La percepción de que la corrupción aumenta es compartida por 6.800 millones de personas, el 85% de la población mundial, según el Índice de Percepción de la Corrupción, presentado el pasado día once por la ONG Transparencia Internacional. Personas que viven en países por debajo de la media de este índice situada en 50 puntos, el máximo son 100, que los convierte en seres vulnerables y sometidos a la marginación. Datos que requieren situar la corrupción en el centro del debate mundial, como propone la directora ejecutiva de la ONG, Maira Martini.
Índice que sitúa a España con 56 puntos, tras caer cuatro respecto a 2023, debido, según el informe, a que no se han producido avances en la lucha contra la corrupción y al desmantelamiento de estructuras de control en algunas comunidades autónomas. Dato que nos alinea con Chipre y República Checa, por debajo de la media europea de 64 puntos que, a duras penas, superan Austria o Francia, 67 puntos, frente a los 75 de Alemania que obtiene su puntuación más baja. Reflejo de la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas, por la percepción de que son utilizadas en provecho de sus gestores, con el consiguiente deterioro del valor social que encarnan y representan: el sistema democrático.
Este es el efecto de usar la corrupción como arma política en el debate público. No se puede negar que la corrupción es un hecho presente a lo largo de la historia en toda esfera de poder donde han existido, existen y existirán los golfos y aprovechados; pero tampoco se puede negar que, por ser una percepción, ésta puede estimularse y magnificarse con el interés espurio de alentar la idea de que todos los políticos son iguales porque la política, per se, es corrupta, de donde se colige que son mejores los regímenes autoritarios donde no hay debate público: unos mandan y otros obedecen como corderos.
Percepción favorecida desde ámbitos no solo políticos, que dan pábulo a mensajes que generan inseguridad y expanden la idea subyacente de que nada funciona y nadie se preocupa de las personas, más que uno mismo, porque todo está corrupto. Es el caso, por ejemplo, de las compañías de seguros y seguridad privada que llevan años lanzando campañas para que suscribamos seguros anti ocupas —todo por la pasta—, que magnifican un problema de inseguridad que solo afectó, en 2022, al 0,06% del total de 26 millones de viviendas, 3% menos que en 2021. Tendencia que continuó en 2023 con menos de 16.000 denuncias presentadas. Impresión de corrupción generalizada fomentada desde la justicia, ante sentencias y comportamientos de jueces que actúan como inquisidores conforme a un interés político degradando, sin pruebas, la imagen de personas e instituciones públicas, o poniendo en duda el sufrimiento de mujeres que denuncian haber sido abusadas o violadas, con interrogatorios inquisitivos que las revictimizan.
De tanto manosear el vocablo se induce a la ciudadanía a pensar que todo comportamiento no ajustado a mis valores es corrupción, entendida como el beneficio económico delictivo por un enriquecimiento punible que alienta el mensaje perverso de que la política está para enriquecerse. Idea que opaca que prevaricar —tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son—, es también corrupción, más dañina incluso que la económica, porque hunde la imagen y trayectoria pública del que se considera enemigo político, con el añadido de subvertir y degradar la función social de la institución concernida.
Sin duda que acabar con la corrupción en una necesidad imperativa que pasa por desarrollar campañas constantes de pedagogía social para desmentir falacias y bulos; y por endurecer las sanciones y los controles de quienes usan los caudales públicos, que siempre deben servir al bien común, en beneficio propio. Y de quienes representan e imparten justicia, para que esta sea equilibrada y justa, y no sometida a un interés político o prejuicio moral.