Sin dejar de remarcar la noticia que la Generalitat no tenga que devolver al Estado 17.104 millones, la noticia fue un gran sainete. En el mismo oímos a comunidades autónomas indignadas porque pagarán menos; el gobierno español convirtiendo en generosidad lo que era un pacto para que el PSOE pudiera investir a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones del 2023; el gobierno español poniéndose la medalla de perdonar a la Generalitat un dinero que si la Generalitat estuviera bien financiada no habrían tenido que salir de Catalunya, y, sobre todo, volvimos a ver al Santo Cristo gordo, el tranquilizante de votantes socialistas, la madre de todas las justificaciones políticas hispanas de uso imprescindible cuando los conceptos dinero y Catalunya van juntos.
El sainete tiene algunos gags bastante buenos. Las comunidades autónomas que más gritan son de las que bajan los impuestos. Según el gobierno español, de la negociación de los independentistas catalanes con el gobierno central, las comunidades más beneficiadas serán Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. ¿Dónde está el agravio?
Nada nuevo bajo el sol. Ya en tiempos del Estatuto de la República, el Abc titulaba que lo que se diera en Cataluña debía darse a las demás regiones. En los ochenta vino el café para todos y ahora la ministra del ramo dice que el hecho de que haya una financiación singular para Catalunya no supone agravio con el resto de territorios. Es lo que tiene formar parte de España. Da igual que pagues mucho más de lo que recibes y que, cuando recuperes, recuperes para todos, incluidos los que te dicen insolidario para ganar votos. Lo importante sería evitar los agravios territoriales.
La decisión de condonar 17.104 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Estado a través del FLA representa el cumplimiento de uno de los acuerdos entre ERC y el PSOE que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y supone un balón de oxígeno para la Generalitat, ya que de esta forma se ahorrará unos 1.500 millones de euros en intereses. El ministerio de Hacienda ha hecho extensiva la condonación al resto de comunidades autónomas con unos criterios que, curiosamente, hacen que Andalucía sea la más beneficiada (18.800 millones) y que después de Catalunya vengan ya la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones). De esta manera, María Jesús Montero consigue poner a los varones del PP en apuros, ya que, si hacen caso a lo que dice su presidente, Núñez Feijóo, y la de Madrid, Díaz Ayuso, votarán en contra. Sin embargo, la medida se aprobará en el Congreso y entonces se verá si estas comunidades se acogen o no. No hacerlo perjudicaría a sus ciudadanos por cuestión política.
La cuestión del FLA merece una reflexión. Recordemos que, ante la imposibilidad de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, (época de Rajoy) puso en marcha este mecanismo para financiar a las comunidades durante la crisis económica, que provocó una caída drástica de los ingresos fiscales a la vez que un aumento de la demanda sobre los servicios sociales. Pero el FLA de Cristóbal Montoro no era gratis. Era un crédito con unas condiciones mucho mejores que las que permitían el mercado en ese momento, es evidente, pero en última instancia ese dinero provocaba unos intereses que cada año la Generalitat tenía que pagar al Estado. En el caso de Catalunya, un territorio infra financiado y con un déficit fiscal calculado en unos 22.000 millones anuales, este sistema resultaba insultante, ya que el Estado te sacaba un dinero que después te prestaba cobrándote un interés. Es por ello que Junqueras dijo que el FLA no debería haber existido, ya que ese dinero debería haberse transferido sin contraprestación alguna, porque era necesario para pagar servicios como la enseñanza y la sanidad.
En realidad, lo que ahora plantea Montero es un truco contable, ya que esos 83.252 millones condonados pasarán de ser deuda de las autonomías a serlo del Estado, que en global sigue siendo del 102% del PIB. Eso sí, el Estado renuncia a cobrar a las autonomías unos 4.000 millones en intereses. Ésta es, la condonación real. También es verdad que el deshacerse de un 20% de la deuda permite ahora a la Generalitat mejorar su calificación de cara a los mercados y un paso que repercutirá directamente en la mejora de vida de los ciudadanos de Catalunya.
Este pasado miércoles, los consejeros de Hacienda del PP han protagonizado un espectáculo lamentable en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: se han levantado de la silla negándose a participar en el debate y la votación de una iniciativa, la condonación parcial de la deuda, que beneficia a todas las comunidades autónomas. El motivo no es la medida en sí, sino que se trata de una propuesta del pacto de investidura de Pedro Sánchez firmado entre ERC y PSOE. El mensaje que lanzaron al salir de la sala fue que no quieren recoger los muelles del pacto de Sánchez con los independentistas, volviendo de nuevo a la vieja retórica anticatalana del PP. Sobre este punto es necesario realizar algunas consideraciones.
La primera es que siempre que el gobierno español ha tenido que implementar alguna mejora en la financiación de las autonomías, sea con un nuevo sistema o con medidas como la condonación de la deuda, ha sido gracias a la presión de los catalanes en el Congreso. Así fue en los pactos de financiación entre CiU y el PSOE en 1993, entre CiU y el PP en 1996 y 2001, entre el gobierno tripartito y el PSOE en 2009, y ahora entre ERC y el PSOE. Nunca ni el PP ni el PSOE han dado ningún paso en esta materia por iniciativa propia. Y siempre, Cataluña ha hecho de tractor y, al mismo tiempo, ha sido el burro de los golpes.
De hecho, la inacción de PP y PSOE es tal que el sistema de financiación está caducado desde el 2014 sin que ninguno de los dos partidos haya dado ningún paso serio para aprobar uno nuevo en la última década. Sólo a partir del pacto de investidura de Salvador Illa entre ERC y el PSC se ha puesto sobre la mesa una reforma profunda del sistema que debería empezar a andar a partir del viernes con la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Sociales Estado-Generalitat. La inacción de PP y PSOE es tal que el sistema caducó el 2014.
La segunda es que el PP ha protagonizado una grave falta de respeto institucional al levantarse de la silla de un órgano de participación multilateral autonómico, justo lo que ellos criticaban del independentismo. Y, además, se han levantado antes de iniciarse el debate. Si no están acuerdo, lo que han de hacer es explicar sus razones, uno por uno, y luego votar en contra, pero da la impresión de que se quieren ahorrar el trance de votar en contra de una medida que les beneficia por no tener que dar explicaciones a sus respectivas opiniones públicas. Por tanto, han preferido esquivar el debate y culpar a Catalunya de todos los males, como ya es tradición del PP.