No reconocer la diversidad política y cultural de España parece que se extiende más allá de la ultraderecha y la derecha extrema —que no la han reconocido ni reconocen ni reconocerán nunca mientras sigan anclados en el franquismo y el españolismo exaltado y radical—, a juzgar por ese mantra de que tenemos un Ejecutivo débil, sujeto a las exigencias permanentes de sus socios de gobierno y de legislatura. Mantra repetido hasta la saciedad por políticos y todólogos de vuelo corto que olvidan, siempre, que la política es el arte de negociar con la realidad en beneficio de la ciudadanía, y más en un país como el nuestro conformado desde hace siglos por pueblos, por sociedades, con una idiosincrasia y cultura propia que reclaman su espacio en el juego político, reconocido por la Constitución.
Realidad que hay que conjugar con serenidad y templanza, pues no es sencillo ni fácil armonizar los diferentes intereses que requieren diálogo y negociación constante. A eso se le llama hacer política. De ahí que afirmar que el Gobierno es débil porque negocia sea un oxímoron perverso que lanza a la ciudadanía el mensaje interesado de que no sirve para solventar sus problemas. El objetivo, derribarlo ocultando la labor de consolidación del estado del bienestar y derechos sociales realizada en estos años que está en la mente de todos, como seña de identidad política.
Datos objetivos que se olvidan cuando se habla de Gobierno sometido al chantaje de los independentistas o cuando deliberadamente se ignora, por ejemplo, que en la última votación de ocho decretos del Ejecutivo se aprobaron siete; pero los medios fijan el foco en el que no se aprobó—el del apagón— para hablar de derrota del Gobierno. Sin embargo, no cuentan el efecto social positivo de lo aprobado y la subida en la factura de la luz que supone el no a ese decreto. A mitad de Legislatura el Gobierno ha sacado adelante 42 leyes y decretos ley: el 45% del programa electoral.
Tal parece que negociar con la realidad diversa, que el voto popular certificó en las dos últimas elecciones, sea un delito o someterse a un chantaje permanente. En todos los Gobiernos de coalición del mundo o con apoyo parlamentario de formaciones políticas dispares —hecho que ocultan los pontificadores—, se producen desequilibrios y disputas que obligan a una negociación permanente para sacar ley a ley o decreto a decreto ley; lo cual no significa que sean inestables o fracasados. Incluso los ejecutivos de un solo partido tienen problemas y conflictos entre sus miembros; baste recordar el vuelo los cuchillos entre los dos bandos de ministros en el último Gobierno de mayoría de M. Rajoy.
Negociar no es malo como implícitamente dan entender quienes hablan de un Ejecutivo inerme ante las exigencias de sus socios de coalición o legislatura, reflejo del desconocimiento notable de la estrategia que se da en toda negociación que siempre arranca desde posiciones de máximos que se atemperan negociando hasta llegar a un acuerdo. O que en el ambiente preelectoral en el que algunos sitúan el momento presente, es lógico que partidos que pierden fuelle día a día necesiten hacerse notar de manera estentórea, con noes incomprensibles para marcar perfil propio.
Desconocimiento interesado e infantil que no quiere ver, corroborado en los dos últimos comicios, que los gobiernos de mayorías absolutas en España son ya cosa del pasado, ante la realidad diversa de la sociedad española expresada en la pluralidad de partidos con representación parlamentaria, que exige mentalidad abierta para conciliar sus distintas visiones sobre la manera de solventar los problemas de la ciudadanía.
Negarse a ver esta realidad es auto engañarse en la creencia de que solo los gobiernos de mayoría absoluta garantizan la estabilidad y el buen gobierno, cuando la experiencia demuestra que derivan en rodillos autoritarios y generan una red clientelar corrupta. Ahí está el candente caso de presunta corrupción de Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda que aprovechó para crear una red de mordidas y coimas. Los Gobiernos de coalición han llegado para quedarse y son buenos, porque obligan a negociar entre diferentes y favorecen la construcción de una sociedad en la que todos se pueden sentir reconocidos, sin imposiciones ni exclusiones.