Resuenan en mis oídos, precisamente en estos días de celebración de Semana Santa, aquellas palabras de un político español, proclamando que España había dejado de ser católica.
Algunos medios de comunicación han advertido que a la Princesa Leonor no se le ha visto en ninguna manifestación pública de Semana Santa, lo que sí ha hecho, por el contrario, la reina Sofía, aunque no sea española de origen, sino griega.
También me ha extrañado ver el viernes 28, en Religión Digital, una revista de enfoque progresista, muy unida al papá actual, un artículo titulado “Una monarquía descatolizada”, en la que se recuerda con rotundidad a dos de nuestros Reyes, Felipe II y la Reina Letizia. De esta se reafirma su “condición de atea”, aunque no lo haya dicho en voz alta. Se le atribuyó inmediatamente la educación de sus hijas y su orientación, reflejando los mismos valores de su madre. Dice que lo siente por el Rey Felipe VI. No se anda con demasiadas cortesías el articulista. Será bueno saber qué les parece a sus lectores.
El adjetivo “descatolizado” me lleva a acudir a la Constitución actual para leer una vez más cómo se presenta esta cuestión El artículo 16, 3 dice que: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Y seguidamente añade que el Estado deberá tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y “mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Aquí parece que se ha querido salvaguardar las posiciones que no coinciden. Por una parte, la no confesionalidad y por otra, la religión católica. El resto es un añadido para no quedar en evidencia.
Un amigo, cuando le preguntaban si el Estado es laico contestaba que no. Y ante la extrañeza manifestada aconsejaba para entenderlo leer con detalle el artículo 16,3 completo y contrastarlo también con lo que decía sobre esto el artículo 26 de la Constitución republicana. Eran muy diferentes. En efecto, si leemos el discurso de Azaña ante el Parlamento, aquí sí se rompe definitivamente con los dos modos de entender la cultura y la política nacionales.
Lo que antes se llamaba problema religioso, hoy se ha transformado en un problema político, aclaraba con agudeza el entonces Ministro de la Guerra. La cuestión religiosa pertenece al ámbito de la conciencia personal, donde reflexionamos sobre el misterio de nuestro destino. Por otro lado, el problema político excluye cualquier preocupación más allá de lo terrenal, precisa Azaña.
Aunque haya muchos millones de católicos creyentes (el diario ABC no comprende nada), la Iglesia ha perdido ya su influencia secular, ahora que existe separación entre Iglesia y Estado, es decir, un estado laico y no católico, debe organizarse completamente acorde a la nueva situación y sus consecuencias. La Iglesia ya no cuenta con el apoyo del Estado para cumplir su misión en un reino secular y laico, el de la Iglesia no es un reino de este mundo, es otra cosa.
En este sentido, Azaña tenía toda la razón. Dejar cualquier vestigio anterior es seguir confundiendo los planos. Este planteamiento llevó a los republicanos a vencer en las elecciones municipales de 1931 y proclamar la Segunda República de forma unilateral, sí, pero, dada la situación, ¿qué otra cosa se podía hacer? Finalmente, se convocaron elecciones para Cortes Constituyentes en junio de 1931, triunfando una coalición de republicanos y socialistas que eligió a Alcalá Zamora como Presidente de la República.
La situación se calentó radicalmente: se suprimieron los centros educativos de la Iglesia en favor de una educación laicista, se expulsó a los jesuitas y se sometió todo a la autoridad civil. Los propietarios se opusieron a la distribución de la propiedad, hubo quema de iglesias y conventos. Alfonso XIII se exilió y las derechas, se unieron en torno a la CEDA y nació el fascismo.
Se reformó la educación, especialmente con la implantación del laicismo, que derivaría en el antiguo anticlericalismo, etc. Y así hasta el franquismo, donde la Iglesia recuperó la primacía en la escuela. Después, durante la Transición, se estableció, incluso, la enseñanza concertada.
Lo más curioso del asunto es que cerca de 90 años después, la monarquía, la más perjudicada, vuelva otra vez, ahora por principios intelectuales, a recoger buena parte de lo que se reconstituyó, no mirando las bases republicanas con cierta nostalgia por lo que fue eliminado de raíz por la política, sino porque esto forma parte de todas las instituciones actuales y forma parte de la modernidad.
¿Por qué cargar a una adolescente, la princesa y sucesora, con concepciones culturales viejas y caducas? Ella podrá tener las creencias que quiera, pero no se le deben imponer mediante presión social e institucional. Más adelante, ella tomará sus propias decisiones, pero libremente, sin tener que aceptar los lastres tradicionales que la separación Iglesia y Estado ha permitido liberar ya y con este cambio de rumbo pueden ser para siempre.
En cuanto a su formación militar, es un asunto distinto. La Constitución establece que el rey es el jefe de estado (artículo 56,1) y necesita de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e independencia del país, así como el mantenimiento de la integridad de su territorio y el orden constitucional.
A ver si ahora va a ser la heredera Leonor la que nos ponga al día y quien nos actualice y energice a todos. Ante la situación actual desnortada del país, podría ser necesaria una orientación firme, siempre desde la perspectiva de la democracia constitucional.