Sin una buena economía no puede mantenerse la casa, y mucho menos el país. En España nunca ha sido buena y ahora, incluso, está mucho peor, aunque no hayamos alcanzado todavía el techo.
La pandemia ha terminado por destrozarla, sacando a flote nuestros peores defectos, que son estructurales, por lo que es necesario emprender reformas muy profundas. ¿Podremos resistir o nos enterrará el intento? Está por ver cuándo empezamos y cuáles serán los efectos próximos.
De momento, los ingresos y los gastos se encuentran por debajo de los de la Unión Europea. Así que solo nos queda una alternativa posible: recaudar más o reducir el gasto. La reducción del gasto y sus consecuencias ya las conocemos desde la crisis anterior. Se redujeron drásticamente los gastos, lo que ha hecho que la grieta se haya agrandado y en estos momentos sea todavía más difícil de cerrar y curar. Afortunadamente, ahora Europa apunta en otra dirección en vista del fracaso anterior. Y nosotros la seguimos a rastras para ver dónde nos conduce.
Un grave problema que padecemos es que nuestra deuda supera el 100% del PIB. Esto aumenta el déficit, que estaba en el 5% y ahora puede llegar a más del 12%. Si gastamos más, no podremos reducirlo, especialmente si ya lo teníamos desequilibrado, dado que ingresábamos un 39% del PIB y gastábamos un 40%, aproximadamente. Lo razonable sería aplicar una presión fiscal mayor. En esto tenemos margen, ya que estamos en seis puntos por debajo de la Euro zona, pero ¿quién se atreve a aumentarla? También hay margen para aumentar el IVA y subir los impuestos verdes.
Otro problema es el de la recaudación. Recaudamos menos que en Europa. ¿A qué se debe esto? Parece que nuestro sistema económico tiene una serie de agujeros por donde se va colando lo ingresado, como el agua por una cesta de mimbres. Habría que ir tapándolos progresivamente. Exenciones de impuestos y tipos reducidos son dos grandes huecos, que suelen agrandar cada vez más las Comunidades Autónomas, especialmente las de corte neoliberal. En realidad es una trampa considerable, porque, en el caso de conseguir que entre más inversiones, siempre será a costa de las demás, que son menos ricas. Por tanto, están cometiendo una gran injusticia, que procuran ocultar para que no se perciba demasiado.
Un gasto digno de consideración es el precio público de las Universidades. El ministro actual considera que las empresas se implican poco en las universidades, mientras que luego exigen que preparen a los estudiantes universitarios para poder actuar en las industrias. Es demasiado cómodo y bastante cínico exigir que formen las Universidades a los futuros técnicos para que luego las empresas los reciban en bandeja, pagándolos, más bien, poco encima. Las Universidades tienen, también, que buscar subvenciones de los empresarios para suavizar la carga al Estado. Subir el precio de las matrículas no resulta popular, pero, a cambio, podrían aumentar las becas o introducir la cultura del préstamo a pagar cuando los candidatos se hayan titulado y empiecen a trabajar. También podrían promocionarse competiciones deportivas, en las que las empresas promocionales pagaran los estudios a los seleccionados.
Se está aumentando el gasto público, que tendría que ser eficiente, lo que no percibe la ciudadanía. No se ve lo que nos beneficia lo pagado a la Hacienda pública. Parece que todo lo acapara la corrupción cada vez más ingente. Se ofrecen subvenciones públicas, mucho más ahora, pero no se recoge luego ningún beneficio. Cuando hay que salvar a bancos, se inyectan cantidades generosas, que después no se recuperan, aunque sí se proclame profusamente que la operación no costará un euro a los ciudadanos. Especialmente, ante una fusión de entidades bancarias, tendría que exigirse la respectiva conciencia fiscal, al igual que en una situación de fraude o de economía sumergida.
Es muy popular hablar de impuestos a los ricos. Se comprende: que pague más el que gana más. Para ello hay que gravar la riqueza. Pero ya tenemos impuestos que hacen este trabajo en el caso de las sucesiones, donaciones y patrimonio. Esto puede ser menos aparatoso, pero es más efectivo, aunque de nuevo choquemos con la dirección neoliberal, que no tiene temor a sacar partido de ello a favor de sus propios intereses.
Incrementar la presión fiscal a las clases medias podría hacerse en caso necesario, pero elevándola, paralelamente, al capital y a sus ganancias. Sólo así podría aceptarse, aunque habría que hacerlo con mucha discreción para que no trasladarán sus riquezas a otros lugares, como sucede con las empresas tecnológicas, que pagan los impuestos en países con menos impuestos, tipo Holanda, Irlanda, etc. No puede llegarse a un acuerdo acerca de esto sin contar con el gigante de Estados Unidos, quien las acapara y ataca siempre que se quiere establecer un canon. Los impuestos verdes también tienen que comprometerse en el juego colectivo.
La situación económica no se cerrará tan pronto como se piensa, aunque se intervenga en ella con decisión y con todos los apoyos posibles. A la vista está.