La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado ningún mensaje ni correo electrónico del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la filtración de datos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En un oficio, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes explican al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga a García, que de lo analizado en su teléfono entre los días 8 y 14 de marzo no ha aparecido ningún mensaje relacionado con los hechos. Fuentes de la Fiscalía explican que, por una instrucción del ministerio público sobre protección de datos, el fiscal general del Estado borra sus comunicaciones de manera periódica.
La Guardia Civil encuentra vacío el WhatsApp del fiscal general y no puede concluir si filtró el correo de la pareja de Ayuso.
El análisis del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era una de las pruebas más esperadas por las acusaciones en la causa contra él en el Tribunal Supremo. Ahora bien, la Guardia Civil no ha encontrado ningún indicio que le incrimine en la filtración del correo de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el instituto armado ha encontrado vacío al WhatsApp de García Ortiz. "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el período analizado, que comprende entre el 8 y el 14 de marzo", dice la Unidad Central Operativa (UCO) en un oficio enviado al juez que le investiga por revelación de secretos en el alto tribunal.
En este documento, la Guardia Civil añade que el fiscal general del Estado recibió el correo filtrado a las 23.45 h del 13 de marzo en su cuenta de correo electrónico personal de parte de la fiscalía de Madrid. En un informe anterior la UCO situaba el origen de la filtración en la fiscalía general del Estado y afirmaba que García Ortiz había recibido el polémico correo a las 21.59 cuando la otra investigada en la causa, Pilar Rodríguez, la reenvió. En ese informe de finales de noviembre y que analizaba los dispositivos de Rodríguez, la UCO situaba la filtración entre minutos antes de las 22 h, cuando comienza a circular entre los responsables del ministerio público, y minutos antes de las 23.51 h, cuando recoge cuyo contenido se publica en la edición digital de la Cadena SER.
¿Quién pedirá perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha que le ha pedido su dimisión sin pruebas y con falsas acusaciones", ha reaccionado Pedro Sánchez desde Bruselas. El presidente del gobierno ha afirmado que el hecho de que no se haya encontrado ningún mensaje es una demostración de que se ha creado una inmensa cortina de humo que ahora vemos que se está esfumando. Las acusaciones contra García Ortiz eran una infamia de la que se está comprobando que no existían pruebas. Sánchez ha atacado a Ayuso a quien ha exigido responsabilidades políticas por el caso de fraude fiscal de su pareja.
La Guardia Civil también ha enviado un nuevo informe al instructor de la causa al Supremo, Ángel Hurtado, en el que analiza el contenido del dispositivo de Juan Lobato, ex líder del PSOE madrileño, que lo entregó al ir a declarar después de que se hicieran públicos unos mensajes de su WhatsApp con el correo. El documento cree que Lobato no sólo habló de la filtración del correo de González Amador con Pilar Sánchez Acera, la asesora de Óscar López al día siguiente de que lo publicase la Cadena SER. También intervino el ex secretario de Estado de Comunicación del gobierno español Francesc Vallès la mañana del 14 de marzo.
Más allá de todo, resulta chocante el afán de los magistrados del Supremo a perseguir las filtraciones de documentos judiciales a la prensa. Sobre todo, porque uno de los lugares desde donde más documentos se pasan ilegítimamente a medios de comunicación cercanos es el propio Supremo. Cualquier periodista sabe que es frecuente que funcionarios y jueces, o quizás alguno de los firmantes de un auto, faciliten a la prensa documentos reservados. Sin ir más lejos, la sentencia del procés, dictada por la Sala Segunda del Supremo, fue filtrada a El Mundo antes de ser aprobada.
En aquel momento, el magistrado Manuel Marchena se limitó a decir que lamentaba la filtración, pero -pese a que se trataba del mismo delito por el que ahora ha decidido investigar al fiscal general- en esa ocasión no abrió ninguna investigación. Incluso en los casos más notorios, jamás se ha imputado a ningún juez de esa institución por revelar datos reservados. Lo que ahora presentan como un escándalo de la fiscalía general del estado es el pan nuestro de cada día en el propio Tribunal Supremo.