Pocas fórmulas más pervertidas que la que da título a este artículo. La libertad educativa de los padres, presentada casi como una potestad omnímoda, sin límites, que emanaría de una suerte de derecho natural y primigenio que nace en la esfera privada, y que es impenetrable por las garras del Estado. Del Papá Estado, por decirlo con la cantinela habitual.
La libertad educativa de los padres entroncaría en última instancia con un supuesto derecho de propiedad al que se invoca constantemente. Los hijos son de los padres, se nos dice. Pues no, perdonen. Ni de los padres ni del Estado, disculpen que no comulgue - nunca mejor dicho - con el maniqueísmo habitual. Los niños tienen derechos, qué gruesa obviedad, y qué triste que haga falta repetirlo a estas alturas. La patria potestad aglutina una serie de deberes especiales de los progenitores, pero no es una facultad absoluta carente del control público... ni mucho menos. Al contrario, en cualquier procedimiento de familia de los que a diario se siguen en nuestros juzgados y tribunales es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal si hay menores. Sirva el anterior como elemental ejemplo. Precisamente porque en la esfera familiar los padres no pueden hacer "de su capa un sayo", como parecen pretender algunos. Llegado el caso, y en supuestos ciertamente excepcionales, pero en modo alguno imposibles, los progenitores pueden verse privados de esa patria potestad. Por el Estado, naturalmente.
Así que nada de derecho de propiedad, ni de los padres ni del Estado. Intervención familiar, obviamente, pero también estatal, indudablemente. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que el Estado tiene mucho que decir en la educación, por cuanto esos niños mañana serán ciudadanos, no usuarios ni habitantes de islas individuales, sin interacción social con los demás. Algunos han llevado demasiado lejos la majadería de Thatcher cuando prescribió la inexistencia de la sociedad, para certificar que solo había individuos. Semejante admonición, falsa por más señas, como hemos visto en el simple ejemplo de una patria potestad sometida a control jurisdiccional - esto es, público, estatal -, ha llevado al desquicie generalizado de muchos. En el uso ideológico habitual de la palabra libertad, demasiados se aferran a querencias distópicas que concilian mal con el principio de realidad. Se educa no para ser buenos hijos, sino para ser ciudadanos de una sociedad política.
Además, es meridianamente falso que los hijos tengan que ser correas de transmisión de las ideas de sus padres. ¿Es que acaso éstas son siempre buenas? ¿No pueden existir prejuicios en esos padres? ¿No hay disparates, pesadillas familiares? ¿Qué clase de infantil hagiografía es ésa, la de sacralizar la esfera privada como si en ella no se cometieran también tropelías? Precisamente la función socializadora de la educación tiene mucho que ver con ofrecer alternativas a los niños, que no tienen por qué reproducir necesariamente los patrones paternos. ¿Acaso la hija del fundamentalista islámico tiene que estar condenada a llevar hiyab, a aceptar la sumisión de la mujer respecto al hombre? No, en modo alguno. En la escuela se debe educar en muchos casos contra los patrones familiares, si estos contravienen el saber científico y la ley civil. Las leyes, en suma. Y da igual si en tu familia no se valora nada leer o escribir, lo mismo que es indiferente que a tu papá le parezcan una tontería las matemáticas: se te enseñará igualmente. El contenido curricular no puede estar determinado por las apetencias de los progenitores, también aparece ahí el Estado. Algunos han llevado demasiado lejos sus ínfulas privatizadoras, la letanía liberal-libertaria que hace tiempo devino caricatura.
O el puro tradicionalismo mal digerido. La libertad educativa de los padres debe llegar hasta la elección entre educación pública y privada, y punto. Ni un paso más allá. Quien quiera educación religiosa, debería pagársela, no esperar la subvención pública. Y menos aún el mantenimiento de conciertos a colegios que se pasan por el forro las leyes del Estado que les subvenciona. Pero no existe libertad educativa que valga para la cristalización del pin parental ubicuo con el que sueñan algunos, la potestad privada para vetar contenidos curriculares si no están a bien con el prejuicio personal. Quien quiera educar a su prole en el creacionismo, debe tener la certeza de que el Estado no va a dar cabida a su particular superstición. Lo mismo quien pretenda que la sharía vehicule la educación de sus hijos, o que la religión esté en el horario lectivo de la escuela pública. Dogmas y supersticiones en el tiempo libre, y con el dinero de cada cual. Y siempre que no se vulneren los derechos de esos menores, porque no todo vale.
Lo que debe enseñarse a los niños son precisamente saberes verificables, científicos, humanísticos, no supercherías del todo a cien. Y rudimentos básicos de la vida en común, en los que se fundamentan esas leyes civiles que tenemos que cumplir. Obviedades que con frecuencia se ignoran: sobre lo que es de todos - el territorio político, por ejemplo - decidimos todos, no una parte de la ciudadanía; y los impuestos sirven para sufragar los servicios sociales, no son un robo. Ahí van dos ejemplos básicos. Ese es, precisamente, el camino para algo que, de verdad, tenga que ver con la libertad. No esa máscara nominal en que se ha convertido la palabra, en boca de algunos: una suerte de salvoconducto para perpetuar injusticias y blindar las más cruentas fatalidades sociales, edulcorándolas como dones divinos o productos legítimos de las muy privadas decisiones de cada uno. La libertad negativa del liberalismo ya no parece limitarse a la ausencia de interferencias; ahora se nos exige un derecho de pernada generalizado para la sanción estatal de su dejación de funciones, del abandono de sus funciones más elementales. El disparate elevado a la enésima potencia.
En eso, por cierto, acierta la ley Celaá: en no transigir, o no transigir del todo, con la matraca de la libertad educativa de los padres. Ley, por lo demás, no ajena a los disparates habituales. Que ahonda gravemente en algunos de ellos. Porque si el Estado debe garantizar contenidos educativos iguales para todos, sin injerencias paternas ni familiares, desde luego debe hacerlo también, y de forma congruente, en cuanto a la escolarización en la lengua común, el español. Y ahí sí, ahí flaquea estrepitosamente la defensa de lo público de nuestra presunta izquierda. ¿Acaso hay algo más público que el territorio político y aquello que lo vertebra, esto es, una lengua que nos permite entendernos a todos, y que debería servir a los trabajadores, a las clases populares, para moverse de un lado para otro sin barreras internas, sin privatizaciones adicionales a los ya de por sí injustos condicionantes de origen, que lastran y desequilibran cualquier anhelo de igualdad? Laica en la cuestión religiosa - de aquella manera, retóricamente, ahí sigue intacto el Concordato - pero confesional en materia de identidades, así luce nuestro progresismo oficial, sólo nominal. La exclusión de la lengua común de la enseñanza es otro disparate reaccionario. Como la libertad educativa de los padres entronizada ahora por la derecha como facultad absoluta y preexistente al Estado. De la lengua común, y de la exigencia académica, hablaremos en próximos artículos.