Ha sido calificada como la Constitución del consenso. Se redactó a partir de las negociaciones y los acuerdos llevados a cabo entre los diversos partidos políticos con representación parlamentaria. La Constitución de 1978, aprobada por los españoles en referéndum el 6 de diciembre, entró en vigor el 29 de diciembre del mismo año.
Con un preámbulo, 169 artículos divididos en 11 títulos, uno de los cuales preliminar, y varias disposiciones adicionales y transitorias, la Constitución actual es la más extensa de la historia española después de la de 1812.
El artículo Y proclama que España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Además, establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado, y que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La Carta Magna contiene una relación extensa de derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos y consagra el estado de las autonomías.
Las leyes implacables de la biología hacen que, cada vez más, aquella Constitución que nos dimos entre todos sea más la que nos dieron entre todos. O, más todavía, la que nos dieron entre unos cuantos, puesto que fue un texto parido por siete señores de diversos partidos y, con ruido de sables de fondos y refrendado con el miedo de volver a una siniestra pantalla anterior todavía demasiado próxima en el tiempo. Pero cada día seis de diciembre los periódicos del orden y medios de comunicación afines cogen gran cantidad de bótox y colágeno para intentar hacer ver que la Carta Magna luce un cutis terso, suave y resplandeciente como el de una jovencita.
Una de las prácticas más habituales es la de realizar una encuesta tramposa. Este año es La Razón quien ha cumplido con la tradición: ¿La generación Z valida la utilidad de la carta magna y apoyaría una reforma?, dice uno de los titulares de portada. La pregunta está formulada de forma que induce a la respuesta positiva: ¿Le parece que la carta magna ha dado en España décadas de estabilidad y prosperidad? Hombre, así cualquiera. Seria cómo si yo preguntara ¿Le parece que la Constitución ha revelado sus limitaciones a la hora de articular un proyecto plurinacional y, con una escrupulosa separación de poderes?
Parafraseando el célebre latinismo, en questatio non pequeña, accusatio manifesta, pues si tan claras tienen las bondades del texto constitucional, lo que se debería hacer es abrir el melón para hacer un referéndum y saber cuánta es la gente que quizá preferiría redactar una nueva Constitución, en la cual se discutiera, por ejemplo, si España ha de seguir siendo una monarquía. Para no tener que hacerlo, los diarios de estado nos entretienen con encuestas de la señorita Pepis y ejercicios de ventriloquia para hacer decir a los jóvenes lo que ellos quieren oír, en vez de escucharlos de verdad y saber lo que opinan.
¿Cómo es que, en su redacción, se aceptó de entrada que la figura del jefe del estado fuera un rey? Esta era, fue en realidad, la voluntad del dictador Franco y, Adolfo Suarez primer presidente, aun sin la Constitución, no se atrevió a plantearlo. De hecho, en una entrevista y convencido que hablaba con el micrófono cerrado, reconoció que, a través de una encuesta, observó que la opción de la monarquía no resultaba favorecida.
La Constitución puede y debe mejorarse en muchos aspectos. El primero es anular la inviolabilidad del jefe del estado. No puede decir que la justicia es igual para todos sino se anula previamente. Igualmente existen artículos que no se cumplen como el 96: Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
Otro que parece no cumplirse o no se le tiene en cuenta es el 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación? ¿Se regula adecuadamente o… se especula en exceso?
Mientras esperamos su mejora, cada día 6 de diciembre celebraremos su aniversario.