Me ha llamado profundamente la atención una noticia reciente que apareció en diversos medios de comunicación, en la que se menciona que 55 de las 94 universidades (públicas y privadas) de España han suscrito un documento con recomendaciones para alumnos y profesores sobre «un uso adecuado» del lenguaje. Dicho informe propone evitar el empleo por defecto del masculino para referirse a las personas en general, con el fin de «alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres».
Antes de entrar en consideraciones, es necesario recordar que la Real Academia Española ha señalado en varias ocasiones que el masculino genérico ya cumple una función inclusiva en el idioma. El español dispone de un mecanismo gramatical consolidado en el masculino genérico, que abarca tanto a hombres como a mujeres sin necesidad de especificar explícitamente el género. La modificación artificial de la gramática, por lo tanto, podría generar problemas de comunicación y comprensión.
No olvidemos que la evolución del lenguaje es un proceso natural, impulsado por el uso de los hablantes. Tratar de imponer cambios desde instituciones académicas sin un respaldo lingüístico puede generar rechazo y desconfianza. La lengua cambia cuando la sociedad lo adopta espontáneamente, no porque un documento lo ordene.
Es importante analizar varios aspectos clave: si profesores y alumnos deben adaptar su comunicación a estas nuevas normas, podría verse afectada la claridad en el aula y en la transmisión de conocimientos. Además, la recomendación de modificar estructuras gramaticales podría generar inseguridad lingüística entre los hablantes, quienes podrían sentirse obligados a cambiar su forma de expresarse sin una razón sólida.
Como señala la profesora Serafina García, cambiar la lengua no implica automáticamente un cambio en la realidad social ni mejora las condiciones de las mujeres. La lucha por la igualdad se logra a través de medidas políticas y sociales efectivas, no mediante modificaciones artificiales en la gramática.
El documento de las universidades parte de una intención legítima (promover la igualdad), pero sus recomendaciones van en contra del funcionamiento natural del lenguaje y podrían generar problemas de claridad y aceptación. En lugar de imponer cambios forzados, la educación y la concienciación social serían estrategias más efectivas para alcanzar la igualdad real. En eso es donde la universidad debe centrarse.
Tampoco debemos obviar el hecho de que, si una persona, en su justo derecho lingüístico, utiliza el masculino genérico, puede ser tachada de machista, retrógrada o incluso fascista, como ocurre en otros ámbitos.
En resumen, aunque la intención detrás del uso del lenguaje inclusivo es promover la igualdad y la representación, existen argumentos que cuestionan su adecuación y eficacia, basados en consideraciones lingüísticas, prácticas y sociales. Personalmente, me da pena que la universidad caiga en estos errores.