En su informe anual, publicado el pasado 5 de junio, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) señala que España incumple de manera parcial 13 de sus 19 recomendaciones para combatir la corrupción, mientras que otras 6 no las cumple en absoluto. Han pasado 14 años desde el movimiento 15-M y toda la marea de indignación que recorrió España de norte a sur. Sin embargo, seguimos con los mismos debates mentirosos por parte del PP y el PSOE y con los mismos deberes pendientes. Se debate, efectivamente, pero no se hace nada para proteger a los denunciantes de corrupción, suprimir los aforamientos, profesionalizar el funcionariado y reducir los nombramientos internos en los gobiernos con el fin de que haya un contrapeso administrativo para impedir los diferentes tipos de fraudes y llevar a cabo controles cruzados –establecidos por ley- cuando una licitación compete a varias administraciones. Ahora nos hablarán de forma solemne de compromiso en la lucha contra la corrupción, cuando estamos ante la tradicional tomadura de pelo de los dos grandes partidos. Rajoy aprobó cinco medidas contra la corrupción entre 2013 y 2015 (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; Reforma del Código Penal; Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG); Ley de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos; y Portal de la Transparencia). Transparencia Internacional y el GRECO han señalado que estas disposiciones fueron insuficientes o mal implementadas y que no se abordaron aspectos clave como la regulación de los lobbies o las puertas giratorias.
El propio Sánchez declaraba el pasado 17 de junio que las cuentas del PSOE estaban auditadas por el Tribunal de Cuentas, un organismo que ha sido objeto de polémica durante años porque el 10% de su plantilla está compuesta por familiares de políticos. Se han documentado casos de esposas, hermanos, hijos y hasta cuñados de figuras relevantes del PP y también del PSOE que trabajan en esta institución. Aunque el Tribunal es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas públicas, sus miembros son elegidos por el Congreso y el Senado, lo que ha llevado a que los partidos políticos repartan los puestos entre sí en el tradicional mangoneo PP-PSOE. Esto ha generado dudas sobre su imparcialidad y capacidad para fiscalizar con rigor a quienes los nombran. Repito: fiscalizar a quienes los nombran. Se ha criticado que los salarios en el Tribunal son elevados (unos 3.000 euros netos de media) y que no siempre se publican con claridad los criterios de acceso al organismo o los resultados de sus auditorías. Aunque el Tribunal emite informes sobre la financiación de los partidos y la gestión pública, sus conclusiones no tienen fuerza ejecutiva, puesto que no dispone de la capacidad para imponer sanciones, ordenar la devolución de fondos gestionados de forma indebida o iniciar por sí mismo procedimientos judiciales de carácter penal.
¿Por qué las cuentas de las formaciones políticas se someten al Tribunal de Cuentas y no a la Agencia Tributaria? No lo sabemos, pero un caso que nos proporciona algunas pistas y que aumenta la desconfianza en este modelo fue la absolución de Ana Botella y siete miembros de su equipo por la venta de 5.315 inmuebles protegidos a fondos buitre, que se produjo el 17 de julio de 2019. De esa forma, el Tribunal revocaba su propia sentencia del 28 de diciembre de 2018, que había condenado a la exalcaldesa de Madrid y a los citados colaboradores a devolver en conjunto 22,7 millones por haber realizado la operación saltándose el procedimiento, con "opacidad", "sin concurrencia" de otros interesados y "por debajo del precio de mercado". Entre los inmuebles enajenados había 1.860 viviendas ocupadas por familias en situación precaria. Lo recuerdo una vez más: Sánchez, como antes Rajoy, Zapatero, Aznar o Felipe González nos va a decir con rostro grave que el Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción. ¿Hasta cuándo la tomadura de pelo?