Pere Aragonés en el desayuno informativo en el que presentó la propuesta de financiación, este miércoles en Madrid. Con el Proceso ya superado, el Govern ha recuperado la idea de una nueva financiación, que parte de la misma premisa exacta que el pacto fiscal y que, de hecho, ha sido una reivindicación histórica de los sucesivos ejecutivos catalanes: la Generalitat debe recaudar todos los impuestos que se generan en Cataluña. Este hecho situaría a la Generalitat en una posición equivalente a la de los gobiernos Vasco y Navarro, ambas autonomías con un sistema foral reconocido por la Constitución y que ya tienen una Hacienda propia (en Euskadi tres, una por provincia) que gestiona la fiscalidad en lugar de la Agencia Tributaria estatal.
La propuesta actual, llamada financiación singular para el Govern, es muy similar al pacto fiscal que en 2012 aprobó el Parlament y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó al gobierno español. Las circunstancias han cambiado, pero el grueso de la propuesta es muy similar.
La diferencia entre ambos documentos no está en el contenido, sino en el contexto político y económico del país. El pacto fiscal del 2012 fue una propuesta del Gobierno catalán que contaba con el apoyo del Parlament, que en julio de ese año aprobó una moción de apoyo para que la Generalitat reclamara un modelo de financiación diferenciado para Catalunya. En la cámara catalana, el texto contó con el apoyo de CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya, y el PSC también votó a favor de todos los puntos excepto de la idea de que Catalunya tuviera un modelo propio. El PP se abstuvo.
Mas se reunió con Rajoy en la Moncloa en septiembre de ese mismo año -en plena crisis del euro y menos de cuatro meses después de que la UE rescatara al Estado - pero el entonces presidente español, Mariano Rajoy, cerró la puerta a cualquier negociación. Mas respondió dando por terminados los acuerdos de legislatura que CiU tenía con el PP y convocando elecciones para diciembre. La reunión, se produjo pocos días después de la primera manifestación multitudinaria independentista de un Once de Septiembre, precedida antes por otras grandes manifestaciones soberanistas, sobre todo la del año 2010 a raíz de la sentencia del Constitucional recortando el Estatut.
El pacto fiscal de Mas y la propuesta singular de Aragonès son prácticamente iguales, explica Guillem López Casasnovas, catedrático de economía pública en la UPF y actual presidente del Consejo Asesor en Política Económica de Catalunya (Capec), uno de los órganos que han asesorado al departamento de Economía para elaborar la propuesta. Además, también fue miembro del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento, que realizó la misma labor en 2012 con el pacto fiscal.
Ambas propuestas parten de la idea de que toda la recaudación, gestión e inspección del 100% de los impuestos que pagan los catalanes debe ir a cargo de la Agencia Tributaria de Cataluña y, posteriormente, la Generalitat y el Estado acordarían el pago de dos transferencias al Estado. La primera serviría para financiar aquellos servicios que la administración estatal ofrece a los catalanes, que son muy variados: desde la diplomacia hasta el ejército, pasando por infraestructuras (Adif o Renfe son estatales) o instituciones, como el Banco de España y los reguladores de mercados y la competencia, entre otros.
La segunda transferencia correspondería a una cuota de solidaridad. Es decir, un pago adicional que Catalunya, como comunidad rica, haría para contribuir a la nivelación territorial de las finanzas públicas y ayudar a las comunidades con menor renta tengan unos ingresos equiparables a los de las ricas. Si en un futuro Catalunya se ubicara entre las autonomías más pobres, esta transferencia sería positiva a favor de la Generalitat, pero de momento no es el caso.
De hecho, el cálculo de esta transferencia es prácticamente el único punto en el que existen diferencias entre las propuestas de 2012 y 2024. En ambos casos se pone como condición que se respete el principio de ordinalidad, es decir, que Catalunya no acabe recibiendo menos dinero por ciudadano que comunidades que menos recaudan. Ahora bien, la propuesta que se hizo en 2012 incluía la creación de un mecanismo automático para calcular la transferencia de nivelación territorial, basado en el peso de la renta y de la recaudación de impuestos de cada autonomía.
En cambio, el texto presentado esta semana por el Govern no incluye este mecanismo, sino que la cuota de la transferencia queda abierta a la negociación entre la Generalitat y el Estado, explica Miquel Puig, secretario de Asuntos Económicos y Fondo Europeo de la Generalitat, profesor de teoría económica de la UB y uno de los artífices de la propuesta. El cálculo de las dos transferencias se haría, pues, como el cupo vasco en el caso del pago al Estado por los servicios e inversiones que realice en Catalunya y, en lo que se refiere a la cuota de solidaridad, en una negociación similar a la actual entre gobiernos.
Lo que se acuerda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dura cinco años oficialmente, pero en caso de que no haya un nuevo acuerdo se mantiene el modelo actual sin cambios, recuerda López Casasnovas. Es lo que ha ocurrido con el sistema de financiación actual, que tenía que revisarse en 2014 y 2019, pero no se revisó por falta de acuerdo político.