Contra los piratas fiscales, intervención política

Esta semana se ha cumplido un año del escándalo que reveló una orquestada investigación periodística que se publicó como “Los Papeles de Panamá”. Aniversario aprovechado por la Plataforma por la Justicia Fiscal creada en 2015 para interpelar a los grandes partidos con representación en el Congreso de los Diputados (y concienciar a la ciudadanía) para que tomen medidas contra los paraísos fiscales. Paraísos que son un escándalo por el perjuicio que su existencia y uso indiscriminado por las grandes fortunas, vengan de donde vengan, provocan al conjunto de la población mundial. El común de los mortales asocia de inmediato un paraíso fiscal con la evasión fiscal. O lo que es lo mismo, eludir la responsabilidad social de unos pocos para lucro propio y en perjuicio de una gran mayoría. Pero conviene fijarse en algunos datos que nos pueden hacer entender mejor las dimensiones de este despropósito. Se estima que hay 7,6 billones de dólares a nivel mundial ocultos en paraísos fiscales de fortunas individuales, una suma mayor que el PIB del Reino Unido y Alemania juntos. Esto conlleva una pérdida de ingresos fiscales por parte de los estados de unos 190.000 millones de dólares anuales. 9 de cada 10 de las mayores empresas del mundo utilizan paraísos fiscales. Los países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares al año por el agujero negro que suponen estas guaridas fiscales. Los 20 principales bancos europeos declaran una cuarta parte de sus beneficios en estos lugares con grandes beneficios fiscales, privando a los países de ingresos que podrían financiar derechos fundamentales como la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia. En España, las cifras no son menos sangrantes. En el último año se ha triplicado la inversión en estos territorios que gozan de opacidad, años de crisis, recortes y empobrecimiento generalizado. Ante esto, el Gobierno mantiene sus políticas de austeridad para el conjunto e insiste en el pago de la deuda sin combatir la que sería una fuente fundamental de ingresos: la evasión fiscal. Una sustanciosa recaudación que permitiría invertir en revertir los efectos de la crisis y de sus políticas justificadas en el ajuste. No entraré en el por qué el PP hace oídos sordos en este asunto. Sí diré que la desviación de capital a paraísos fiscales no es sólo una cuestión de privilegio inmoral por parte de quienes son ricos y quieren serlo más, sino que perjudica seriamente a la calidad de vida de la mayoría social y por tanto obstaculiza el poder garantizar una vida digna y suficiente. Si los estados recaudaran vía impuestos todo lo que se desvía a Suiza, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Caimán o Azores, entre otros paraísos fiscales, algunos de estos ni siquiera contemplados en las principales listas de diferentes organismos, la crisis económica se habría revertido hace años. Porque no es verdad que no haya dinero, causa esgrimida para apretarnos el cinturón hasta cortarnos la respiración. Hay dinero y mucho y quien lo tiene aprieta la soga sobre la mayoría de la población por la vía de la evasión de impuestos. Son culpables de nuestras miserias. Culpables de inmoralidad. Pero además, cometen ilegalidades o alegalidades que, a la postre, deberían constituir un delito. Fomentar el conocimiento de esta realidad entre la ciudadanía es fundamental para la toma de conciencia. Es fundamental para identificar las verdaderas causas que hay tras la crisis económica que nos han vendido y sus terribles consecuencias, que son reales. De ahí que la actividad que desarrolla la Plataforma por la Justicia Fiscal sea imprescindible, desde el punto de vista de la intervención política, porque actúa directamente sobre quienes tienen la capacidad y la obligación de cambiar la legislación, y sobre una ciudadanía con derecho a ser informada. Le toca ahora al legislativo ponerse a trabajar y dar respuesta a lo que debe convertirse en razón de Estado. Porque –y me hago aquí eco de un lema utilizado estos días por Attac, sus “paraísos fiscales”, nuestros “infiernos sociales”. Y suscribo algunas de las propuestas que se han lanzado estos días, muchas desde la Plataforma citada: Hay que reforzar el control sobre las grandes fortunas y corporaciones con incrementos de recursos humanos y económicos destinados a la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la Agencia Tributaria. Es necesario impulsar un sistema impositivo justo que permita financiar suficientemente el Estado de Bienestar, haciendo que pague más quién más tiene y favoreciendo a las rentas del trabajo frente a las del capital. Se debe hacer pública la identidad de aquellos que mantienen cuentas en el extranjero con el fin de evadir impuestos y sancionar duramente a las empresas españolas que utilicen o incentiven el uso de los paraísos fiscales. Asimismo, es importante obligar a las multinacionales que operan en España a declarar aquí los beneficios obtenidos y los impuestos pagados. Luchar contra el fraude y la evasión puede ser una realidad y no palabrería. Es sólo cuestión de voluntad política.