de gastos que tienen menos justificación social, particularmente en tiempos de pandemia y de crisis, y todas aquellas que suponen duplicar las estructuras administrativas que ya cubren las diferentes administraciones autonómicas.
La segunda inexactitud, muy entrelazada con la primera, consiste en considerar que el problema de la financiación valenciana forma parte del problema más general de la financiación autonómica, y por lo tanto solo se puede estudiar o solucionar en una negociación multilateral entre todas las autonomías y el gobierno del Estado. Esa es una visión que han compartido representantes públicos valencianos cuando sus respectivos partidos ostentaban el gobierno del Estado. Sin embargo, esta postura ha cambiado recientemente, ya que tanto los particos políticos valencianos como el conjunto de la sociedad civil organizada y amplísimos sectores sociales, han asumido la necesidad de exigir una solución que nos permita superar las inmensas deficiencias que la falta de financiación y de inversiones nos ha generado: tenemos más paro y pobreza estructural, más precariedad, menores salarios y pensiones, un tejido económico más débil, unas infraestructuras inadecuadas i insuficientes, etc.
Permita que le expliquemos, Sra. Ministra, que el “problema valenciano” tiene elementos que podríamos considerar que son similares al de otras autonomías, como es el tema de la infrafinanciación –recibir menos recursos económicos de lo que cuesta el mantenimiento de los servicios transferidos--, donde compartimos padecimientos con Murcia y Andalucía, entre otras, y el problema del déficit fiscal –pagar más impuesto que lo que recibimos como inversiones--, que compartimos con Catalunya y les Illes Balears i Pitiüses, pero sobre todo tiene elementos que solamente podrán encontrar solución en una negociación y un cambio de relaciones fiscales y económicas entre el País Valencià y el Estado. No se puede entender la situación de la financiación del País Valencià, sin tener en cuenta la realidad histórica que sacó a la luz el estudio “Capital público en España. Evolución y distribución territorial (1900-2012)” Un estudio realizado y publicado en el 2015 per el IVIE i la fundación del BBVA.
En ese estudio aparece el fondo del problema de la financiación valenciana de manera que ayuda a entender sus dimensiones y sus repercusiones: la inversión pública[1] del Estado en el País Valencià, ha sido un 19% inferior a la media des del año 1900. Llevamos más de un siglo, al menos 121 años, siendo empobrecidos por una inversión estatal muy inferior a la que nos corresponde, que si no se revierte nos convertirá en una de las regiones europeas más pobres. De hecho, somos ya la única región europea pobre que paga como si fuera rica. Esta situación de falta de inversión histórica no puede revertirse en una negociación multilateral con otras autonomías. Este problema solo nos afecta al Estado que lo ha generado y a los valencianos y valencianas que lo padecemos. Es nuestra singularidad, que, en este caso es totalmente negativa, y solo puede resolverse des de la bilateralidad.
Respecto a la financiación pública, le recuerdo Sra. Ministra, que el modelo empleado al principio de los años ochenta del siglo pasado, para los cálculos de las aportaciones del Estado a los gobiernos autonómicos, se realizó sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de cada autonomía que establecía que las comunidades ricas recibían menos y las más pobres más. El PIB, --el índice utilizado para medir la riqueza-- del País Valenciano de 1980, estaba unas décimas por encima de la media estatal, por lo tanto, con este arbitrario índice se nos catalogó como autonomía rica que debe aportar al resto. Esta situación inicial, rápidamente fue cambiando, haciendo que el PIB per cápita valenciano fuese cayendo año tras año, hasta un 14,56% en el 2018 por debajo de la media estatal, pero seguimos siendo una comunidad que aporta en lugar de recibir.
El actual modelo caducó en 2014 y supone una falta de recursos para el País Valencià de cerca de 1.600[2] millones de euros anuales, es decir, de 321 euros por cada habitante, que nuestro gobierno autonómico no recibe. La compensación parcial de esta falta de recursos nos ha obligado a contraer una deuda histórica que suma ya unos 50.000 millones de euros. Una deuda impagable pero que hay que ir amortizando año tras año. Esa amortización nos cuesta cerca del 28% de todos nuestros exiguos recursos.
Además, en el País Valenciano padecemos una balanza fiscal negativa (la diferencia entre lo que aportamos a través de los impuestos y lo que recibimos del Estado) que nos genera un déficit fiscal anual, que oscila entre los 2.000 y los 6.000 millones dependiendo de quien haga los cálculos y del método[3] que utilice para evaluarla. En cualquier caso, un mecanismo más que nos empobrece al conjunto del pueblo valenciano.
De toda esta situación se deduce la imperiosa necesidad de modificar el modelo y de corregir las distorsiones históricas, pero confiamos Sra. Ministra, que ahora entenderá mejor porque decimos que la actualización del modelo no puede ser a costa de enfrentar a unos territorios con otros.
Respecto al País Valencià, hay una situación previa que hay que solucionar de manera bilateral: en primer lugar, creemos que no hay ninguna entidad o institución mejor que su propio ministerio para evaluar correctamente la cifra de la infra inversión que hemos padecido, por lo menos, los últimos 121 años. En cualquier caso, el parlamento o el gobierno valenciano también pueden, con el concurso de personas expertas, evaluarlo correctamente. El objetivo de esta evaluación no es tanto plantear ahora que inviertan todo lo que deberían haber invertido en 121 años, sino evaluar les carencias estructurales producidas y sus consecuencias actuales, especialmente sobre el tejido social y el modelo productivo.
Paralelamente y con carácter de urgencia le planteamos la condonación de la deuda ilegitima de 50.000 millones. Esta condonación libraría al gobierno valenciano de dedicar cerca del 28% de todos sus recursos para la amortización de dicha deuda y, entendemos, que podría dedicarlos para inversiones de carácter social del que, como usted comprenderá, estamos altamente necesitados, y además es nuestro derecho. Y también para poder financiar el necesario cambio de modelo económico y productivo.
Entendemos que las dos propuestas que le realizamos requieren “simplemente” de un acuerdo de gobierno. Ni requieren una negociación multilateral con el resto de las autonomías ni tampoco necesita el apoyo unánime del Congreso. Es cierto que la causa de los problemas históricos que padecemos en esta parte del mediterráneo, no han sido generados ni por su gestión al frente del ministerio ni por el gobierno del cual forma usted parte (más allá de mantener un sistema de financiación caducado en el 2014), pero entendemos que sí es su obligación encontrar fórmulas para su solución. Es algo que han de hacer todos los gobiernos y más si proclaman ser de carácter progresista. Una solución parcial, que debería hacer con convencimiento y diligencia, pues se trata de dar oxígeno económico a una población y un territorio empobrecido sobre el que ejercen su gobierno.
[1] Concretamente inversión en stock de capital
[2] Esta cifra es ciertamente aleatoria, ya que depende del grado de cumplimiento de los presupuestos. Así, des de la Conselleria la valoran en 1.325 millones y otros estudios la elevan a unos 2.000.
[3] El método, denominado “carga beneficio”, consiste en imputar a todos los territorios la parte proporcional de los gastos generales del Estado. Mientras que el llamado “enfoque del flujo monetario”, intenta medir cuál es el efecto que provoca el gasto del sector público en el territorio donde se efectúa.
Antoni Infante. Crida pel finançament.
José M. Copete. Decidim (Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià).