Si a las puertas de la muerte a algún francés no se le había pasado por la cabeza inscribirse voluntariamente en el Registro Nacional de Oposición a la donación de órganos, automáticamente el hospital está en su derecho de extirparle cuantos riñones o pulmones necesite. Desde el 1 de enero de este año, todos los franceses son donantes de órganos por defecto, sin necesidad de haber dado ningún consentimiento previo.
Hasta la fecha, la donación se tenía en cuenta sólo si la persona había manifestado su consentimiento. Y en caso de duda, siempre se preguntaba a los familiares. A partir de ahora, la familia ya no tendrá que pasar el mal trago de decidir rápidamente qué se hace con los pulmones del fallecido porque una ley ha decidido por todos ellos que « en nombre de la solidaridad nacional, prima el principio de presunción de consentimiento», a menos que hayas realizado todos los trámites para mostrar tu desacuerdo.
En Francia el número de donantes aumenta cada año, pero aún así, es imposible colmar toda la demanda, que es mucha. Así, con vistas a satisfacer a los demandantes de órganos, el gobierno de Hollande se ha sacado esta nueva ley de la manga. El fondo de esta decisión es, sin duda, positivo: salvar vidas. Sin embargo, es en la forma donde, de nuevo, surgen los problemas. Son respetables tanto los donantes de órganos como los que no deseen hacerlo ya sea por cuestiones religiosas, creencias personales o miedo a que te descuarticen después de muerto, pero lo irrespetuoso del asunto es que automáticamente todos seamos donantes porque una ley de un gobierno al que quizás ni hayas votado, lo decida. Es ahí donde, otra vez, el ciudadano pierde sus libertades individuales. En primer lugar, el procedimiento para inscribirse en la lista del “no” que, a simple vista parece fácil, puede resultar complejo y de difícil acceso para ciertos sectores de la población. La información ha saltado y sobresaltado ahora, pero ¿cómo nos aseguramos de que a todo el mundo, que ya es donante, le ha llegado? En unas semanas todos nos habremos olvidado y después de muertos no hay memoria que valga. A ciertas edades, ni la muerte, ni lo que ocurra después de ella, es una prioridad como para empezar a tomar decisiones de este nivel. Tampoco se respeta la libertad individual en el caso de que uno quiera ser donante pero solo para miembros de su familia o allegados; o la libertad del que quiera ser donante universal, pero con algunas excepciones, porque no todo el mundo desea que su corazón vaya a parar al cuerpo de cualquiera.
El hecho de que en medio de un país de libertades se imponga esta obligatoriedad, le otorga a esta atrevida decisión estatal cierto aspecto totalitario en el que cualquier atisbo de generosidad desaparece. Porque el altruismo, el acto de generosidad, reside en el hecho de ir y firmar voluntariamente tu acta de donante, mientras que ahora se ha convertido en una imposición.
Hemos llegado al punto en que el Estado se apropia hasta de nuestros corazones. No somos dueños ni de nuestro propio cuerpo. Del mismo modo que cada vez que rellenamos un banal cuestionario debemos leer la letra pequeña y tachar la casilla del “no quiero que me avasallen con publicidad”, ahora debemos aventurarnos a hacer frente a una serie de trámites burocráticos para inscribir tu última voluntad en la lista del “no quiero que me robes el pulmón”.
No obstante, no deja de ser paradójico que no nos dejen elegir cuándo y cómo morir, como es el caso de la eutanasia, pero que una vez muertos dispongan de nosotros porque sí.